El exconcejal Segado y el jefe municipal de Urbanismo irán a juicio en septiembre

El presidente del Partido Popular en Cartagena, asesor de la Consejería de Cultura y exconcejal de Urbanismo Joaquín Segado, así como el director de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, Jacinto Martínez Moncada, se sentarán el próximo mes de septiembre en el banquillo acusados de un delito de prevaricación administrativa, por la presunta expropiación ilegal de una parcela en La Azohía. Junto a ellos también será juzgada la letrada municipal de Urbanismo P. R. C.

Según confirmó ayer a 'La Verdad' el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, el Juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena, cuyo titular es Álvaro Bellas, dictó anteayer un auto por el que señala para los días 25 y 27 del citado mes, a las diez de la mañana, la vista oral. Asimismo, el magistrado acordó aceptar todas las pruebas propuestas por las partes.

En este procedimiento, además de la Fiscalía, ejercerá la acusación particular la empresa propietaria del solar donde estaba ubicado el cuartel de la Guardia Civil. Se trata de la mercantil Apartamentos La Azohía SL, que tiene entre sus propietarios a José Ángel Banet, actual dirigente del partido Ciudadanos (C's) en la Región de Murcia.

Esta sociedad reclamó una indemnización de 3,4 millones de euros por la decisión adoptada por el Ayuntamiento, en 2010, de dejar sin efecto una licencia de obras por inactividad y recalificar el suelo como equipamiento público, tras una petición vecinal para hacer una plaza. La empresa, que proyectó 24 apartamentos turísticos y espacios comerciales en primera línea de playa, consiguió que el Juzgado de Instrucción 2 culminara en diciembre pasado la fase de investigación, tras constatar que hay hechos en apariencia «punibles».

Según confirmó la Audiencia Provincial, que rechazó un recurso interpuesto por el exconcejal, los querellados «hicieron recaer» en la promotora «las causas de la anulación de una licencia», alegando «retrasos y falta de licencia de actividad». El Ayuntamiento obró así, prosigue la Sala, a pesar de que «la licencia no se podía conceder como consecuencia del nuevo planeamiento urbanístico que afectaba a la parcela, que solo permitía equipamientos públicos en la Unidad de Actuación 5 de La Azohía».

La Audiencia aludió así a la modificación de los usos permitidos del suelo, en la revisión del Plan General de Cartagena, aprobada de manera definitiva en 2012 por la Comunidad Autónoma y tumbada después por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo.

Cuartel de La Azohía

La supresión de la licencia para construir, añadió la Audiencia, «se efectuó para y en beneficio del Ayuntamiento, y en perjuicio de la recurrida», que se vio privada de «obtener la indemnización correspondiente de la Administración por el cambio del uso del suelo sobrevenido con posterioridad a la concesión de la licencia de obras».

El Ayuntamiento ya ha hecho una reserva para afrontar una posible responsabilidad civil subsidiaria. Antes, en el caso de ser condenados por dictar una resolución injusta a sabiendas, los querellados tendrían que responder con sus propios bienes para cubrir esa reparación.

Los tres procesados han defendido su inocencia, al entender que actuaron conforme a derecho y en defensa del interés público. En el caso de Segado, ha destacado que la Fiscalía pasó de solicitar el archivo a mantener una acusación.

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