El PP defiende su modelo, Podemos pide otro y Ciudadanos alerta de la inseguridad jurídica

Terrenos en los que estaba proyectado el Plan Rambla, con la calle Luis Calandre al fondo./
Terrenos en los que estaba proyectado el Plan Rambla, con la calle Luis Calandre al fondo.

El popular Francisco Espejo opina que el desarrollo anulado es el correcto, pese a las críticas del resto de la oposición a los errores

E. R. K.CARTAGENA

El Partido Popular mantuvo ayer, pese al fallo del Tribunal Supremo, «que los principios para el desarrollo urbano de Cartagena que aparecen en el Plan General suspendido son los que necesita el municipio, sobre todo en esta época de incipiente recuperación económica», explicó el exconcejal de Urbanismo y portavoz municipal del PP, Francisco Espejo. Los otros dos grupos de la oposición, Ciudadanos y Podemos, le incluyeron entre los responsables de una nulidad «que crea inseguridad jurídica», según el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, y puede generar «responsabilidades jurídicas y políticas» de los gestores del pasado, según su homóloga del partido morado, Pilar Marcos. El primero abogó por una renovación profunda y la segunda, por su redacción desde cero.

«Apoyamos en su momento el recurso que preparó el nuevo Gobierno local contra la suspensión provisional y estamos dispuestos a llegar a acuerdos con él para encontrar la manera de conservar lo mucho bueno que hay en el Plan General que ha sido anulado. El modelo urbanístico es, creo yo, el correcto en estos tiempos de recuperación económica», manifestó Francisco Espejo. A su juicio, hay dos elementos que hay que conservar. «Uno es la liberación de suelo industrial desde Cabezo Beaza hacia Los Camachos y en el Valle de Escombreras y el otro, el suelo declarado urbanizable residencial en el entorno de los barrios y las diputaciones», defendió.

Por eso, Espejo consideró imprescindible mantener la estructura de este proyecto, aunque haya que hacer otras modificaciones.

«Con Olivo no pude negociar»

El exresponsable de Urbanismo se sacudió las críticas a su participación en la gestión del pasado. «Yo llegué a mitad de legislatura, con el planeamiento aprobado, y lo que me encontré fue a Tomás Olivo, que primero dijo tener buena disposición para hablar y a los pocos días nos llevó a los juzgados por daños y perjuicios referidos al Plan Rambla. No hubo posibilidad real de negociar con él», aseguró Espejo.

Sin embargo, el concejal subrayó que hay que mirar al futuro. «Estamos dispuestos a sentarnos con el nuevo Gobierno local y ver cómo abordamos la exposición pública del plan para salvar todo lo bueno que hay en él y que no se genere inseguridad jurídica. Eso sería malo para los inversores, las empresas y los ciudadanos», dijo.

El mismo temor a la inseguridad jurídica manifestó ayer Manuel Padín, de Ciudadanos. «Es preocupante, porque puede afectar a muchos empresarios y promotores cartageneros», dijo. Sin embargo, a su juicio, mirar hacia el futuro no basta. «Hemos llegado hasta aquí por la complacencia de los gobiernos anteriores. Esto va a retrasar la regulación urbana mucho más tiempo y nos pone en riesgo de hacer frente a indemnizaciones inasumibles para unas arcas que están quebradas», dijo el portavoz de la formación naranja. El mismo o mayor grado de responsabilidad ve Podemos en la gestión del PP en el pasado, sobre todo por parte de la Administración regional. «Este despropósito requiere despejar responsabilidades jurídicas y políticas», dijo Pilar Marcos.

Respecto a las soluciones, tanto Ciudadanos como Podemos quieren ir más lejos que el PP. «El Ayuntamiento puede contar con nosotros. Le tendemos la mano para enmendar y generar un plan que cumpla todos los preceptos locales. El municipio no puede estar mucho tiempo con las reglas urbanísticas de 1987», dijo Manuel Padín.

Pilar Marcos recordó que su grupo propuso los cambios «a los que podía obligar una sentencia como ésta. No se nos hizo caso, pero este fallo es la oportunidad de tener un plan legal, democrático y participactivo».

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