El cultivo de unos terrenos diez años después añade más dudas sobre Novo Carthago

«El deterioro del proyecto, tanto a nivel económico como judicial, es tan grande que hasta la 'fachada' se les ha caído y ya no les importa mostrar una zona agrícola al lado de la oficina de venta de viviendas». Así resumió ayer el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) la imagen que, desde esta semana, ofrecen los terrenos del plan urbanístico Novo Carthago situados junto a la autovía de La Manga, a propósito del movimiento con tractores para volver a ser cultivados.

Una década después de la aprobación inicial, por parte del Ayuntamiento de Cartagena, del plan para construir diez mil viviendas, un campo de golf y dos hoteles de lujo, en el suelo no solo no hay ni un ladrillo ni una briza de hierba, sino que pronto serán sembrados, probablemente con alguna hortaliza de invierno (como la lechuga, el brócoli y la alcachofa).

Aunque la propiedad de las parcelas de San Ginés de la Jara no está clara, dado que en los juzgados hay varios procedimientos de embargo a Hansa Urbana por petición de varios bancos que dieron préstamos a esta promotora inmobiliaria, la presencia de la maquinaria agrícola indica que, a corto plazo, no hay una expectativa de construir.

El director de ANSE no tiene dudas de que, «tras la desaparición de las banderolas y el desmantelamiento de la oficina de ventas, el cultivo de estas tierras es otro paso hacia el punto y final del proyecto». Y calificó éste como «un símbolo del modelo de urbanismo salvaje que se ha querido imponer no solo junto al humedal de Lo Poyo y el Mar Menor, sino también en otras zonas del litoral de la Región de Murcia protegidos por su valor ambiental».

Embargos e imputados

Pedro García recordó que, además de por las dificultades económicas de Hansa Urbana (que recibió al menos 85 millones de euros de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo para financiar la macrourbanización), el proyecto está en entredicho por la investigación judicial a empresarios, políticos y funcionarios del Ayuntamiento y de la Comunidad por presunta prevaricación al autorizar la urbanización de espacios protegidos.

Entre otros, están imputados en un juzgado de Murcia los exconsejeros regionales Antonio Cerdá (Agricultura), Francisco Marqués (Medio Ambiente) y Joaquín Bascuñana (Ordenación del Territorio), todos del Partido Popular. También está en esta situación, en el Tribunal Supremo, la exalcaldesa y diputada nacional del PP Pilar Barreiro.