Las balsas de Zinsa en Cartagena siguen sin ser selladas un año después del auto judicial que lo ordenó
Los vecinos de Torreciega cargan en un escrito contra la «inacción» del Juzgado y valoran presentar una denuncia por prevaricación
Este próximo miércoles se cumplirá un año desde que el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ordenara, mediante auto, el sellado inmediato de las ... celdas del vertedero de residuos peligrosos de la antigua Española del Zinc (Zinsa). Sin embargo, la medida cautelar, adoptada en agosto de 2024 tras más de tres años de litigios, continúa sin ejecutarse, lo que ha provocado la indignación de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que denuncia el «incumplimiento flagrante» de una resolución judicial firme.
En un escrito al que ha tenido acceso LA VERDAD, la acusación particular, representada por la procuradora María Isabel Núñez Zamorano, ha instado formalmente al Juzgado a ordenar la ejecución inmediata del sellado, valorando que la falta de actuación judicial y administrativa no solo priva de eficacia a la medida cautelar, sino que agrava los daños ambientales y sanitarios en la zona.
La cifra
-
1,3 millones de litros de residuos, 500.000 peligrosos y 800.000 no peligrosos, ha retirado Cartagena Parque este año de los suelos contaminados de Zinsa, según los cálculos que obran en poder de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
El auto de agosto de 2024 se dictó tras constatarse la mortandad de aves en las balsas del vertedero, que confunden las aguas ácidas con charcas naturales, y la contaminación activa en suelos y aguas superficiales acreditada por informes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Desde entonces, según sostienen los demandantes, la situación ha empeorado.
Tal y como ha venido recogiendo este periódico, los vecinos de Torreciega, de la mano de la Plataforma de Suelos Contaminados, han ido presentando sucesivos escritos alertando, con cada episodio de lluvias, de la dispersión por escorrentía de metales pesados, así como de filtraciones, polvo contaminado en viviendas y espacios públicos, y exposición diaria de la población a plomo, cadmio, arsénico y mercurio. También la posible rotura y colapso de la mota de una de las celdas que retienen los mencionados residuos.
Un informe pericial aportado a la causa y redactado por el científico José Matías Peñas-Castejón advierte de un riesgo carcinogénico «inaceptable» para los residentes del barrio de Torreciega, especialmente para niños, lactantes y embarazadas, que estarían expuestos a niveles de toxicidad hasta 470 veces superiores a los permitidos por la normativa sanitaria internacional.
Larga trayectoria judicial
El camino hasta la adopción de la medida cautelar ha sido tortuoso: desde la primera solicitud en 2021, el Juzgado rechazó hasta en tres ocasiones ordenar el sellado, aludiendo a la necesidad de estudios complementarios. No fue hasta agosto de 2024, tras los últimos informes policiales y periciales, cuando se acordó el sellado.
No obstante, la resolución se ha mantenido en el papel. La mercantil investigada, Cartagena Parque, presentó recursos y escritos oponiéndose a la medida, mientras que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma no ha activado la ejecución subsidiaria. Según denuncia Peñas-Castejón, «el problema es que la Comunidad no quiere que se sellen, quieren que trasladen los mas de 10 millones de toneladas de residuos y eso es imposible. Tanto por los riesgos que se van a generar como por el coste económico».
Los vecinos consideran que el retraso podría derivar en responsabilidades penales y administrativas, tanto para la empresa investigada como para la administración autonómica. Incluso apuntan a la posible responsabilidad del propio Juzgado por omisión, al no impulsar el cumplimiento de su propio auto.
«La pasividad judicial está permitiendo la continuidad de un delito contra el medio ambiente y un atentado contra la salud pública», señala el escrito presentado el 11 de agosto. La acusación advierte que, de persistir esta situación, se verán obligados a ejercer acciones legales por prevaricación por omisión y desobediencia.
Por su parte, portavoces autorizados de la Consejería de Medio Ambiente señalaron este mes a este diario que continúan a la espera de que Cartagena Parque presente «un proyecto definitivo de retirada completa de los residuos peligrosos y recuperación del terreno».
La Consejería, no obstante, valora positivamente que la empresa haya retirado este año de los terrenos donde se encontraba la factoría 1,3 millones de litros de residuos, 500.000 litros catalogados como peligrosos y 800.000 que no tienen esa consideración.
No obstante, la empresa sigue sin iniciar las actuaciones exigidas para retirar de la misma zona de fábrica y adyacentes 350.000 toneladas de residuos sólidos contaminantes. El plazo para hacerlo voluntariamente expira el próximo noviembre y excluye la zona de balsas, pendientes de estudios y autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.
Esas 350.000 toneladas se localizan en una extensión aproximada de 280.000 metros cuadrados. Según la Consejería, en esa zona del área industrial de Torreciega se acumulan residuos de demoliciones con amianto, fibra de vidrio y otros materiales peligrosos.
Un tiempo en el que solo se han retirado residuos líquidos
El pasado enero, tras siete meses de retraso, Cartagena Parque comenzó a vaciar un depósito con 500 metros cúbicos de líquidos tóxicos en la antigua factoría de Zinsa, cumpliendo una orden de Medio Ambiente que alertaba del riesgo de desborde. Los vecinos de Torreciega, que llevan diecisiete años denunciando la contaminación, consideraron insuficiente la medida, señalando que las balsas están a escasos metros de sus viviendas y suponen un peligro para la salud y el medio ambiente.
En febrero, la Comunidad Autónoma rechazó el proyecto de descontaminación de la empresa y ordenó retirar 150.000 toneladas de residuos superficiales, dividiendo la finca en dos zonas: una con balsas radiactivas bajo supervisión del CSN y otra con escombros y metales pesados cuya limpieza debía iniciarse en tres meses. Ese mes, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ratificó que Cartagena Parque era responsable subsidiaria de la descontaminación, avalando la orden de vaciado de balsas y condenando a la empresa a pagar costas judiciales.
A finales de febrero, la Comunidad anunció la retirada de medio millón de litros de líquidos peligrosos y el inicio de la segunda fase con fluidos no peligrosos. En marzo, el Gobierno regional amplió la obligación de limpiar 350.000 toneladas de residuos, casi toda la factoría salvo las balsas radiactivas, y un informe científico confirmó niveles desorbitados de plomo, zinc y cadmio.
En abril, el Ejecutivo se coordinó con el CSN para revisar informes radiológicos y confirmó la extracción de más de un millón de litros de líquidos. En mayo, el Juzgado prorrogó seis meses la investigación contra Cartagena Parque. Vecinos y colectivos denunciaron nuevos vertidos por lluvias en mayo. La Guardia Civil ya alertó en noviembre del riesgo para la salud por partículas tóxicas en un radio de cuatro kilómetros.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
