La Defensora del Pueblo sitúa al municipio como segundo en su lista negra

El Ayuntamiento de Cartagena es el segundo de España que más se está demorando en contestar una petición de información de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril sobre el registro de asociaciones locales, formulada hace ya 423 días.

Otros cuatro ayuntamientos de la Región (Ceutí, La Unión, Totana y Mazarrón) y Totana figuran entre las 36 administraciones locales españolas que más están tardando en contestar peticiones de la Defensora.

En un comunicado, el Gobierno municipal afirmó que el Ayuntamiento de Cartagena aparece en el listado de administraciones no colaboradoras con el Defensor del Pueblo debido a un expediente que «nace de la denuncia de un vecino quien, ante el reiterado incumplimiento del reglamento de participación ciudadana por parte del anterior Ejecutivo local, no atendiendo ni respondiendo las preguntas formuladas por este ciudadano a la Junta Vecinal de El Algar, presentó escrito ante del Defensor del Pueblo». Lo hizo el 23 de mayo de 2013, contra la citada Junta Vecinal y el Ayuntamiento de Cartagena.

«El vecino, natural de El Algar, se dirigió al Defensor del Pueblo una vez hubo agotado todos los cauces administrativos habilitados por la administración local, adjuntando documentación que acreditaba preguntas presentadas con más de un año de antigüedad, sin haber recibido respuesta alguna. Por todo lo expuesto, cabe concluir que todo se debe a la inacción del anterior equipo de Gobierno [del Partido Popular] que hizo caso omiso a tres requerimientos de dicha institución».

Según el Ejecutivo actual, de PSOE y Movimiento Ciudadano, «además conviene aclarar que el motivo de esa queja ciudadana obedeció a la nula respuesta obtenida de la anterior Junta Vecinal, así como del Ayuntamiento a las cuestiones que les planteó, por lo que al cambiar los miembros de dichos organismos ya no es posible emitir una respuesta, pues no les corresponde a los actuales representantes públicos explicar hechos del pasado».

El equipo de gobierno expresó, en todo caso, «su predisposición a colaborar y trabajar de manera conjunta con el Defensor del Pueblo al objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos, además de reiterar el compromiso municipal con el fomento de la transparencia en la gestión pública, así como garantizar la participación ciudadana».