Borrar
Ángel Méndez, Miguel Pouget y Antonio Navarro, ayer en el Colegio de Abogados de Cartagena. Pablo sánchez / agm
Los abogados claman contra el impago del turno de oficio y amenazan con movilizarse

Los abogados claman contra el impago del turno de oficio y amenazan con movilizarse

Trescientos letrados que prestan asistencia jurídica gratuita exigen 300.000 euros al Ministerio de Justicia por atrasos

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Martes, 6 de noviembre 2018, 02:03

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

«Nuestra paciencia se está agotando. Pese a que un abogado de oficio cobra una miseria por su trabajo, llevamos meses sin percibir retribución alguna por parte del Ministerio de Justicia. Parece como si quisieran tomarnos el pelo». Así de rotundo se mostró ayer el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro Selfa, tras denunciar que alrededor de 300 profesionales de la abogacía llevan cuatro meses sin recibir sus honorarios por la asistencia a los ciudadanos que se acogen al servicio de Justicia Gratuita. Se trata de un retraso, dijo, que para muchos, teniendo en cuenta que son jóvenes que comienzan a dar los primeros pasos como profesionales, supone un perjuicio importante.

El último desembolso del Ministerio de Justicia correspondió al mes de junio, por lo que les adeudan la nóminas de julio, agosto, septiembre y octubre, una cantidad que alcanza los 300.000 euros, aseguró Navarro Selfa.

El anunció lo realizó en la presentación de la exposición 'Iguales en Derechos', que acoge el vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) hasta el 19 de noviembre.

Dan de plazo hasta mañana para cobrar, porque dicen sentirse como «esclavos»

El decano de los abogados estuvo acompañado por el vicedecano, Ángel Méndez Bernal, y por el diputado segundo y coordinador del Turno de Oficio, Miguel Pouget. Estos reiterados retrasos, junto a las bajas retribuciones que ingresan, explican el anuncio realizado por los letrados de una serie de medidas que aún están por determinar.

Acciones complementarias

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) avisó el pasado 31 de octubre por carta al Ministerio de que le daba de plazo hasta mañana para abonar las retribuciones atrasadas. De no ser así, dijo el decano, «adoptaremos las medidas de presión que consideremos oportunas». Precisó que, además de la decisión que adopte el Consejo General, el colegio profesional de Cartagena planteará otras acciones «diferentes y complementarias», que serán aprobadas en una asamblea general.

«Da la casualidad de que los impagos coinciden con la llegada al Ministerio de Dolores Delgado (PSOE), una situación que con el anterior ministro, Rafael Catalá (PP), también se dio en alguna ocasión», señaló Navarro. El argumento que esgrime el Ministerio de Justicia, según el decano, es que existen «problemas administrativos», algo que a su juicio «no justifica que un colectivo que realiza una labor social esté en esta situación».

Miguel Pouget recordó que los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita a los ciudadanos que carecen de recursos para litigar cobran cantidades «miserables», alrededor de 60 euros por un procedimiento completo. En su opinión, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que considera obligatorio para todos los abogados estar adscritos al Turno de Oficio «no hace sino consolidar una situación de esclavitud en la que nos hacen trabajar sin cobrar nada, pese a que prestamos un servicio específicamente recogido en la Constitución, como es el de dotar de defensa jurídica a aquellos ciudadanos que no tienen medios para ello».

En la misma situación que los letrados cartageneros se encuentran sus colegas de otros puntos del país incluidos en lo que se denomina 'zona Ministerio'; es decir, los de aquellas comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia. Son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares.

Por su parte, el PP anunció que ha registrado una moción en la Asamblea Regional en la que denuncia esta situación «intolerable». En un comunicado, la diputada Isabel María Soler señaló que «los profesionales están padeciendo la incapacidad de gestión y el bloqueo de un Pedro Sánchez más preocupado por las fotos y su imagen que por solucionar los problemas de los españoles». Los populares también demandaron en el escrito la revisión y actualización de los honorarios.

Cláusulas abusivas

Por otra parte, el decano de abogados anunció que la Junta de Gobierno de la institución colegial estudiará la posibilidad de llevar hasta la Unión Europea que los Juzgados Provinciales de Cláusulas Abusivas están colapsados, con demoras de más de un año. «Si se hubiese dejado la cosa como estaba, es decir, que los Juzgados de Primera Instancia de cada partido judicial se ocupasen de estos asuntos, no habría habido ningún problema, ni los ciudadanos tendrían que desplazarse hasta la capital para defender sus derechos», dijo. Esta decisión se ha adoptado después de que el Tribunal Supremo desestime el recurso presentado por el Consejo General contra la creación de este tipo de Juzgados.

La exposición fotográfica recoge las obras de treinta de los mejores fotógrafos de España, para denunciar las barreras por razón de sexo y otra serie de situaciones que impiden la igualdad real entre todos los ciudadanos. Cartagena es la cuarta ciudad de España en la que se presenta esta muestra, auspiciada por el Consejo General de la Abogacía Española.

El municipio será sede del tercer Juzgado de Lo Mercantil

Después de varios años exigiéndolo y de tiras y aflojas, Cartagena será sede del tercer Juzgado de Lo Mercantil previsto para la Región de Murcia. Así lo anunció ayer el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro Selfa, tras la presentación de la exposición 'Iguales Derechos'. «Hemos conseguido el compromiso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de que el tercer Juzgado de Lo Mercantil para la Región de Murcia tenga su sede en Cartagena», aseguró. Se trata de una «vieja reivindicación» para la ciudad en materia de justicia, que «nos ha costado muchísimo esfuerzo a todo el colectivo». Ahora, el decano de los abogados espera que «los políticos estén a la altura», y encuentren un sitio idóneo para ponerlo en marcha y no ocurra como con el Juzgado de Familia número dos, para cuya apertura ya hay «demasiados retrasos». «Para que la ciudad de la justicia sea una realidad aún se pasarán, con mucha suerte, entre tres y cuatro años, pero antes los políticos tiene que hacer todo lo posible para normalizar la situación en el municipio y acabar con los colapsos, porque los ciudadanos no tienen por qué estar esperando año y medio para poder divorciarse o dos años para reclamar la cantidad que le deben, por ejemplo, por su coche», concluyó.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios