Caras nuevas en San Miguel

Tres semanas y media después de las elecciones municipales y cuatro días después del acuerdo de gobierno entre PSOE, PP y Ciudadanos para gobernar juntos el Ayuntamiento de Cartagena en los próximos cuatro años, el edificio administrativo de San Miguel vivió ayer un desembarco del nuevo Ejecutivo.

Los concejales de área y delegados, algunos de los cuales ya realizaban tareas de gobierno y de oposición en la anterior legislatura, dedicaron parte de la jornada del jueves a visitar las dependencias y saludar de forma personal a los empleados municipales que, a partir de ahora, colaborarán con ellos en la gestión de los asuntos que les atañen.

La vicealcaldesa y responsable del área de Bienestar Social, Noelia Arroyo, del PP; el segundo teniente de alcalde y responsable de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, Manuel Padín, de Ciudadanos; y el concejal de área de Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Festejos, el socialista Juan Pedro Torralba, recorrieron distintas dependencias del edificio municipal. Les acompañaron otros ediles, como Esperanza Nieto, jefa de área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior; y María Amoraga, delegada de Patrimonio y Contratación.

La imagen se repitió en otras dependencias municipales, después de que el miércoles por la tarde tuvo lugar la constitución de la Junta de Gobierno, que incluyó la dación de cuenta del decreto de asignación de funciones a cada uno de los quince concejales del gobierno tricolor.

La nueva Junta de Gobierno quedó formada bajo la presidencia de la alcaldesa, Ana Belén Castejón. El órgano colegiado en el que se tomarán las principales decisiones del ejecutivo municipal, al que la Ley de Grandes Ciudades le otorga competencias que le evitan someter determinados asuntos al Pleno, está conformado por cuatro concejales del PSOE, cuatro delPP y uno de Ciudadanos. Son los responsables de las nueve áreas de Gobierno. Habrá sesiones ordinarias cada quince días.

Castejón dio cuenta del decreto que habilita a todos los concejales de la corporación para celebrar bodas civiles, excepto a los dos de Vox, Gonzalo Abad y Pilar García. Estos expresaron su deseo de no oficiarlas.