El Ayuntamiento de Cartagena descarta el uso público de la cárcel de San Antón
Castejón asegura que los dueños solo quieren el antiguo penal para ampliar el Perpetuo Socorro y reivindica su lucha para salvar la parte protegida
El 3 de agosto, cuando los obreros contratados por la empresa del Hospital Perpetuo Socorro empezaron a echar abajo un tramo del muro exterior de ... la antigua cárcel de San Antón, el gobierno municipal respondió a las críticas vecinales asegurando que la licencia de obras solo permitía derribar las partes del edificio no protegidas. Y sobre la posibilidad de dar algún uso sociocultural a ese histórico inmueble, que data de la Segunda República y donde los dueños pretenden ampliar su centro sanitario, la alcaldesa, Noelia Arroyo, dejó abierta la puerta a un entendimiento con los dueños. A preguntas de LA VERDAD, en alcaldía afirmaron que «el Ayuntamiento siempre está abierto a llegar a cualquier acuerdo con el propietario, pero debe haber voluntad por su parte».
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Dos semanas después, los trabajos han avanzado en el interior del penal, con el fin de habilitar un aparcamiento, y los vecinos han entregado 1.300 firmas para exigir al Consistorio que impida más demoliciones y garantice «la titularidad, la gestión y el uso público y municipal del inmueble». Acerca de todo ello, en el Ejecutivo local aseguraron ayer estar muy vigilantes para que los propietarios se ciñan al permiso de obras concedido. Eso sí, dan por hecho que el complejo solo será empleado para fines privados. «El Ayuntamiento lo ha intentado todo, pero la empresa que lo ha comprado tiene claro el uso que le quiere dar», indicaron ayer fuentes oficiales.
«López no pujó por ella»
La vicealcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, rechazó las críticas sobre el desinterés municipal en la compra de la cárcel, adquirida por el Perpetuo al Estado en enero de 2017. «Cuando la cárcel se puso en venta, era alcalde José López y no pujó por ella; ahora no podemos volver atrás en el tiempo», dijo sobre la etapa de regidor del concejal de MC, que gobernó junto al PSOE. Como ahora, Castejón era vicealcaldesa.
A juicio de la edil, ella y el resto del gobierno actual, formado por exediles socialistas y concejales de PP y Cs, defienden la cárcel «desde la legalidad». Dijo que el Ayuntamiento «se negó a dar licencia de demolición total, lo que le valió una querella del propietario contra ella, que el juzgado archivó»; que hay un pleito contencioso «interpuesto por la propiedad, que entiende que puede tirarla entera»; y que no dar la licencia de el derribo parcial habría supuesto un delito de prevaricación.
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Urbanismo avisa a Cultura por el tamaño del agujero en el muro
El equipo de la vicealcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, aseguró que el Ayuntamiento sigue «muy de cerca las tareas de demolición». «De hecho, la vicealcaldesa ordenó la supervisión y los técnicos municipales detectaron que el hueco hecho en el muro exterior para el acceso de la maquinaria de demolición al interior del edificio es más grande de lo que se permitía en el proyecto, y así se ha informado a la Dirección General de Bienes Culturales». Urbanismo seguirá supervisando las obras «para garantizar que se cumple la normativa y que no se tocan los espacios protegidos»; y «si se detecta la más mínima anomalía, se abrirá el correspondiente expediente disciplinario».
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