El cartagenero Calandre Ibáñez, último represaliado reconocido del franquismo

Cincuenta y siete años después de su muerte, el doctor Luis Calandre ha sido reconocido como represaliado por la dictadura, pero aún nadie ha borrado los consejos de guerra que cercenaron la carrera científica y pública de uno de los más prestigiosos cardiólogos españoles en los años treinta.

«No hay tiempo que perder», repite su nieta, Cristina Calandre, con sus esperanzas puestas en la reforma de la ley de memoria histórica prometida por el Gobierno y que se plantea declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias.

Cristina tiene 65 años y durante los últimos doce ha invertido tiempo y recursos en rescatar del olvido la figura de su abuelo. Hace pocas semanas recibió de manos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la declaración de reparación y reconocimiento personal como víctima del régimen franquista, pero no está satisfecha.

Su objetivo es que se anulen los dos consejos de guerra a los que fue sometido su abuelo por permanecer fiel a la legalidad republicana y dirigir durante la guerra el Hospital de Carabineros, levantado en pabellones de la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Cristina comenzó a investigar en su biografía tras la muerte de sus padres, al encontrar en la casa familiar varias cajas con los archivos del abuelo.

En ellas se guardaban documentos de identidad, títulos, cartas y «fichas electrocardiográficas» de muchos de los más notables políticos e intelectuales de la II República.

Luis Calandre, nacido en Cartagena en 1890 en el seno de una familia liberal, había logrado importar en 1917 uno de los primeros electrocardiógrafos de cuerda; consiguió que un submarino alemán lo trajera hasta Barcelona en plena primera guerra mundial.

Discípulo de Santiago Ramón y Cajal, estudió Medicina en Madrid y se especializó en el campo de la histología, becado en Berlín por la Junta de Ampliación de Estudios (JAE).

A su regreso fue nombrado director del Laboratorio de Anatomía Microscópica de la Residencia de Estudiantes, fue cofundador de la revista «Archivos de cardiología y hematología» y asumió diversos cargos en instituciones médicas y organismos oficiales, involucrándose aún más en la vida pública con el inicio de la II República.

La Guerra Civil marcó definitivamente su carrera, por el «delito» de haber dirigido desde 1937, como médico civil, el Hospital de Carabineros y haberse mantenido fiel públicamente a la República.

Pasó por prisión, pero un primer consejo de guerra en marzo de 1940 lo absolvió; no obstante, el Colegio de Médicos lo inhabilitó para ejercer la profesión en Madrid y su provincia cinco años y en 1942 fue sometido a otro consejo de guerra por un delito de «auxilio a la rebelión».

Fue condenado a doce años y un día, pena que se conmutó a seis años y un día en libertad condicional, y a partir de ese momento se dedicó en exclusiva a su consulta privada.

A la espera de la reforma integral de la ley de la memoria histórica prometida por el Ejecutivo, Cristina Calandre denuncia el incumplimiento de la actual norma y pone como ejemplo la pervivencia en varias ciudades de calles dedicadas al conde de Vallellano, aunque Córdoba ha aprobado retirar su nombre de una de sus avenidas.

El conde de Vallellano, presidente de la Cruz Roja en la zona franquista durante la guerra y ministro de Obras Públicas durante la dictadura, subraya Calandre, fue partícipe en la delación de su abuelo, que en 1933 había sido nombrado vicepresidente del Comité Central de la Cruz Roja.

Calandre, que intentó sin éxito anular la condena a su abuelo en el Tribunal Supremo, espera que, junto a la reparación moral, haya una reparación jurídica, aunque no las tiene todas consigo.

«Todo viene de muy lejos, muy torcido», señala mientras se lamenta del tiempo perdido y la falta de memoria en las nuevas generaciones.