Un exconcejal y dos técnicos afrontan un posible juicio por anular una licencia

«No existe el menor indicio de que los querellados se propusieran otra finalidad que dar satisfacción, con el menor coste posible para el Ayuntamiento, a lo que percibían con fundamento como una aspiración popular... Ahora bien, la finalidad personalmente desinteresada de los querellados no es incompatible con la conciencia de que se estaba utilizando un medio arbitrario para conseguirla». Así argumenta el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, Jacinto Aresté, su decisión de mantener la imputación por prevaricación administrativa que pesa sobre el exconcejal de Urbanismo Joaquín Segado, el exgerente y actual director general de Urbanismo Jacinto Martínez y otra funcionaria de ese departamento, así como de situarlos a las puertas del juicio oral.

El cambio de criterio de la Fiscalía, que al principio no apreció reprochable a nivel penal la decisión de anular la licencia a la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía para construir un edificio en esa localidad costera, y destinar su parcela a construir una plaza pública, llevó al juez a revisar a fondo el expediente.

Y, en un reciente auto al que ha tenido acceso 'La Verdad' y que acaba de recurrir el Ayuntamiento, ha concluido que tanto el exconcejal del Partido Popular (actual asesor del Gobierno regional en la Consejería de Cultura) como los funcionarios actuaron con la «conciencia» de emplear medios arbitrarios para satisfacer la petición de una asociación vecinal de destinar el suelo a una plaza pública.

A través de la Asociación para la Defensa del Entorno de la Azohía (Adela), un grupo de residentes esgrimió que el solar había tenido ya un fin colectivo, al servir de sede al derribado cuartel de la Guardia Civil; que los propietarios llevaban años sin iniciar las obras del nuevo inmueble; y que la revisión del Plan General ofrecía la oportunidad de satisfacer la aspiración vecinal de reclasificar esa parcela urbanizable como equipamiento.

«Carece por completo de fundamento jurídico que se deje sin efecto una licencia [de obras] por incumplimiento de las condiciones, sobre la base de la falta de una licencia de actividad cuya concesión en aquel momento estaba suspendida» por la tramitación del nuevo Plan General, concluye el juez.

El magistrado explica que en su escrito que existen indicios suficientes de que «cuando los querellados forman la decisión de dejar sin efecto la licencia de obras, por incumplimiento de las condiciones impuestas en su otorgamiento, eran conscientes de que los supuestos incumplimientos se producen en un momento en que se hallaba en trámite una revisión urbanística que iba a hacer perder virtualidad a la licencia otorgada, por ser incompatible la ejecución de lo proyectado con el planeamiento en trámite».

Indemnización de 3 millones

Esta resolución judicial pone fin a la instrucción y abre la denominada fase de procedimiento abreviado. El magistrado ha trasladado su auto a la Fiscalía, la defensa y la acusación particular (la empresa, que en un pleito civil reclama una indemnización de tres millones de euros), para que a su vez soliciten la apertura de juicio oral, el archivo del caso o la práctica de diligencias complementarias.