El camping Villas Caravaning se expone al cierre tras perder su licencia por fallos de seguridad

El origen de la mayoría de las irregularidades del camping más importante de todo el Mar Menor está en esa división entre residentes y propietarios. Estas van desde la ausencia de planes de seguridad y autoprotección adecuados hasta la falta de documentación sobre el funcionamiento y el control de los servicios y las instalaciones del complejo.

«Ya hemos tenido conocimiento de la resolución. Sabemos que los defectos que refleja son reales. Y estamos dispuestos a subsanarlos. Por eso, presentaremos un recurso de reposición, al que nos da derecho la legislación, con el único objetivo de tener más tiempo para presentar todos los informes que se nos solicitan», explicó Ángel David Martínez, representante de la mercantil Caravanings Costa Cálida SL.

Esta empresa gestiona el establecimiento desde su apertura en 1985. En su momento, obtuvo una autorización basada en una memoria ambiental, un plan de autoprotección y una enumeración de instalaciones que «no describen la realidad actual», según la resolución firmada por la directora general de Urbanismo, Ángeles López Cánovas. Según fuentes vecinales, en 2020 hubo un cambio en la propiedad, con la entrada de la empresa Capfun, que también gestiona un recinto similar en El Escorial. Ángel David Martínez presentó entonces un proyecto para legalizar la licencia de actividad.

El pasado 3 de octubre hubo un incendio originado por un fallo de alimentación eléctrica en una de las fincas del sector oriental, donde se concentran las viviendas en propiedad. Nada más llegar, los bomberos del Ayuntamiento detectaron que las bocas de suministro de agua no funcionaban correctamente. Eso les obligó a emplear la de una piscina, además de salir y entrar en varias ocasiones del complejo con sus camiones para recargar en lugares cercanos.

Por suerte, el viento que inicialmente amenazaba con extender las llamas amainó y todo quedó en un susto con daños materiales. No hubo heridos.

El concejal de Emergencias, Juan Pedro Torralba, trasladó los resultados de la inspección de los bomberos a Urbanismo, que ya tenía datos sobre un cúmulo de irregularidades que iban más allá de los problemas de seguridad y que ha reflejado en su resolución. En ella se da a la empresa hasta finales de mayo para recurrir y detener la suspensión de la actividad y el cierre.

«Nos habría gustado que aparte de dirigirse a la empresa, Urbanismo nos informara también a los propietarios», comentó su máximo representante, Juan García. «Después del incendio se nos dijo que los bomberos preparaban un informe demoledor del que no sabemos nada. Tampoco sabemos si admiten nuestra petición de impedir el funcionamiento de una piscina y de un parque acuático construidos recientemente, con una especie de toboganes que la empresa gestora reserva solo para sus inquilinos», añadió. «Pedimos que no se llegue a la suspensión de la actividad. Nosotros también podemos participar en la legalización de la situación», según García.