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«Señoras y señores concejales de este Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena: desde la Plataforma de Afectados por Metales Pesados les instamos a la construcción de ... un sistema de recogida de pluviales que eviten la entrada de aguas contaminadas provenientes de los residuos tóxicos y peligrosos que se encuentran sin restaurar, evitando que los mismos circulen libremente por nuestras calles tras los periodos de lluvia. Eso evitaría que la carga sólida en suspensión transportada por la escorrentía sedimente en nuestras calles y espacios públicos tras el receso de las precipitaciones».
Hace casi dos años, el 30 de agosto de 2018, ese colectivo de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión aprovechó un Pleno para entregar a los ediles cartageneros un escrito sobre la necesidad urgente de adoptar «las medidas mínimas para reducir la exposición» de los ciudadanos a «los drenajes ácidos que discurren a modo de escorrentía superficial y subsupercial por los pueblos de la Diputación del Beal».
El documento fue facilitado tanto al PSOE, que entonces gobernaba en solitario con Ana Belén Castejón en la alcaldía, y a PP, MC, Podemos y Ciudadanos. En él, los vecinos exponían que tras salir de terrenos sin descontaminar los lixiviados mineros atravesaban el casco urbano de Llano del Beal, «hasta alcanzar, a través de sus ramblas, los acuíferos, los campos de cultivo y, en último extremo, el 'lagoon' costero del Mar Menor».
A pesar de estas advertencias y de las continuas protestas tras cada lluvia torrencial, el Ayuntamiento mantuvo su plan de construir un sistema de recogida de aguas pluviales que pasa por alto la existencia de la contaminación.
Así lo ha revelado la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que tiene previsto rechazar la solicitud de hacer un colector y desviar las aguas de lluvia a la rambla de Mendoza (o del Beal), que desemboca en el Mar Menor). Según aseguraron a LA VERDAD fuentes del organismo de cuenca, en la petición registrada para autorizar ese vertido, las autoridades locales «solo hablan de canalizar pluviales para evitar que se inunde el colegio, pero en ningún momento de arrastres mineros ni contaminación por metales pesados».
La documentación, registrada el 20 de abril, incluye «un anteproyecto de julio de 2017 con cálculos hidrológicos e hidráulicos que justifican los diámetros de las tuberías», añadieron. Y apuntaron que «lo más probable es que se prepare la denegación», pues «no se ha acompañado la caracterización del vertido, que podría contener aguas contaminadas por minería metálica y que terminaría en el Mar Menor».
La memoria técnica de la «nueva red de pluviales junto al colegio de Llano del Beal», elaborada por Hidrogea en marzo de 2019, no cita los residuos.
El jueves, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó este «vertido ilegal» y dijo que podría acarrear consecuencias «penales», porque los restos mineros exigen un «régimen de gestión específico». Ribera pidió también información al presidente de la CHS, Mario Urrea. Aun así, el Ayuntamiento alega que esa y otras ramblas ya conducen residuos mineros y que cumplirá la normativa. Y Castejón anunció que aprobará en breve el proyecto. Costaría 384.000 euros, con cargo al superávit de la concesionaria Hidrogea.
La Plataforma de Afectados por Metales Pesados llevó en 2018 a los diputados de la Asamblea Regional tubos de ensayo con muestras de «aguas rojas» de lluvia, teñidas por la oxidación del hierro, el plomo y el zinc. Les pidieron presionar a los gobiernos regional y central para descontaminar la Sierra Minera y acabar con las escorrentías «tóxicas y peligrosas» en el colegio de Llano del Beal, los pueblos y el Mar Menor, como exige la normativa Unión Europea. Y han logrado que dos juzgados investiguen presuntos delitos ambientales y contra la salud.
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