La Fiscalía descarta pedir la excarcelación de los compañeros del policía fallecido

Una extraña mezcla de serenidad y tensión, expresada durante horas en un goteo de manifestaciones de desconsuelo, abatimiento, rabia e impotencia, se adueño ayer de Cartagena en el día siguiente a la muerte uno de los seis policías nacionales encarcelados por su presunta implicación en el 'caso Cala Cortina'. Por la mañana, mientras una treintena de compañeros de estos seis agentes en la Brigada de Seguridad Ciudadana se reunió a las puertas de la Comisaría, para guardar un minuto de silencio en recuerdo de Gregorio Javier G. M., varios familiares del resto de funcionarios imputados por la desaparición y muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez se presentaron en la Fiscalía y pidieron sin éxito la excarcelación de aquéllos.

En la concentración matinal, entre velas y ramos de flores depositadas en la calle como tributo a Gregorio Javier, la hermana de uno de los agentes que siguen en prisión, Ana Belén Solano, resumió así los sentimientos de estupefacción y dolor por lo ocurrido: «Ha sido lo peor que podía suceder. Nadie se lo esperaba. Ahora más que nunca pedimos que pongan a los demás en libertad, para que un hecho así no se repita».

Ya por la tarde, coincidiendo con la concentración semanal organizada por parientes de los policías para reclamar su puesta en libertad a la espera del juicio -que según fuentes del caso podría celebrarse en el segundo semestre de 2016-, cerca de 400 personas arroparon con su presencia a la familia de Gregorio Javier.

Anoche, al cierre de esta edición se esperaba para hoy o, como muy tarde, mañana el traslado del cadáver hasta el Tanatorio Estavesa de Cartagena desde el Instituto de Medicina Legal de Madrid, donde fue practicada la autopsia. El informe forense aclarará si la causa del fallecimiento en el Hospital Gregorio Marañón (donde Gregorio fue ingresado el lunes tras un empeoramiento de su estado de salud el domingo en la prisión de Estremera) fue una pancreatitis, como apuntan los primeros datos.

Protección de un testigo

Asimismo, en la ciudad portuaria quedó pendiente la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 4, María Antonia Martínez, respecto a la solicitud realizada por los abogados de los agentes imputados (por los presuntos delitos de detención ilegal y asesinato) para que se les conceda un permiso especial y puedan asistir al entierro de su compañero.

Lo que no variará es la decisión de la Fiscalía de mantener su criterio de que los cinco agentes continúen en prisión preventiva, debido en especial al temor a que la salida de éstos a la calle suponga un entorpecimiento de la investigación. En concreto, el Ministerio Público quiere evitar la posible influencia en el testigo protegido sobre el que pivota la causa. Se trata de la persona que dio un vuelco al caso al implicar a los agentes.

Según las fuentes consultadas, la fiscal Verónica Celdrán trasladó ayer a los familiares de los agentes, a los que recibió en su despacho, su «profundo pesar» por el fallecimiento de Gregorio Javier, pero les hizo ver que su obligación es asegurar la aplicación de la ley, a la vista de los graves indicios delictivos que pesan sobre los funcionarios.

En medios judiciales recordaron que tanto la Fiscalía como la juez que instruye el caso tienen el respaldo de la Audiencia Provincial. Ésta rechazó los recursos de las defensas y determinó que el auto de encarcelamiento provisional de los seis agentes de la Comisaría fue debidamente motivado.

Entre otras cuestiones, los abogados de los imputados esgrimen que no existe riesgo de fuga, debido a que los agentes tienen arraigo en Cartagena por ser el lugar donde viven sus esposas e hijos, ni tampoco de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva porque mantienen su inocencia.

¿Caída por accidente?

Asimismo, sostienen que informes periciales arrojan dudas razonables que cuestionan la versión incriminatoria, según la cual Diego Pérez fue golpeado en el cuello con técnicas de artes marciales y, después, arrojado al mar. Las defensas apuntan que Diego, debido a la ingesta de estupefacientes, pudo extraviarse y caer por accidente por un acantilado.

Los seis funcionarios ingresaron en prisión el 8 de octubre de 2014, tras su detención dos días antes por sus compañeros de la Unidad de Asuntos Internos. Sus gestiones se iniciaron a finales del mes de marzo de ese año, cuando apareció flotando en Cala Cortina, a pocos kilómetros del casco urbano de Cartagena, el cadáver de Diego Pérez, que había desaparecido quince días antes. Este hombre, que padecía esquizofrenia y tenía problemas de drogodependencia, había alertado a la Policía, en la madrugada del 11 de marzo, de que estaba siendo amenazado y de que unos desconocidos trataban de acabar con su vida.

En esa línea se orientó la investigación hasta que la aparición de un testigo protegido, que dijo haber visto cómo los integrantes de tres coches patrulla se llevaban a Diego Pérez esa madrugada, cambió el curso de las gestiones.