El campo se rebela contra las insinuaciones e inspecciones por «esclavitud» del Ministerio

«Lo que se indica en esa circular, que por lo que nos ha dicho el secretario de Estado son instrucciones generales que se mandan todos los años, nos suena a otra galaxia en la Región», afirma el presidente de COAG, Miguel Padilla, que aclara que siempre se hacen inspecciones, «a lo que nunca nos hemos negado». Pero «a lo que sí nos oponemos es a que se utilicen esos términos, generalizando, ya que aunque sea un protocolo nos parecen impropios e inadecuados. Es una barbaridad».

Y es que en el documento enviado a las jefaturas provinciales, encabezado como 'Nota para la actuación inspectora campañas agrícolas mayo/junio 2020' se habla de un objetivo para la detección de supuestos que «constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre».

Entre las preguntas del cuestionario se encuentran algunas como: «¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras en las manos?; ¿hay signos visibles que indiquen que el trabajador no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes?; ¿Existen otros indicios de confusión mental o de violencia?; ¿Muestran los supervisores/empleadores un comportamiento violento?».

Fuentes ministeriales indicaron ayer a Efeagro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realiza campañas específicas «en todos los sectores», incluido el primario, y debe tener protocolos para detectar cualquier infracción laboral. Así lo justificaron tras desvelarse el cuestionario que efectuarán los inspectores dentro de la campaña ordenada para el sector agrícola, que ha generado controversia por las preguntas y los términos formulados.

«Todo buen agricultor elimina las malas hierbas para que no sean refugio de plagas y enfermedades, así el cultivo crecerá sano y dará fruto. Es un trabajo muy delicado, de precisión, que requiere no pasarse en la dosis a aplicar o, de lo contrario, el deterioro causado sería irreparable. De igual forma, la ministra de Trabajo y su cuerpo de inspectores quizás harían bien en no confundir el frondoso y fértil huerto que constituye nuestra agricultura, con un campo de malas hierbas a las que fumigar con pulverizador», expone el director de Proexport, Fernando Gómez,

Desde Asaja Murcia califican también como «inaceptable e indignante» las instrucciones dadas para investigar posibles casos de explotación, amenazas o violencia a jornaleros durante las campañas de recolección. Su secretario general, Alfonso Gálvez, señala que «es totalmente inadmisible la postura del Ministerio, y nos parece una barbaridad, pues los agricultores y el sector agroalimentario de la Región se caracterizan por su profesionalidad y buen hacer; es ejemplar y es ofensivo que se investiguen casos de esclavitud».

El coordinador regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Marcos Alarcón, considera que lo que ha ocurrido es un «desatino», ya que si se sospecha que hay situaciones de esclavitud, «a quien hay que mandar es a la Policía, no a la Inspección de Trabajo». Y lo que sí reivindica es que en la Región «el sector agrario es del siglo veintiuno y medio, por lo menos, así que aquí no falta mano de obra, y eso es porque se cumple el convenio». Y aunque pueda haber alguna situación descontrolada, «sería como en cualquier otro sector». Por ello, pide que la Inspección «haga su labor», pero «que se evite señalar» a todo el campo. Añade Alarcón que «nunca había visto nada parecido –en referencia al cuestionario–, es como si se nos quisiera comparar con los antiguos campos de algodón de EE UU».

«Esperamos que el Ministerio rectifique pues el campo es muy profesional. Es importante no juzgar a nuestros agricultores y ganaderos, que están trabajando intensamente para que los alimentos lleguen a los hogares», apunta Gálvez.

En esa línea, el director de Proexport exige «proporcionalidad, mesura y resarcir cuanto antes este descrédito público, es lo único que pedimos desde este humilde sector empresarial que no ha cerrado la persiana durante la crisis para mantener el empleo de cerca de 800.000 trabajadores en este país».

«Los agricultores murcianos son un ejemplo en eficiencia hídrica, innovación, nuevas tecnologías, internacionalización agroalimentaria y en el respeto a la legalidad, y eso es un hecho que todo el mundo sabe», concluye Gálvez.