Campos de golf y un lavadero de coches también utilizaron desaladoras ilegales
La investigación del 'caso Topillo' por contaminar el Mar Menor se amplía más allá del sector agrario. El magistrado Garrote abre una pieza separada con 111 nuevos imputados, casi todos agricultores. Entre los sospechosos de generar caudales con plantas ilegales está el propietario de un lavadero
La investigación del 'caso Topillo', que desde hace cuatro años se orienta a identificar y llevar a juicio a los responsables penales del grave ... deterioro ambiental del Mar Menor, ha superado ya las fronteras del sector agrícola y se ha extendido a otros ámbitos productivos. Al menos tres compañías inmobiliarias, impulsoras de urbanizaciones con campos de golf en la Región, están siendo investigadas por la supuesta utilización de desaladoras clandestinas, lo que les habría permitido generar los caudales necesarios para mantener el césped en buen estado. Eso sí, a costa de generar un rechazo de nitratos que habría acabado en la laguna, como el de decenas de instalaciones más, hasta arrastrar a este espacio natural a una situación de contaminación prácticamente irreversible.
La imputación de los responsables de las tres compañías inmobiliarias y de quienes se encargaban de la explotación de sus campos de golf en la Región –Roda Golf & Beach Resort, Calidona Roma y Abula Golf & Resort– está recogida en una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, por la que cita a declarar en calidad de investigados hasta a 111 compañías –fundamentalmente agrícolas–, administradores y socios de las mismas y empresarios particulares.
El magistrado comenzó ayer a tomar declaración a todos estos nuevos implicados, que aparecen señalados como presuntos responsables de realizar vertidos de nitratos a la laguna mediante el rechazo generado por desalinizadoras ilegales. Estas instalaciones se vendrían utilizando de manera encubierta, desde hace años, para convertir el agua salobre de pozos subterráneos en caudales aptos para el riego. Las tomas de declaraciones se extenderán al menos hasta mediados de diciembre, según el calendario fijado por el instructor.
El magistrado Garrote tomará declaración hasta mediados de diciembre a 111 nuevos imputados por contaminar el Mar Menor
Estas investigaciones concretas surgen del análisis de la documentación aportada por la firma Hidrotec, que presuntamente se dedicaba a instalar plantas desalobradoras clandestinas en cultivos del Campo de Cartagena y que, según señalan fuentes próximas al caso, viene colaborando activamente con el juzgado y con los agentes del Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Guardia Civil que llevan las gestiones sobre el terreno.
«Una pluralidad de empresas»
Los datos facilitados por Hidrotec han permitido dar con las explotaciones agrícolas, y con los tres campos de golf mencionados y hasta con un lavadero de coches, donde supuestamente se habían montado desalobradoras no autorizadas. El Seprona, en un reciente informe, ya alertó de que «hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente».
La voluntad de colaboración de sus directivos no ha impedido, pese a todo, que también la propia firma Hidrotec se encuentre encartada en estas diligencias, «por suministrar desaladoras y consumibles para su utilización, a sabiendas de su ilegalidad».
Ayer prestó ya declaración el administrador de la firma Abula Golf & Resort, quien pese a señalar que no tenía un conocimiento estricto de cómo se mantenía el campo de golf, sí admitió que contaban con una desaladora y que se utilizaba, al menos en algunas ocasiones concretas de especial déficit hídrico, para producir agua con la que regar esas instalaciones deportivas.
Una pieza separada para evitar que la causa principal sufra graves retrasos
El magistrado del 'caso Topillo', Ángel Garrote, ha decidido abrir una pieza separada con los 111 nuevos imputados por su presunta implicación en la contaminación del Mar Menor. La medida tiene por objetivo evitar que la pieza principal de estas diligencias, en la que están encartadas 43 grandes compañías agrícolas y también empresarios particulares de ese sector, pueda sufrir importantes retrasos en su tramitación como consecuencia de estas ramificaciones que van surgiendo. El instructor pretende impulsar al máximo la investigación en los próximos tres meses, debido a que cuenta con un refuerzo en su juzgado y ello le permitirá centrarse prácticamente en exclusiva en esta macrocausa, cuyo origen se remonta al año 2017.
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