El partido del alcalde pedirá en la Asamblea que Cartagena sea la capital de la Región

José López y Ana Belén Castejón, en el paseo del muelle en noviembre pasado./
José López y Ana Belén Castejón, en el paseo del muelle en noviembre pasado.

El anuncio se produce en un momento de tensión interna entre los socios de gobierno, Movimiento Ciudadano (MC) y PSOE, debido al proyecto de Novo Carthago

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

El Gobierno local de Cartagena cumple esta semana sus primeros nueve meses de actividad. Y ayer en una nota, el partido del alcalde, José López, Movimiento Ciudadano (MC) anunció que el Ejecutivo local pedirá en la Asamblea Regional un impulso a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que incluya la creación de la provincia de Cartagena, «la capitalidad regional de Cartagena» y el traslado a la ciudad portuaria de las consejerías de Industria y Turismo.

Fuentes del equipo de gobierno municipal explicaron que se trata de que el Pleno de la Asamblea, dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía que está ya en estudio, incluya la declaración de Cartagena no solo como sede del poder legislativo sino también como capital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud de ese hecho.

«El modelo sería el mismo que el de Mérida y Santiago de Compostela, ciudades que pertenecen a provincias cuyas capitales son Badajoz y La Coruña, respectivamente, pero que tienen la condición de capitales autonómicas de Extremadura y de Galicia al ser las sedes de los parlamentos. En el ámbito de la Región, la ciudad de Murcia seguiría siendo la capital de la única provincia actual y sede del Gobierno regional; y Cartagena tendría el reconocimiento de capital autonómica, dado que es aquí donde está la sede de la Asamblea. Cuando se creara la provincia de Cartagena, dentro de la Comunidad Autónoma, Cartagena sería además capital de su propia provincia», añadieron en MC.

Fuentes del equipo de López reconocieron a 'La Verdad' que el partido de López mete así presión a su socio de gobierno, el PSOE, para acelerar el cumplimiento de uno de los puntos del «acuerdo de mínimos» pactado tras las elecciones municipales. En el apartado 'Estatuto y Normativa Autonómica', el acuerdo recoge lo siguiente: «Reconocimiento de Cartagena como capital legislativa en el articulado del estatuto, así como de la provincia de Cartagena, iniciando los trámites para su restitución, salvo que se adoptara un nuevo modelo de organización territorial en el Estado». Como portavoz de MC y concejal de Medio Ambiente, Francisco Calderón, argumentó por qué su formación lanza ahora esta iniciativa: «Tras varios meses de gobierno, para MC ha llegado el momento de trabajar con mayor intensidad por Cartagena desde la Asamblea».

Esta propuesta aparece en un clima de creciente tensión interna por las polémicas sobre el pago de facturas al presidente de la Federación de Padres de Alumnos (FAPA) y vocal del PP en La Palma en 2014 y, sobre todo, por el proyecto urbanístico Novo Carthago.

Las discrepancias y el enfriamiento de las relaciones entre los equipos del alcalde, José López y la vicealcaldesa (PSOE) Ana Belén Castejón, llegan, además, en el momento de mayor debilidad de un gobierno que carece de mayoría absoluta. Esta fragilidad obedece a la retirada del apoyo de Podemos y a las diferencias con Ciudadanos, a pesar del crucial respaldo ofrecido por este grupo a los presupuestos de 2016.

Tras el choque entre López y Castejón, al retar el regidor a su 'número 2' a ser ella quien «prevarique» bloqueando la construcción de 10.000 viviendas junto al Mar Menor, y responder ella promoviendo a través del PSOE en la Asamblea Regional una moratoria urbanística que permita hacerlo sin cometer un supuesto delito, el conflicto creció ayer.

El grupo municipal de MC, quien según fuentes de esta formación, desconocía que los socialistas iban a hacer ese movimiento, emitió un comunicado en el que atribuyó al equipo de gobierno local la iniciativa.

Según este partido, el Ejecutivo ha decidido «acudir de modo inmediato» al Parlamento regional, por su «compromiso con la sostenibilidad» y para «resolver los asuntos de interés de la comarca de Cartagena, como la protección del Mar Menor». La idea de acudir a la Cámara legislativa es que «la administración autonómica es la competente en medio natural, y con esta cautela damos seguridad jurídica a los trámites municipales y avanzamos en el marco normativo de protección medioambiental».

Fichaje de Juan Luis Martínez

En relación con Novo Carthago, Movimiento Ciudadano destacó que la declaración de la Asamblea sobre la moratoria urbanística debe «servir como pronunciamiento expreso sobre los desarrollos urbanísticos vigentes en dicha zona». La moción presentada el miércoles por el diputado socialista Antonio Guillamón cita ya de manera específica la necesidad de impedir los proyectos Novo Carthago (impulsado por la promotora Hansa Urbana y bajo investigación judicial por presunta corrupción), Cala Reona y Huerta Calesa.

La polémica en torno a la FAPA ha generado también una brecha en el Gobierno de Cartagena, en un contexto de mayor protagonismo público y dinamismo político de los socialistas tras la incorporación del exedil del PSOE y líder de Socialistas por Cartagena (SPCT) Juan Luis Martínez como jefe del gabinete de Castejón. El alcalde tiene como jefe de gabinete al abogado Jesús Giménez Gallo.

Su inesperado fichaje en pleno Carnaval, con el alcalde en el de Cádiz, abrió ya una puerta al recelo en el grupo de López, ahora «disgustado» al creer que «los socialistas funcionan con autonomía, al margen de la dirección política del alcalde». En el PSOE niegan ambas cosas y aseguran que era necesario un esfuerzo de difusión de su labor, algo que casa con los movimientos en la Alcaldía para mejorar la política de comunicación.

El lunes, Movimiento Ciudadano rechazó la petición del PSOE de solicitar un pleno extraordinario y urgente de la Junta Vecinal Municipal de La Palma, para abordar la contratación por parte de la federación de padres de la empresa de su presidente y vocal del PP en la citada Junta, Roberto Carlos Navarro, para hacer unos trabajos de asesoría fiscal con cargo a una subvención municipal de 3.000 euros. Ésta fue otorgada en 2014 por el Ejecutivo de Pilar Barreiro, del PP, y ha sido retirada de cara a este año por orden del actual edil de Educación, el socialista David Martínez.

«Se han adelantado, se han apresurado. Yo, al concejal de Educación le dije que yo esperaría, y lo que voy a hacer es esperar. Hemos pedido información a los servicios jurídicos y a Intervención sobre si es legal», dijo el martes el alcalde.

El primer edil ve la conducta de Navarro «poco moral, porque a pesar de que le cause un beneficio al Ayuntamiento a través de esa gestión, la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino que además tiene que parecerlo». Pero añadió: «Yo no puedo juzgar lo que hagan otros. Veremos si es normal, legal, si es lícito. Pero primero hay que poner luz y taquígrafos y escuchar a los técnicos», dijo.

Para los socialistas, que recibieron las palabras con «sorpresa y malestar», lo peor es cómo el alcalde marcó distancias tras las críticas del PP. El portavoz del Grupo Popular, Francisco Espejo, recordó al PSOE que su edil de Descentralización, Juan Pedro Torralba, contrató a su empresa para hacer unas obras cuando era pedáneo de Alumbres; y que el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Aznar, se construyó una piscina ilegal en El Palmero que ahora intenta legalizar.

«No metemos la mano»

«Lo más satisfactorio que saco de esta polémica -declaró López- es que de MC, del actual alcalde, y tampoco de los miembros del gobierno porque no estaban de manera activa en la política, aunque si lo estaban en el partido, ni de los anteriores concejales nadie ha podido decir nada. Y creo que nadie va a poder decir nada». El alcalde añadió: «Nosotros trabajamos por y para Cartagena. Podemos meter a pata, pero la mano no. Ya me encargaré yo, si alguno de los míos mete la mano, de cortársela, literalmente si hiciera falta. No se puede defraudar a Cartagena. No se puede hacer lo que se hace con el dinero de los cartageneros. Uno viene a la política a darse, y no a recibir. Por lo tanto, mi reproche para cualquier persona que haga un uso indebido de los fondos públicos».

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