MC exige una querella contra Puerta Nueva

El concejal de Movimiento Ciudadano y consejero de la Sociedad Casco Antiguo, José López, exigió ayer públicamente que esta entidad solicite la ejecución provisional de la sentencia que le reconoce desde hace ocho meses una deuda de unos 2 millones de euros por parte de la promotora del barrio universitario, Residencial Puerta Nueva. También pidió que se presente una querella por presunto alzamiento de bienes contra los socios de esta mercantil, relacionada con el exalcalde socialista José Antonio Alonso. En la promotora prefirieron no hacer comentarios.

En declaraciones a 'La Verdad', López explicó que se basa en un informe jurídico encargado por Casco Antiguo a instancias suyas. El documento advierte de las dificultades para ver saldada la deuda, por dos motivos: uno es que los bienes embargados por un juzgado están hipotecados a nombre de Banco Mare Nostrum y su valor puede haber caído en picado por la crisis; otro es que la promotora tiene un crédito de 9,8 millones de euros, pero es de dudoso cobro, porque forma parte de préstamos a socios y cesiones de crédito entre Puerta Nueva y otras entidades vinculadas a su Consejo presuntamente irregulares.

Lo que el edil de MC reclama es que el Consejo de Casco Antiguo se reúna de forma urgente (López asegura que en la Gerencia le prometieron que la reunión se celebraría como muy tarde hoy), para acordar todas las medidas a su alcance. Según López, para no ir contra los intereses generales del municipio, es imprescindible reclamar el pago y llevar a la vía penal a los socios para que se investiguen los créditos antes de que los posibles delitos prescriban.

Aunque el abogado contratado por Casco Antiguo halló indicios de que la empresa había sido vaciada, el Gobierno local de Pilar Barreiro rechazó la petición de los grupos de la oposición (MC, PSOE e Izquierda Unida-Verdes) de acudir a la vía penal y solicitar a la vez la condena de los socios y el reintegro del dinero obtenido en la gestión del proyecto municipal de recuperación del barrio.

El Gobierno local, del PP, mantuvo que la prioridad es cobrar la deuda, y que cuando se agote la vía civil se planteará la penal. MC exige rectificar, pues el informe evidencia el riesgo de que los posibles delitos prescriban antes de que el Ayuntamiento exija responsabilidades.

López indicó que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie, previsiblemente dentro de varios años, «podría llevar a la indeseable situación de que no se pudiera investigar» y cobrar la deuda. Añadió que, en la querella que contra Puerta Nueva que anunció hace varias semanas, incluirá la posible comisión de un delito de prevaricación continuada por parte de Casco Antiguo y de los responsables del Gobierno municipal.

La deuda es consecuencia de que, de 2007 a 2010, Casco Antiguo no exigió las liquidaciones anuales que establece el contrato. Éste fija el pago al municipio del 30% de las plusvalías extras por la venta de las casas.