Denuncian movimientos de tierra a pesar del riesgo radiactivo en El Hondón

Operarios de Hidrogea, en El Hondón, en una fotografía tomada desde un coche en septiembre./ lv
Operarios de Hidrogea, en El Hondón, en una fotografía tomada desde un coche en septiembre. / lv

La empresa del agua dice que tenía permiso del Ayuntamiento y a este no le consta

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Lejos de blindar la parcela con un vallado íntegro, y de elevar la vigilancia para evitar el paso de personas y vehículos, los propietarios de los terrenos ocupados hasta 2001 por Potasas y Derivados han desoído durante casi dos años al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Ayuntamiento de Cartagena -que en junio compró su parte a la inmobiliaria Solvia- y la Comunidad Autónoma no solo no han realizado las obras necesarias para impedir la «remoción del terreno», un riesgo para la población al haber residuos radiactivos y metales pesados, sino que han consentido la entrada de vehículos y maquinaria para realizar movimientos de tierra y obras asociadas al servicio municipal de aguas.

Al posible incumplimiento de las recomendaciones de la autoridad nuclear, que esta semana ha anunciado la futura declaración de los terrenos como contaminados por lodos de fosfoyesos con uranio -238, se suma el vertido ilegal de escombros. Esta ocupa un millón de metros cuadrados. El presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, Fulgencio Sánchez, aseguró ayer que en 2017 informó al exalcalde José López de la entrada de camiones con escombro procedentes de la obra municipal del Monte Sacro. La Policía Local también ha detectado trasiego de vehículos. A ello se suma ahora un informe de la Consejería de Medio Ambiente.

Fotografías a las que ha tenido acceso 'La Verdad' muestran a operarios de la concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea, a ambos lados de la verja que separa los suelos de El Hondón de la carretera de La Unión, entre la estación de trenes y el barrio de Los Mateos.

Hidrogea dice que reparó tuberías con permiso, pero al Consistorio solo le consta el acceso de científicos de la UPCT

A través de una portavoz, la empresa admitió que a mediados de septiembre y el año pasado hizo obras de reparación de unas canalizaciones, y dijo que el Ayuntamiento dio el permiso. Pero esta última institución afirma no saber nada de esos trabajos.

«El Ayuntamiento no tiene actualmente constancia de que haya movimiento de terrenos en El Hondón. Sí han visitado este suelo personal de la Universidad Politécnica (UPCT), que está llevando a cabo el estudio» sobre la regeneración ambiental, «y operarios que han instalado carteles informativos». Estos postes incluyen los símbolos del Consistorio, de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y de peligro por riesgo químicos, junto a los mensajes: 'Prohibido el paso' y 'Residuos peligrosos'.

Una portavoz del equipo de gobierno indicó que «hace dos años hubo movimiento de obreros, porque una empresa trató de instalar una tubería», y que «se le advirtió de que no podía hacerlo y dejó la obra». En el Ejecutivo, que está en manos del PSOE, no informaron del nombre de la mercantil.

Peligro para obreros y vecinos

Fuentes de MC, que gestionó la Concejalía hasta la ruptura de la coalición de gobierno con los socialistas en enero, aseguraron que el exconcejal de esta área (que incluye Urbanismo e Infraestructuras) José López sorprendió en 2017 a Hidrogea realizando tareas en Potasas, y que ordenó paralizarlas. En MC no precisaron si entonces era aún alcalde López, o ya lo era Ana Belén Castejón, y señalaron que el edil «pidió explicaciones» a la concesionaria.

En cuanto a la Comunidad, el informe que llevará a Medio Ambiente a declarar el suelo contaminado -lo que fijará obligaciones a los propietarios, más allá del proyecto voluntario de limpieza impulsado por estos- recoge que ya el 14 de noviembre de 2016 había «evidencias de actuaciones relacionadas con conducciones de agua». Ya entonces, justo el mismo mes en que el CSN dictó sus recomendaciones sobre El Hondón, técnicos del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental realizaron una visita a esta zona de Cartagena y detectaron «intrusiones en la parcela, debido a la falta de medidas necesarias que eviten la entrada en el emplazamiento».

Según el informe redactado en julio por la Consejería, persiste el riesgo en el que es uno de los seis únicos terrenos de España con contaminación por radiación (aunque en niveles «no significativos»). La Consejería, a cuyo diagnóstico ha accedido este diario, advierte de que «existe un riesgo no admisible en la situación actual de ciertas áreas del emplazamiento para, como mínimo, ciertos supuestos de exposición asociados a obreros de la construcción que tuvieran que trabajar en la parcela».

Los técnicos precisan que «no se dispone de la correspondiente valoración de riesgos en el supuesto de exposición de alguna persona, receptor potencial, que pueda acceder a ciertas áreas del emplazamiento en las condiciones en que el mismo se encuentra hoy en día». Hay temor por la vía de contacto dérmico (piel) y la ingestión (comer tierra).

Dos años sin el muro

El Ayuntamiento informó a la Comunidad de que había adoptado medidas provisionales y urgentes «para limitar y disuadir el acceso a la parcela». Pero, a la vista del anteproyecto municipal, Medio Ambiente concluye que las actuaciones «no son capaces de asegurar que no haya una presencia constante y un restricción de actuaciones, a día de hoy». La Consejería recuerda que en Potasas hay «determinadas infraestructuras que requieren ser mantenidas», y que un informe de la UPCT pone de manifiesto los mencionados riesgos.

La alcaldesa anunció anteayer que el Ayuntamiento vallará «tan pronto tenga el permiso de la Dirección General de Medio Ambiente». El Consistorio envió en abril de este año el anteproyecto del cerramiento y vallado a ese organismo y a otros afectados, como Adif y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Según el Consistorio, tras adquirir en junio los 180.000 metros cuadrados de Solvia, inmobiliaria de Banco Sabadell, por 500.000 euros, y «puesto que [el Ayuntamiento] ya es titular de los terrenos», redactó otra memoria. El 20 de septiembre, la corporación, que en breve pasará del 75% de la titularidad al 90%, al asumir la parte de la Comunidad, pidió de nuevo todos los informes.

El Gobierno regional, del PP, respondió a Castejón que la Consejería «no autoriza vallados», y que lleva «años instando a que el Ayuntamiento los haga», como «responsable de mantener las condiciones de seguridad y salubridad en sus parcelas del municipio». Añadieron tener constancia de que faltan informes sectoriales de Adif, la CHS y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, organismos todos ellos que dependen del Gobierno central, del PSOE.

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