El Ayuntamiento de Cartagena ofrece las antiguas baterías de costa a inversores para darles uso turístico

Si los planes del Consistorio prosperan, no será la única inversión en las fortalezas defensivas del litoral en desuso, ya que según aseguró ayer LA VERDAD la alcaldesa, Ana Belén Castejón, «varias empresas se han interesado por alguna de nuestras baterías». La regidora es optimista a corto plazo. «Esperamos, aunque no es fácil, conseguir que pronto alguno de los proyectos pueda materializarse», dijo. Mientras, el deterioro avanza en este y otros complejos castrenses repartidos por los municipios de Cartagena y La Unión, pendientes de consolidación y rehabilitación por parte de sus propietarios: Defensa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento.

En el caso de Olivo, el empresario visitó a principios de mayo Fajardo, situado en el llamado Soto de la Podadera, para conocer de primera mano su estado de conservación y las posibilidades que ofrece. El conocido promotor, dueño de las empresas Emasa y Cartagena Parque (a través de la que está desarrollando el proyecto urbanístico del Plan Rambla), estuvo acompañado por representantes de la Armada Española y por Castejón.

En el recorrido por el inmueble también estuvieron la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y el arquitecto José Manuel Chacón, quien en octubre de 2017 presentó a las autoridades municipales un proyecto de conversión de esta batería costera en un albergue juvenil. Según explicó entonces Chacón, tras reunirse con la concejal de Desarrollo Sostenible, María José Soler (de MC), en los 2.000 metros cuadrados del edificio cabrían entre treinta y cincuenta habitaciones.

«La puesta en valor de las baterías de costa del municipio de Cartagena es sin duda un objetivo estratégico del Gobierno de Cartagena. El problema es que la gran mayoría de ellas son propiedad de la Armada y, aunque su situación y valor son incuestionables, el importe de la rehabilitación es alto y la propiedad no dispone de medios suficientes para poderlas recuperar», señaló Ana Belén Castejón, quien también es responsable de la Concejalía de Urbanismo.

La regidora añadió que ante esta situación, «las administraciones central, autonómica y local estamos intentando buscar alternativas de colaboración con la iniciativa privada».

Por último, la primera edil afirmó que «la predisposición del Ministerio de Defensa y de la Comunidad Autónoma es total, y juntos tenemos que conseguirlo». Además, según informaron fuentes municipales, en otra visita Castejón mostró Fajardo a la consejera de Cultura, Mabel Campuzano. Aunque estaba previsto, no pudo acudir el almirante jefe del Arsenal, Pedro Luis de la Puente, al estar fuera de la ciudad.

Respecto al enfoque que el Consistorio da a la recuperación de este patrimonio histórico y arquitectónico, en el gabinete de la alcaldesa indicaron que la semana pasada ésta «mantuvo contactos con otros inversores de Madrid, aprovechando Fitur», es decir la celebración de la Feria Internacional de Turismo.

Asimismo, indicaron que «otra línea de trabajo es intentar franquiciar alguna batería con Paradores de Turismo de España», para que esta empresa del Estado facilite la apertura de un establecimiento hotelero.

En noviembre, el equipo de gobierno municipal anunció que había presentado una solicitud de 55 millones de euros de los fondos europeos pos Covid para costear un plan de «recuperación del patrimonio histórico-defensivo». Indicó que la propuesta estaba asociada a la candidatura de Cartagena como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El programa abarca cinco castillos, cuatro fuertes, dos torres costeras y veintiuna baterías de costa y antiaéreas, así como el Pórtico del Teatro Romano y la Plaza de la Merced (conocida como el Lago). También habría un plan de restauración de fachadas en el casco histórico. De todos los inmuebles incluidos, son de titularidad municipal el Castillo de La Atalaya, el Castillo de Los Moros y la Batería de Santa Florentina, situada entre el muelle de La Curra y Cala Cortina. Las fuentes consultadas indicaron que están a la espera de que el Gobierno de España informe sobre la asignación del dinero.