Castejón devuelve el borrador de las Normas Transitorias urbanísticas a la Comunidad

Un albañil coloca ladrillos en la fachada de un edificio de viviendas en el centro de Cartagena. / antonio gil / agm
Un albañil coloca ladrillos en la fachada de un edificio de viviendas en el centro de Cartagena. / antonio gil / agm

El Ayuntamiento alega que las competencias de la evaluación ambiental corresponden a la sección de Urbanismo de la Consejería de Fomento

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Nuevo capítulo en el culebrón de retrasos y divisiones entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, a propósito del fiasco de las Normas Transitorias, la regulación ideada por ambas administraciones para suplir durante dos años las carencias del planeamiento urbanístico. El equipo de gobierno municipal, del PSOE, ha devuelto al Ejecutivo regional, del PP, la propuesta de normativa que este último le remitió para sustituir el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1987 por unas directrices temporales, en los suelos urbanos consolidados.

Tan solo seis días después de haber recibido un escrito del director general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández, el Ayuntamiento respondió el pasado jueves con un oficio de la coordinadora de Desarrollo Sostenible, Ángeles López. Esta alto cargo del equipo de gobierno de Ana Belén Castejón, quien es alcaldesa y concejal de Urbanismo, advierte a la Consejería de Fomento de que «el Ayuntamiento ni es órgano sustantivo ni es órgano ambiental». Es decir, que no es ni la instancia que activa la tramitación de las Normas ni el que debe realizar la evaluación ambiental simplificada de las mismas.

El conflicto parte de que el Ejecutivo regional, ante las discrepancias surgidas entre los abogados de la Consejería de Fomento, de la Consejería de Medio Ambiente y de la Comunidad, solicitó un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Este órgano consultivo rebajó el alcance de la normativa y recordó la necesidad de someterla a un informe de impacto ambiental. Este último corresponde al Ayuntamiento de Cartagena, por tener el municipio más de 50.000 habitantes, y a la Comunidad, según el Consistorio. El criterio municipal es que el órgano sustantivo es el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido por Fernando López Miras, pues es la instancia «que adopta el acuerdo de suspensión de vigencia del planeamiento urbanístico» del 87 y que indica la normativa que ha de aplicarse de manera provisional.

El Gobierno local acusa al regional de «desconocer» el Plan de 1987 y de plantear un texto poco operativo

El Ayuntamiento añade que el órgano ambiental es la Consejería que dirige Patricio Valverde, porque es el promotor de las Normas y porque estas no son un instrumento de planeamiento a efectos urbanísticos o ambientales. De serlo, sí que correspondería el trámite a las autoridades locales, añade el Ayuntamiento en su contestación.

Consulta al Consejo Jurídico

De esta forma, las Normas vuelven a quedar en un limbo. La Comunidad, que corrigió el borrador tras las advertencias del Consejo Jurídico y que calculaba que la institución municipal podría hacer la tramitación ambiental en cuatro meses, tiene de nuevo la pelota en su tejado. Y el Ayuntamiento se centra en la elaboración del nuevo Plan General, que espera tener como máximo en cuatro años, tras un triple varapalo: la anulación judicial de la revisión del Plan en 2012, la sentencia contraria a la revisión exprés de 2016 y el frenazo de las Normas.

«La Comunidad no solo desconoce el contenido y la aplicación del plan de 1987, sino que además tampoco conoce en profundidad el documento de Normas Transitorias que ha enviado al Ayuntamiento. En la forma en que han quedado, totalmente reducidas y sesgadas, sería más operativo tramitar modificaciones puntuales de Plan, en las que, afortunadamente, la competencia recae en el Ayuntamiento», argumentan en el Ejecutivo local.

Afirma que de los trece proyectos residenciales e industriales solo queda uno y de escasa entidad

En la Concejalía de Urbanismo añaden que, a su juicio, «la Comunidad manifiesta un total y profundo desconocimiento del planeamiento vigente de Cartagena», pues «no es cierto que en el Plan General de 1987 la obligación de dotar las edificaciones de plazas de aparcamientos sea difusa». «La obligación que se contempla en la Norma 3.2.3.10 es clara: una plaza de aparcamiento por vivienda y por cada 100 metros cuadrados de local comercial. No sabemos de dónde han sacado que en algunos casos se han podido solicitar más plazas de aparcamiento. Ello es rotundamente falso», señalaron.

Asimismo, en Urbanismo indicaron que es precisamente en la propuesta de Normas Transitorias remitida por la Comunidad donde «se contempla una fórmula que puede requerir más de una plaza de aparcamiento por vivienda». En cuanto a la posibilidad de construir más viviendas -Fomento calcula que se facilita la edificación de unas 3.000 en todo el municipio-, el Ayuntamiento asegura que el borrador de las Normas «no excluye los áticos de la superficie edificable, lo que hace es recoger una propuesta municipal de permitir los áticos con carácter generalizado, pero sin que ello suponga un aumento de la edificabilidad».

Escombreras se queda fuera

En todo caso, en Urbanismo hicieron hincapié en que «lo más importante es que el documento que envío la Comunidad no satisface en modo alguno las expectativas creadas, porque suprime la mayor parte de las actuaciones previstas y elimina el Valle de Escombreras, principal polo industrial de la Región».

«En las normas consensuadas en su día con la Comunidad, se planteaban trece actuaciones, permiso para varios proyectos en Escombreras y la delimitación de los núcleos rurales de la zona oeste», lamentaron en Urbanismo. Y concluyeron: «El documento que nos envían solo salva una de las trece actuaciones, que además es de muy poca envergadura, concretamente la relativa a una parcela situada en la Avenida Ronda de La Unión, donde permite hacer dos plantas más».

El Gobierno regional afirma, sin embargo, que las Normas son clave para «favorecer decididamente la revitalización de Cartagena y el impulso de la economía urbana, a través de distintas modificaciones.