Medio Ambiente subraya la falta de control del vertedero durante años

Responsables de la Dirección General de Evaluación Ambiental subrayaron ayer la falta de control municipal sobre el vertedero municipal de Mina Regente, gestionado por la empresa mixta Lhicarsa, formada por el Ayuntamiento y FCC. De los cuatro años que ha sometido a investigación, todos menos cuatro meses corresponden al anterior Gobierno local del PP, que habría incumplido así, conscientemente o por ignorancia, una ley de 2011.

La Administración regional ha atendido una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) sobre el funcionamiento presuntamente irregular del vertedero y sus inspectores han comprobado que, entre 2012 y 2014, solo se recuperaron un 17% de los residuos urbanos que los camiones de Lhicarsa recogían en los contenedores del municipio. Una portavoz de la Dirección General dijo que este porcentaje es «claramente insuficiente» y comporta irregularidades.

Los incumplimientos, que han llevado a verter al depósito municipal más basura de la necesaria y han reducido su vida útil, se remontan como poco al segundo año de la pasada legislatura, cuando el concejal competente era el actual portavoz municipal del Partido Popular, Francisco Espejo. El edil aseguró ayer que el Ayuntamiento no pudo ejercer un control directo porque las competencias son de la Administración regional. Es lo contrario de lo que dijo cuando era director general de Calidad Ambiental en 2009, y él mismo detectó problemas similares en el depósito.

Además, la actual responsable regional, la directora general de Evaluación Ambiental, Encarna Molina, informó de que la ley 22/2011 sobre residuos reafirma la «obligación del Ayuntamiento de ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora» en el vertedero. «La competencias de la Comunidad Autónoma son tramitar la evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales para el correcto funcionamiento de las instalaciones, pero corresponde al Ayuntamiento velar por el cumplimiento del contrato con el concesionario del servicio municipal», añadió.

La misma ley que pone en evidencia al Partido Popular, entre julio de 2011 y el pasado verano, obliga al nuevo Ejecutivo, del PSOE y de MC, a tomar medidas ya. El alcalde, José López, ha mantenido reuniones con FCC, la compañía con la que el Ayuntamiento tiene el acuerdo de gestión de Lhicarsa. Y ha manifestado su intención de hacer cambios importantes en el contrato y revisar, entre otras, esta cuestión.

«Si pasó eso, me engañaron»

Francisco Espejo aseguró ayer que, pese a ser concejal de Infraestructuras desde 2011 hasta el pasado 13 de junio, no supo nada del incorrecto funcionamiento de Lhicarsa que ahora investiga la Administración regional. «Si realmente hubo irregularidades, me engañaron», alegó.

Un portavoz de Alcaldía insistió en que Espejo no puede eludir su parte de responsabilidad en «la ineficacia» del anterior Gobierno, «por acción o por omisión como miembro del consejo de administración de Lhicarsa» y en la nula fiscalización posterior de los datos de separación de basuras. Además, Espejo estaba informado de problemas en Mina Regente desde 2009, pues entonces era director general.