Menos camiones y más aves en El Gorguel

Un camión vierte basura en el vertedero municipal de Mina Regente, en el paraje de El Gorguel, a finales de agosto. / pablo sánchez / agm
Un camión vierte basura en el vertedero municipal de Mina Regente, en el paraje de El Gorguel, a finales de agosto. / pablo sánchez / agm

La Comunidad advierte de que no autorizará otro vaso si Lhicarsa no compensa antes el daño ambiental por la invasión de 4,5 hectáreas. La ampliación del vertedero municipal, al que le quedan 5 años, sigue bloqueada por la ocupación ilegal de una zona protegida

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

«Estamos ya trabajando de lleno en soluciones, porque sabemos que los vertederos tienen fecha de caducidad y no debemos dormirnos en los laureles». En respuesta a una moción presentada al Pleno por el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, el concejal de Servicios Públicos, el socialista Juan Pedro Torralba, recurrió en agosto a la metáfora del sueño para asegurar que no está precisamente sesteando con la gestión de los residuos sólidos urbanos. Ésta afronta su enésima crisis, por la amenaza de que el vaso de vertido se colmate antes de disponer de uno nuevo.

El Ayuntamiento de Cartagena dispone apenas de cuatro o cinco años para evitar esa situación límite, y ése es justo el tiempo que la empresa que controla el servicio, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), calcula que pueden tardar los trámites administrativos y las obras para tener una zona de almacenamiento que dure otros siete años.

El contrato es gestionado a través de Lhicarsa, empresa mixta en la que participa el Consistorio. Y aunque la Comunidad Autónoma ha requerido varias veces documentación a esta compañía, para poder analizar su solicitud de ocupación de nuevos terrenos, FCC y el Ayuntamiento mantienen discrepancias sobre el proyecto en lo económico y en lo ambiental. La consecuencia es que el plan previsto para alargar la vida útil del basurero de Mina Regente, en la zona de El Gorguel, lleva estancado más de dos años y medio.

En el Gobierno regional, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente explicó ayer a 'La Verdad' que Lhicarsa presentó «la documentación completa para el inicio de los trámites» de ampliación el 23 de febrero de 2016, y que en abril de ese año la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) presentó una denuncia sobre la posible ocupación ilegal de terrenos protegidos por parte de Lhicarsa con anterioridad.

Los técnicos de la administración regional constataron la invasión, desde 2001 a 2015, de 4,5 hectáreas de suelos catalogados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Sierra de la Fausilla y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Fue consecuencia de las obras de construcción de vertederos, «operaciones de vertido de rechazos» y movimientos de tierras para edificar nuevas instalaciones e instalar equipos en la planta de separación de residuos.

La insistencia de Anse, el aumento de los controles impulsado por la exdirectora de Calidad y Evaluación Ambiental, Encarna Molina, y la presión política de Podemos y Ciudadanos han mantenido viva la exigencia autonómica de que Lhicarsa compense el daño ambiental.

Posible sanción de la UE

El director de la organización ecologista, Pedro García, reclamó ya en febrero de 2017 que la Comunidad urgiera a Lhicarsa a «la aplicación de medidas compensatorias, como adquirir terrenos fuera del vertedero y limítrofes con la ZEPA y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) daños, que constituyen zonas de campeo de especies de aves rapaces». Un año y siete meses después, la Consejería confirma que Lhicarsa no solo no ha solucionado ese problema -que según los naturalistas puede costarle además a España una sanción de la Unión Europea-, sino que su incumplimiento de la normativa ambiental ha frenado en seco el proyecto del nuevo recinto.

Dentro del trámite de evaluación ambiental, la Comunidad «ha recabado ya todos los informes de las diferentes administraciones públicas, con excepción de uno relevante: el de la Red Natura 2000», explicaron en Medio Ambiente. Y añadieron que «después de varios contactos y reuniones con Lhicarsa y con representantes del Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería está a la espera de que la empresa envíe una propuesta de reparación y compensación» de la zona ocupada, y de que «garantice» que el nuevo vaso respetará los límites protegidos.

Entre tanto, el concejal afirma estar a la espera de que FCC le entregue documentación, y el gerente local de FCC, Fernando Mateo, asegura que es la empresa la que aguarda a que el Ayuntamiento tome decisiones.

La Consejería señala al Ayuntamiento y no aclara si habrá multas

Sobre su responsabilidad en la ocupación de terrenos protegidos durante catorce años, como órgano de fiscalización y sanción, la Consejería de Medio Ambiente sostiene que las instalaciones de Lhicarsa «contaron con autorizaciones municipales». Y añade que, «en aquel momento, había cierta indefinición cartográfica sobre los límites del LIC. Por ahora, la Comunidad no concreta si impondrá sanciones económicas a Lhicarsa.

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