El campo reacciona con sentido común

Los primeros diez días fueron «caóticos», «estresantes» y donde el «miedo» de trabajadores y empleadores campaba a sus anchas. Una situación vivida en la que coinciden tanto los representantes sindicales como los de las organizaciones agrarias y los empresarios y cooperativas.

Pero una vez el sector supo reaccionar, en algunos casos antes que en otros, y los protocolos de seguridad se fueron poniendo en marcha, las aguas volvieron a su cauce mayoritariamente. Pero como en todo, siempre hay excepciones y los sindicatos han tenido que presentar denuncias por incumplimientos de estos protocolos en una veintena de ocasiones. Eso sí, salvo el reciente caso de contagio del virus en una finca de Totana, no se ha producido ningún otro.

La actividad, calificada de primera necesidad por el Gobierno español desde el primer decreto de alarma, firmado a mediados de marzo, no podía parar, y eso lo tuvieron claro los agricultores y productores de la Región. «Desde el minuto uno de ese mismo sábado, nos pusimos a trabajar, porque había que estudiar a conciencia el decreto para saber lo que se debía hacer; el lunes nuestros 30.000 trabajadores iban a volver a los almacenes y a las fincas y su seguridad debía estar garantizada», explica el presidente de la patronal de hortalizas la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región, Proexport, Juan Marín.

Los empresarios, además de combatir al virus tenían que hacer frente a otro enemigo: el miedo de los trabajadores a ir a sus puestos por el temor al contagio si no estaban las necesarias medidas de seguridad. «De hecho, las bajas fueron importantes al principio», comenta Marín.

Tras muchas llamadas y reuniones entre representantes de Proexport, de la Comunidad Autónoma y con el delegado del Gobierno («que apeló al sentido común para interpretar el decreto»), el lunes se elaboró un protocolo en el que se recogían las medidas a implantar, tanto para el transporte de los trabajadores como la separación mínima entre ellos en el campo y en los almacenes, además de facilitarles equipos de seguridad personal.

«Pero teníamos un problema gravísimo, y es que si no había suficiente material para los sanitarios, cómo lo iba a haber para el campo», matiza Marín. Eso se tradujo en que en los primeros tres a cinco días hubo un absentismo laboral muy grande.

«Tras esa semana terrible, y una vez que se pusieron en marcha las medidas, los trabajadores empezaron a volver al sentirse seguros y, crucemos los dedos, los resultados lo demuestran; aunque reconozco que no respiré hasta la tercera semana», destaca el presidente de Proexport, cuyo protocolo sirvió de base para otras organizaciones y asociaciones de la Región.

En la misma línea se expresa Joaquín Gómez, presidente de la otra gran patronal del sector, Apoexpa (Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y otros productos). Cuando recuerda los primeros días le viene a la cabeza la incertidumbre que campó a sus anchas hasta que se cerró el protocolo. «Ante la falta de material en España, decidimos importarlo y distribuimos entre nuestros asociados termómetros, mascarillas, y test de detección del coronavirus, aunque no son obligatorios», comenta Gómez, que recuerda que también gestionó la compra de material para la Federación de Cooperativas Agrarias, Fecoam. En total se adquirieron 15.000 test para los 38 socios de Apoexpa.

«Nuestro principal objetivo era que se perdiera el miedo a ir a trabajar porque las empresas temían que hubiera mucho absentismo, pero las plantillas se han mantenido mayoritariamente».

Uno de los cambios que se han producido al poner en marcha medidas como el distanciamiento en el campo y en los almacenes ha sido la ralentización del trabajo, si bien «hemos conseguido que la campaña se vaya desarrollando bien». Estos días se está trabajando a pleno rendimiento con el melocotón, la nectarina, la ciruela y el paraguayo.

Del gran empresario a las cooperativas poco cambia el discurso, si bien desde Fecoam, su presidente, Santiago Martínez, quiere subrayar el esfuerzo generalizado que los socios han hecho para hacer frente a la pandemia. «De la nada se pasó a ir adquiriendo el material necesario -que era difícil de encontrar- para la seguridad de los trabajadores, y en alguna cooperativa se ha instalado un túnel de ozono de desinfección por el que pueden pasar grupos de hasta 15 personas, al comienzo y al final de la jornada».

La federación de cooperativas también ha firmado un convenio con la empresa Jera Avanza, que busca empleo a trabajadores con alguna discapacidad, «para que estén continuamente desinfectando todos los rincones de los almacenes», comenta Martínez.

Esos inicios caóticos, que dieron paso a una interiorización e implantación mayoritaria de las reglas de seguridad, también fueron constatados por las organizaciones agrarias de la Región.

Miguel Padilla, presidente de Coag, ha vivido en primera persona los efectos de la pandemia como productor agrícola. «Hubo mucho estrés y miedo, sobre todo en el manipulado, lo que ralentizó el trabajo; hubo que ajustar horarios en el transporte de trabajadores, lo que ha supuesto incrementar los costes», comenta. Desde el primer momento tuvieron que «buscarse la vida» para seguir las instrucciones de Sanidad, «porque nadie nos ha dado nada ni había información específica».

Pese todo, «hemos podido sacar adelante la producción», apunta. Ahora lo que más le preocupa es que, debido al paso a fases donde se está relajando el confinamiento, en el campo no se mantenga el mismo grado de precaución. «Mantener la distancia física es básica en todo momento, incluso cuando se está descansando», señala. En este punto coincide Joaquín Gómez, de Apoexpa, quien añade que «no nos podemos permitir ese lujo».

Desde Asaja, Alfonso Gálvez explica que al principio, en muchos casos, se pudo echar mano de los equipos de protección integral utilizados en los almacenes para evitar la contaminación de los alimentos como protección para los trabajadores, lo que permitió ganar tiempo hasta que empezaron a estar disponibles «y se hizo acopio de material». Gálvez subraya que en el campo «con el calor, es más útil para evitar contagios la distancia de seguridad que las mascarillas».

Desde UPA, su secretario general, Marcos Alarcón, pone el acento en el impacto negativo que la pandemia ha tenido en el sector, como el cierre de los mercados para subsectores como el vino, las flores y la ganadería. Así como que los protocolos anti virus han restado eficiencia al trabajo (más distancia, menos puestos).

Un tercer punto a considerar es el aumento de los costes del transporte hacia los mercados europeos. «Se han incrementado hasta pagar 2.500 y 3.000 euros por viaje (casi el doble) porque no había posibilidad de que el camión retornara con otra carga». En términos generales, pues, la pandemia ha incrementado en un 30% los costes de producción.

Alarcón concluye que el esfuerzo del sector «que, en general, se ha portado muy bien, merece un aplauso porque empresarios y trabajadores han garantizado de manera eficiente la cadena de alimentación y la soberanía alimentaria de nuestro país».

Dos ejemplos que confirman lo que han expuesto los representantes del sector son la empresa Campo de Lorca y la cooperativa Thader de Cieza. En el primer caso se designó un equipo interno multidisciplinar para la gestión de esta crisis, en el que responsables de gerencia, administración, producción, seguridad alimentaria, recursos humanos, marketing y enfermería, implantaron un protocolo de prevención de seguridad. Conchi Pérez y Josefina Gómez, miembros de este comité relatan que «la capacidad de reacción fue inmediata», incluso antes de decretarse el estado de alarma. La empresa implantó «en tiempo récord» control de temperatura a empleados y personal externo, entrega de EPIS, aumento de los puntos de dispensadores de hidroalcohol, mayor frecuencia de limpieza, desinfección diaria del centro de trabajo por una empresa especializada y separación de puestos de trabajo con paneles de policarbonato, entre otras.

Estas medidas se han complementado con formación continua a los trabajadores, actualizando la información sobre las nuevas medidas y las pautas facilitadas por el Ministerio. «Garantizar la salud de los trabajadores es lo más importante», subrayan.

Mª Carmen Salinas es la gerente de la cooperativa Thader de Cieza. «Parece mentira ahora lo difícil que fueron los primeros días», indica al recordar que hubo que poner patas arriba la organización de todo el almacén, abriendo tres puertas para que no coincidieran los empleados al entrar y salir; y ampliar a tres los baños. En plena campaña de la fruta, como en la actualidad, trabajan entre 400 y 500 personas. «Además de llevar los trajes EPI, y la separación entre trabajadores, se desinfectan cuerpos y pies».

Pero todas las monedas tienen dos caras y, en este caso, el sector tampoco se ha librado de comportamientos más oscuros que claros. Los representantes de los trabajadores del campo de Comisiones Obreras y UGT han denunciado en varias ocasiones lo que se estaba haciendo erróneamente. El representante de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, José Ibarra, apuntan que las dos primeras semanas fueron «caóticas» y recibieron «muchas quejas» de los trabajadores por falta de protocolos de seguridad. «Exigimos que, además de la distancia, se les dieran mascarillas, pero lo cierto es que en muchos casos solo las tienen quienes están cerca de las carreteras o caminos, donde pueden ser vistos», apunta. Con todo, reconoce que «salvo el caso de Totana» no ha habido brotes en el sector.

Ramón Inarejos, de la federación de Agro de UGT, lamenta que donde más problemas ha habido ha sido en empresas donde no hay representación sindical, porque «la prevención ha brillado por su ausencia en mayor medida». Son pequeñas y medianas y suponen casi el 70% del total. UGT ha presentado ante Inspección de Trabajo una veintena de denuncias, principalmente en la zona de la Vega Media, por incumplimientos de las medidas de seguridad, si bien apunta que «hay empresas que lo han hecho muy bien y sería injusto generalizar».