El Ayuntamiento de Cartagena admite que estudia pagar con préstamos indemnizaciones millonarias

Una catarata de operaciones urbanísticas fallidas de la anterior etapa de gobierno del PP (1995-2015) han obligado ahora al Ayuntamiento a plantearse la petición de préstamos para pagar indemnizaciones millonarias. Por encargo de la alcaldía y de las Áreas de Urbanismo y Hacienda, cuyas competencias corresponden en los dos primeros casos a Ana Belén Castejón (PSOE) y en el tercero a Esperanza Nieto (PP), técnicos municipales están redactando un borrador de plan presupuestario para el periodo 2020-2023, que incluye como opción recurrir a los bancos para afontar sentencias ya dictadas y otras que pueden llegar, como consecuencia de la anulación judicial del Plan General de Ordenación urbana de 2012.

El martes, a preguntas de este diario, un portavoz Ejecutivo local indicó a 'La Verdad' que Nieto no se planteaba solicitar préstamos para afrontar gastos. Además, el lunes la alcaldesa aseguró a este diario, en la rueda de prensa de presentación del Programa de Gobierno, que su equipo no trabajaba con cálculos sobre la posibilidad de tener que pagar 34 millones de euros a la empresa urbanizadora principal del proyecto Novo Carthago, Hansa Urbana, por la paralización del expediente a la espera de un juicio por corrupción contra políticos y funcionarios de la Comunidad Autónoma. A la demanda de Hansa puede unirse otra de Banco Santander, dueño mayoritario del suelo en San Ginés de la Jara, a orillas del Mar Menor, por un importe de más de 90 millones de euros.

Castejón dijo no tener constancia oficial de la acción judicial de Hansa y mostró su confianza en los informes jurídicos que avalan la suspensión del procedimiento administrativo.

Entre otras cuestiones, se trata de hacer frente a resoluciones como la del pago de 3,4 millones a Apartamentos La Azohía SL y Bulevar Infante, SL por la anulación de una licencia para construir apartamentos turísticos en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Azohía, que además fue recalificado para uso público. Fuentes del Gobierno municipal -donde también está el grupo Cs- indicaron que otras reclamaciones por irregularidades en la gestión urbanística «llevan el mismo camino», por lo que es necesario plantearse la opción de la financiación de alguna entidad, para evitar un desequilibrio notable en las cuentas por «gastos extraordinarios».

Solo en la última legislatura, el Consistorio recibió sentencias en contra por valor de 20,5 millones de euros, entre otras cosas por expropiaciones por debajo del importe justo en el casco histórico.

Uno de los asuntos que preocupan en la institución municipal es una demanda por valor de 2,3 millones, relativa a un convenio urbanístico en Barrio Peral, para la apertura de la Ronda Norte (actual Avenida Víctor Beltrí) suscrito también en la época de Pilar Barreiro en la alcaldía. Tanto entonces como ahora, y también durante el mandato de José López (de MC), Urbanismo ha tenido al frente en la jefatura técnica a Jacinto Martínez Moncada, funcionario para el que Podemos exige la destitución.

«Las arcas municipales están saneadas. En ningún caso se estudia la petición de créditos para financiar gasto corriente ni inversiones. Se trata de estar preparados para cubrir indemnizaciones», indicaron en todo caso en el Consistorio. Lo hicieron tras las afirmaciones del grupo MC acerca de que «tan grave es la situación que están buscando financiación en los bancos para poder cuadrar las cuentas, acompañándolo de una subida de impuestos».

El Ayuntamiento negocia desde hace meses con los beneficiarios de la indemnización de La Azohía. Castejón ha planteado un plan de pago en cuatro años. Como precedente de actuación que evita préstamos, las fuentes consultadas citaron el pacto para abonar 5,2 millones en seis años a Técnicas de Inversiones Gamma SL, por el convenio del Plan Parcial El Vivero de La Manga. En el caso de Barrio Peral, Castejón trata de alcanzar un acuerdo con Ramiro Bermúdez de Castro y Sánchez SA para efectuar un pago a plazos o entregar suelo o aprovechamientos urbanísticos.