La comisión de la desaladora concluye que hubo una «trama» para burlar la ley de Aguas

La comisión de investigación de la desaladora de Escombreras finalizó este miércoles sus trabajos en la Asamblea Regional, un año después de su constitución, con la aprobación de un dictamen que concluye que el expresidente Ramón Luis Valcárcel promovió en 2006 esa instalación para garantizar el agua potable a los nuevos desarrollos urbanísticos con los que tenía intención de cambiar el modelo económico de la Región. Según este grupo de trabajo, pudo incumplir las leyes de Contratos y de Aguas, por lo que las conclusiones de un año de sesiones en el seno de la comisión serán remitidas a la Fiscalía de la Región de Murcia y al Tribunal de Cuentas, además del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

El dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación fue aprobado con los votos a favor de los representantes del PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los del PP votaron en contra "porque en un porcentaje muy alto recoge valoraciones subjetivas políticas muy graves", según el diputado popular Juan Luis Pedreño.

El presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, insistió en que la promoción de la desalinizadora fue una "trama urdida" para garantizar el agua potable a 400.000 viviendas previstas en 18.000 hectáreas de suelo recalificado con las que el Ejecutivo de Valcárcel pretendía cambiar, hace una década, el modelo económico regional. Como la ley del Agua planteaba limitaciones a nuevas urbanizaciones que no tuvieran garantizado el suministro para consumo humano, la Comunidad constituyó el Ente Público del Agua y evitar así posibles bloqueos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura en los resorts previstos, añadió Sánchez. La construcción de la planta benefició al grupo empresarial ACS pero causó un agujero en las arcas públicas que podría llegar a los 600 millones de euros.

Como responsables de todo ello señalan al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y a su consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá. No obstante, el PP aseguró que ninguno de los dos aparece señalado en un dictamen que ahora tendrá que ser llevado al pleno de la Asamblea para su votación.

La comisión de investigación de la desaladora de Escombreras inició sus trabajos en febrero de 2016 para conocer el grado de responsabilidad de la Comunidad Autónoma en la proyección y construcción de unas instalaciones que, según sus conclusiones, puede costar a las arcas murcianas casi seis veces más del que consideran su valor real. En ella han comparecido dos expresidentes regionales, Ramòn Luis Valcárcel y Alberto Garre, la exministra socialista Cristina Narbona, así como una treintena de políticos, ex altos cargos, juristas y representantes de empresas. "Creo que hemos hecho un buen trabajo, con rigor y serio. Me siento satisfecho", aseguró Miguel Sánchez, al finalizar la última sesión.