Castejón augura un año sin crecimiento urbano y responsabiliza a la Comunidad

El Valle de Escombreras, en una imagen reciente. / antonio gil / agm
El Valle de Escombreras, en una imagen reciente. / antonio gil / agm

Los límites que fija el Consejo Jurídico coartan el progreso industrial de Escombreras y algunos desarrollos residenciales, según el Ayuntamiento

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLES

El dictamen del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Región de Murcia, que insta a hacer una evaluación ambiental de las normas transitorias y aconseja desechar aspectos esenciales de su contenido, cayó ayer como una bomba en el Ayuntamiento. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, indicó, a través de un portavoz, que el desarrollo urbano del municipio se estancará durante un año, plazo estimado para completar el trámite ambiental y aprobar el nuevo texto. No solo eso; las restricciones del CJC limitarán la implantación de nuevos proyectos industriales en Escombreras y el avance de proyectos residenciales como el edificio de once plantas previsto en el patio del Colegio Adoratrices. Castejón responsabilizó de todo ello al Gobierno regional. «Ya advertí de que esto podría pasar», aseguró la primera edil. Ella y su equipo se sienten «engañados» por ese motivo.

La Comunidad Autónoma solicitó el informe del organismo autónomo como una garantía de legalidad del texto redactado por los técnicos municipales, el año pasado, y revisado por los de la Administración regional, en los últimos nueve meses. Quería aclarar si las dudas planteadas por varios supervisores de la Administración Regional hacían necesario adoptar nuevas cautelas para evitar recursos judiciales, como el que llevó al Tribunal Supremo a dejar al municipio sin el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2012 tras ocho años de redacción y tramitación.

La comisión formada por técnicos municipales y de la Comunidad será convocada, a petición de esta última, para analizar las consecuencias del dictamen del Consejo. La Administración regional cree necesario retomar los trabajos en el punto que aconseja el CJC y para ello «el Ayuntamiento, autor del documento inicial, tiene que proporcionar los datos necesarios, para que la Comunidad tramite uno nuevo», explicó la consejera de Transparencia y Portavoz, Noelia Arroyo.

«Nosotros tampoco vamos a arrojar la toalla, pero advertimos de las limitaciones que el Consejo Jurídico Consultivo insta a aplicar a las normas y que, de hecho, entierran las normas transitorias, tal y como fueron concebidas», añadió.

El análisis municipal no puede ser más pesimista y se basa en el contenido de las páginas 23 y 24 del dictamen. En ellas se advierte de que «no se puede planificar nuevos desarrollo urbanos que impliquen transformación de suelo urbanizable o no urbanizable», lo cual para los técnicos municipales hace casi imposible autorizar la implantación de nuevas empresas sin arriesgar sin bordear peligrosamente la norma.

«No se pueden introducir cambios en sistemas generales y estructurales», establece también el CJC, lo cual para el Ayuntamiento deja sin sustento legar el proyecto de la UCAM de implantar un complejo deportivo junto al su campus de Los Dolores. «No se pueden realizar cambios de zonificación», añade el dictamen jurídico, lo cual para Urbanismo deja desamparada la construcción de un edificio residencial de once plantas en un solar que formaba parte del patio del colegio Adoratrices, porque supone cambiar la distribución de la edificabilidad de una parcela.

Las normas transitorias fueron concebidas como un instrumento excepcional y de carácter temporal para evitar que el desarrollo urbano quede a meced de la aplicación del Plan General de 1987, mientras se redacta uno nuevo

Sin embargo, este último retraso llevó al Ayuntamiento, ayer, a apostar por «acelerar la elaboración del avance del nuevo Plan General, cuya redacción empezará en enero, para tener antes de las elecciones de mayo un documento orientativo aprobado». La aprobación definitiva del planeamiento podría tardar entre dos años, si se opta por aprovechar partes esenciales del plan de 2012, y ocho, si hay que empezar de cero.

«Exijo ayuda a Croem»

Tras responsabilizar al Gobierno regional de lo sucedido, Ana Belén Castejón se volvió hacia los empresarios. «Quiero ver qué dicen. Desde aquí le pido, le exijo, le solicito al presidente de Croem que me diga cómo abordamos este frente empresarial, ante el documento más importante para el desarrollo del municipio. Estoy seguro de que José María Albarracín acudirá en mi auxilio», apuntó.

El representante de la patronal regional, Croem, en Cartagena es Pedro Pablo Hernández, como presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comarca (COEC), A su juicio, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento deben trabajar unidos, en lugar de hacerse reproches. Abogó porque «no se desperdicie el trabajo realizado» y haya un acuerdo para reactivar las normas transitorias, «en paralelo» a la redacción del Plan General. «Es arriesgado valorar qué perdidas supone lo sucedido para la economía local, pero la verdad es que esta incertidumbre ha disuadido ya a quienes pueden tomar las decisiones de traer a Cartagena inversiones importantes», dijo.

«No hemos perdido el Arru; trabajamos para lograr ayudas»

El Ayuntamiento considera que sus opciones de acceder a las ayudas a la regeneración urbana presentadas por el consejero de Fomento, Patricio Valverde, el pasado 18 de septiembre a los municipios de la Región de Murcia siguen intactas. «No hemos perdido fondos, no se puede perder aquello que no tenía fecha de caducidad. ¿Dónde está escrita esa fecha? ¿Cuándo se ha notificado? En aquella reunión no porque allí estaba nuestra coordinadora de Desarrollo Sostenible. Hay que ser más serio. El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para incluir varios barrios dentro del plan de Áreas de Rehabilitación y Restauración Urbana (Arru)», dijo ayer la alcaldesa, Ana Belén Castejón. La Comunidad informó anteayer de que el plazo acabó el 31 de octubre sin que Cartagena presentara propuestas.