Un centenar de personas clama por que la antigua cárcel sea municipal

Un centenar de personas se concentró ayer a las puertas de la antigua cárcel de San Antón para protestar por la venta del antiguo penal a la empresa privada que gestiona del Hospital Perpetuo Socorro, por parte de una sociedad estatal; y para exigir la anulación de subasta por presuntas irregularidades y que el Ayuntamiento adquiera el edificio y le dé uso público.

Miembros de distintos colectivos ciudadanos de Cartagena y del grupo municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos), se unieron a mediodía frente al edificio, comprado por 563.000 euros por la citada mercantil.

Esta pretende derribar en su mayor parte el inmueble, por su estado de deterioro, y emplearlo como aparcamiento público al aire libre. Además, se plantea solicitar al Consistorio permiso para levantar en la parcela otro centro concertado con la Comunidad Autónoma.

La concejal Pilar Marcos, y miembros de entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y la Asociación para la Defensa de la Memoria Histórica portaron una pancarta con el lema: «La cárcel no se vende. Espacio público cultural». Además, denunciaron «la complicidad e inacción del gobierno municipal, que deliberadamente dejó pasar la oportunidad de comprar este edificio, para que empresarios de su confianza lo adquiriesen».

Los manifestantes exigieron al gobierno de Movimiento Ciudadano (MC) y PSOE corregir la «nefasta gestión de dejar en manos privadas la antigua cárcel» y «el incumplimiento flagrante de sus programas electorales». Les reclamaron hacer todo lo posible para adquirir la cárcel.

El alcalde teme por la cesión

Esto pasa por que el Gobierno central acepte la impugnación de la subasta solicitada por Podemos, que alega que la puja no fue anunciada en el Oficial del Estado (BOE) ni se avisó al Ayuntamiento para que ejerciera su derecho preferente.

El alcalde, José López, ha insistido en que el Consistorio no podía afrontar una rehabilitación millonaria. Además, ha advertido de que las críticas y las acusaciones de favoritismo pueden llevar a la empresa del Perpetuo a romper las conversaciones iniciadas para ceder al municipio de una parte del penal, para darle uso sociocultural.