A juicio el exalcalde y dos exjefes de la Policía de Caravaca por desguace ilegal de 300 vehículos

Fue en el año 2013 cuando trascendió que desde el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se llevaban largos años -al menos, desde 2001- enviando a la empresa Desguaces y Recuperaciones Los Pañeros, de manera presuntamente ilegal, un elevado número de turismos y ciclomotores que, tras haber sido abandonados por sus dueños en la vía pública, acababan en ese complejo industrial para su destrucción.

La remisión de esos vehículos al Desguace Los Pañeros se efectuaba, en apariencia, «a sabiendas de que se estaban incumpliendo de forma flagrante los trámites esenciales del procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, ya que no se tramitó expediente alguno de contratación, ni se celebró concurso o subasta (para establecer cuál era la firma que debía encargarse de prestar ese servicio de desguace), ni se justipreciaron los vehículos (no se elaboró informe alguno para establecer formalmente su valor)», tal como señala el representante del Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

En apariencia, según ha acabado determinando la investigación judicial, simplemente se procedía a entregar los automóviles y ciclomotores a ese desguace cuando el depósito municipal de vehículos empezaba a llenarse. Aunque en otras ocasiones habría sido directamente la grúa privada la que, por indicación de la Policía Local, recogía los coches directamente en la vía pública y los trasladaba hasta el complejo en el que iban a ser desmontados y descontaminados.

Estas aparentes prácticas ilícitas trascendieron a raíz de la denuncia interpuesta por un particular, propietario de un vehículo que fue retirado de la vía pública y desguazado sin que nadie le alertara de tal circunstancia. A ella se sumaron los dueños de otros coches y motos que habían seguido el mismo camino hacia su completa destrucción.

El asunto motivó la apertura de un expediente municipal, que acabó en propuesta de sanción para los dos responsables de la Policía Local en el periodo 2001-2013, José Antonio C. P. y Jesús F. B., al constatarse la comisión de infracciones administrativas. Pero el asunto acabó finalmente en un juzgado de instrucción y la depuración de posibles responsabilidades penales ha terminado yendo bastante más allá.

Así, en su escrito de calificación, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el fiscal atribuye toda la culpa de esta práctica a quien entonces era el primer edil caravaqueño, Domingo Aranda. En concreto, le acusa de haber cerrado «un contrato verbal» con el dueño de Los Pañeros, Alonso P. C., «fijando un precio de 20 euros por cada vehículo, mientras las motocicletas iban sin cargo».

En virtud de tal acuerdo, el entonces alcalde habría ordenado entre 2001 y 2013 el traslado de decenas de ciclomotores al citado desguace, pese a lo cual solo existe constancia de que el Ayuntamiento recibiera un único pago de 2.440 euros en diciembre de 2005, en concepto de «compra de vehículos abandonados en la vía pública y retirados por la Policía Local».

No se volvieron a registrar más pagos desde el Desguace Los Pañeros al Consistorio caravaqueño, pese a que posteriores liquidaciones certificaron que solo entre 2006 y 2013 se siguieron entregando para su destrucción hasta 235 automóviles y 18 ciclomotores. La deuda contraída e impagada por el centro de gestión de vehículo ascendió así a 35.272 euros.

Por estos presuntos hechos, la Fiscalía acusa a Domingo Aranda y a Alonso P. C. de sendos delitos de prevaricación -en el segundo caso, en calidad de cooperador necesario-, por los que reclama sendas penas de ocho años de inhabilitación. Y no aprecia responsabilidad penal alguna en los exjefes de la Policía Local, José Antonio C. P. y Jesús F. B., al estimar que sus ilegalidades no trascendieron el ámbito de la irregularidad administrativa.

Lectura bien distinta realiza el letrado Eduardo Romera, quien impulsa la acusación particular en este proceso, pues considera que durante esos largos años fueron José Antonio C. P. y, más tarde, su sucesor, Jesús F. B., quienes decidieron directamente el envío de vehículos desde el depósito municipal al desguace, cuando no los que ordenaron sin más trámites la retirada por la grúa privada en la misma vía pública. Así se habría hecho con más de 300 coches y motos desde el año 2005 a 2013, causando un supuesto perjuicio al municipio de 33.574 euros. Y todo ello con el aparente conocimiento y consentimiento de quien era alcalde, Domingo Aranda.

Ya con Jesús F. B. al frente de la Policía Local, se habría comenzado a enviar coches y ciclomotores a otro centro de tratamiento, aunque en este caso se admite que el valor de esos vehículos se compensó con la habilitación de tres dotaciones policiales, a las que esa empresa instaló los puentes luminosos y sonoros, reparó la pintura, montó altavoces...

La conclusión final a la que llega la acusación particular es que se habrían cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación y reclama para José Antonio C. P. y Jesús F. B. sendas penas de dos años de prisión y veinte de inhabilitación. Para el exalcalde Aranda se reclaman quince años de inhabilitación por presunta prevaricación, y para el dueño del desguace, dos años de cárcel y cinco de inhabilitación por presunta malversación.

El asunto está pendiente desde hace varios meses de que la Audiencia Provincial de Murcia señale la fecha para la celebración de la vista oral.