Trece mil vecinos tendrán que hacer análisis de sangre a sus perros para un nuevo registro

Un perro orina en un boca de incendio, en Cartagena./
Un perro orina en un boca de incendio, en Cartagena.

El Ayuntamiento inicia una campaña para censar a todos los animales, un requisito para sancionar el abandono de cacas comparando el ADN

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Los propietarios de unos 13.000 perros tendrán que incluir a sus mascotas en un nuevo registro municipal, que complementará al actual con información genética de los animales. El Ayuntamiento de Cartagena, que estudia implantar a finales de año un sistema de sanciones a los vecinos que incumplen la obligación de recoger los excrementos de los canes, valiéndose de análisis de ADN, necesita disponer de una base de datos para identificar a los infractores.

Según explicaron fuentes del Laboratorio municipal, ahora hay un censo con 7.214 animales, formado en su inmensa mayoría por perros y el resto por gatos. Éste recopila información básica de cada ejemplar y de su propietario, cuando este último cumple con su obligación de implantar a la mascota un microchip por motivos de salud pública y seguridad, entre otros.

Lo que las autoridades municipales buscan ahora, con una campaña de concienciación en clínicas veterinarias y en la web del Ayuntamiento, es que esas personas y otras 6.000 que, según calculan, tienen canes sin registrar se apunten cuanto antes al nuevo censo. Para ello, deben acudir con su perro al Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos (Catad) del Ayuntamiento, para que les hagan una extracción de sangre.

Esta prueba, que tendría un coste aproximado de 30 euros para cada usuario, tiene como objeto extraer el perfil o huella genética del animal, de cara a incluirla en una base de datos de acceso restringido para la Administración local.

Una vez que el Consistorio tuviera ese censo informatizado, podría implantar un sistema de sanción a quienes dejan heces en la calle que ya está siendo empleado en otros municipios de España. Se trata de que, bien un policía local o bien un empleado del servicio municipal de limpieza acompañado de un agente (que actuaría «como fedatario público»), protegidos con guantes y con un pequeño envase dotado de una pala, tome del suelo una muestra de heces «de aspecto reciente».

Siguiendo un protocolo que garantizara la llamada «cadena de custodia», para que no haya una adulteración de la prueba, el Ayuntamiento enviaría la muestra al laboratorio de una empresa externa. Allí, los especialistas extraerían la información genética y, al compararla con la de la base de datos municipal, conocerían sin margen de error a qué perro corresponde el excremento y quién es su propietario.

300 euros por no llevar chip

Cada una de estas pruebas, incluidos el transporte, le costaría al Ayuntamiento unos veinte euros, que podrían ser cargados al infractor. Se trata, según las fuentes consultadas, de una cantidad «razonable», teniendo en cuenta que en este momento la sanción por no recoger las heces es de 165 euros, que es reducida a 112 si el vecino reconoce su conducta irregular.

La multa por no tener registrado al perro, con su correspondiente chip, va de 30 a 300 euros. La contratación del servicio de análisis está siendo estudiada por la Concejalía de Calidad de Vida, preocupada por las quejas vecinales sobre las cacas que ensucian las calles. Su titular es el concejal Francisco Calderón, se reunió anteayer con el director comercial de la empresa sevillana Adesva, que gestiona este sistema de identificación.

Según las fuentes consultadas, para la Administración este registro tiene otra ventaja: disponer de una nueva herramienta para castigar el abandono y el maltrato de animales. En cuanto al usuario, destacaron que gana posibilidades de recuperar a su mascota en caso de robo.