La anulación de las escuchas deriva en la exculpación de un funcionario de Justicia acusado de corrupción

La nulidad de las escuchas telefónicas dejó este martes sin prueba al fiscal a la hora de acusar a un funcionario de la Administración de Justicia sospechoso de corrupción. El Ministerio Público llevó al banquillo a este trabajador público, destinado en un órgano de instrucción de Cartagena, por supuestos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y cohecho en una acusación que, pese a las contrariedades, mantuvo hasta el final.

Reclamaba hasta siete años y medio de cárcel y otros quince de inhabilitación a Marcos I.V., que el pasado febrero ya fue condenado a un año de cárcel por colaborar con una banda de narcotraficantes orientada a introducir por el puerto de Cartagena grandes alijos de droga en una sentencia que aún no es firme.

Un jurado popular era el encargado de dirimir la suerte de este funcionario de carrera y de un abogado de Cartagena con el que este compartía banquillo. La Fiscalía reclamaba para el letrado cuatro años y medio de cárcel y otros tantos de inhabilitación por un presunto delito de cohecho. El magistrado Jacinto Arestes decidió sin embargo, en una decisión muy poco habitual, aplicar el artículo 49 de la Ley del Jurado y disolver el tribunal popular ante la falta de prueba que se había hecho evidente a lo largo del juicio. La Sala cuenta ahora con tres días para dictar una sentencia absolutoria que el fiscal, tal y como ya avanzó, recurrirá.

Marcos I. se dedicó, entre el 13 de septiembre de 2002 y el 22 de noviembre de 2013 –en que se dispuso su suspensión provisional– a tramitar las causas del juzgado de Cartagena en el que trabajaba. El fiscal sostenía que, aprovechando ese puesto, retrasó la tramitación de una causa por presuntos abusos sexuales para favorecer al denunciado.

Explicaba, asimismo, que aceptó el supuesto soborno del letrado que fue juzgado a su lado para influir en una causa abierta contra uno de sus clientes por una alcoholemia al volante. «Tenía montada una red de cadena de favores dentro de este Palacio de justicia», llegó a sostener el representante del Ministerio Público. El letrado Juan Francisco Pérez Avilés, que se encargó de la defensa del funcionario de Justicia, recalcó que hasta siete magistrados han avalado la nulidad de esas escuchas.

La vista se inició con el turno de los sospechosos, que se acogieron a su derecho a no declarar. «Llevo un calvario durante doce años», remarcó únicamente el funcionario durante su paso por el estrado. El fiscal trató de introducir en la causa la declaración que el abogado acusado realizó durante la fase de instrucción, pero las defensas se opusieron y el tribunal descartó esa opción.

Más tarde, las partes interrogaron a la secretaria judicial que en 2013 desempeñaba esa función en el juzgado cartagenero y que no arrojó gran luz al caso. Ante esta situación el fiscal no ocultó que se había quedado sin armas para perseguir este supuesto delito. «No sé si a Marcos le tocará la lotería a lo largo de su vida, pero ésta debe de haber sido su mayor suerte», incidió. «Las pequeñas corrupciones llevan a grandes corrupciones».

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