Los 60 argelinos de los que nadie se acuerda

Estas y muchas otras preguntas sobre la actuación de la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior los días 2 y 3 de noviembre en la penúltima oleada de pateras, formuladas por 'La Verdad', siguen en el aire tres semanas después. Y, además de por el silencio del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en la Región, parecen acalladas por la indiferencia de instituciones, partidos políticos, sindicatos y entidades sociales, que a las pocas horas dejaron de hablar de este asunto y que ahora centran sus dudas y críticas en los 507 argelinos rescatados hace una semana en aguas de Cartagena y recluidos de forma provisional en la futura cárcel de Archidona, en Málaga.

Interior rehuyó las preguntas sobre la gestión de esa crisis migratoria que, antes de la reciente reacción unánime de todas las administraciones por la avalancha sin precedentes de los días 17 al 19, desató las protestas de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y precipitó el relevo como delegado de Antonio Sánchez-Solís por Francisco Bernabé.

«La Delegación abandonó a su suerte a sesenta inmigrantes que llegaron a nuestras costas. Estuvieron vagando por las calles durante toda la noche. Esta situación es intolerable por humanidad, seguridad sanitaria y ciudadana. Me parece intolerable que no nos informara ni nos pidiera ayuda», denunció la socialista Castejón, al día siguiente de quedar decenas de inmigrantes en libertad, en la zona de la Plaza de España, tras pasar por la Comisaría.

Así lo atestiguaron las fotografías publicadas por 'La Verdad', que informó en exclusiva de que ante el aluvión de 'sin papeles', y el colapso de las dependencias policiales, los agentes recibieron la orden -el exdelegado dijo que todo fue gestionado desde la Comisaría General de Extranjería en Madrid- de dejar libres a los inmigrantes, tras identificarlos. A mujeres y niños sí se les facilitó una cama, pero la mayoría de los recién llegados (en dos días arribaron a las costas de la Región casi doscientas personas) tuvo que buscar refugio en la vía pública, en céntricos lugares como la Plaza de España y la Alameda de San Antón. Lo hicieron con el 'kit' de Cruz Roja -ropa seca, alimentos y elementos de aseo-, que no pasó desapercibido para quienes disfrutaban de las terrazas en el centro de la ciudad.

El sábado 4, a las diez de la mañana, algunos extranjeros seguían aún por la Plaza de España, pero la mayoría se había esfumado. No fueron puestos a disposición del magistrado de guardia, Ignacio Munítiz (titular del Juzgado de Instrucción 5), como confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la Región. Y, para «preocupación» de la Fiscalía, según fuentes del Ministerio Público, tampoco fueron trasladados a sedes de organizaciones como la Fundación Cepaim que, junto a otras, aseguraron dos días después a la alcaldesa, en una reunión urgente convocada por ella, que había cien plazas de acogida disponibles.

«Nos encargaremos de recordarle las plazas libres, para evitar que haya de nuevo 60 personas deambulando por las calles sin rumbo alguno», advirtió la primera autoridad municipal respecto a la Delegación. Bernabé, quien fue alcalde de La Unión, consejero de Fomento y diputado nacional, llegó al cargo con el reto de gestionar, sin sobresaltos, situaciones similares, incluidos motines, fugas y agresiones a policías en el CIE. El desafío le llegó nada más tomar posesión del cargo, y reaccionó con un despliegue de más dos mil personas, coordinado con el Ayuntamiento, la Policía, la Guardia Civil, la Administración de Justicia y colectivos sociales, entre otras entidades.

Frente al revuelo nacional e internacional causado por las condiciones del internamiento en Archidona, donde hasta Naciones Unidas cuestionó el que la prisión cuya apertura se prevé para enero reúna las condiciones necesarias y que España tenga un «plan coherente», Bernabé defiende el éxito de la atención en el territorio de su competencia. Y no ha dudado en marcar diferencias con su predecesor y subrayar que, esta vez, sí el Estado ha lanzado un mensaje opuesto al que generó el «efecto llamada».

Así llamó, sin rodeos, el ministro, Juan Ignacio Zoido, al elemento de atracción que supuso para las «mafias» ver a sus 'clientes' moviéndose libremente por Europa. Lo que no ha querido aclarar Interior es quién dio la orden de soltar a los argelinos y qué rumbo tomaron. En el Gobierno central, del PP, intentan, así, dar por zanjada la crisis con el relevo de Sánchez-Solís, tocado previamente por los motines en el CIE y los sabotajes en las obras del AVE en Murcia.

Entre tanto, España presiona a Argelia para que endurezca los controles y la Unión Europea trata de impulsar la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex). Además, la Guardia Civil (a través de la 'Operación Indalo') y la Armada vigilan en el Mediterráneo la presencia de pateras y el posible uso de barcos nodriza para acercar barcazas.

La Policía también lucha contra las mafias. En octubre, fueron arrestaron en Cartagena dos argelinos acusados de introducir a compatriotas. A diferencia de los sesenta de los que ya nadie habla, de esos dos arrestados sí se conoce su paradero: la prisión, donde esperan juicio y donde otros detenidos en su día cumplen sentencia por traficar con seres humanos.