Caduca el expediente que el abrió el Gobierno regional para anular su contrato

El expediente abierto en enero de 2017 por el Gobierno de Murcia para revisar de oficio el contrato suscrito con el letrado de la empresa pública Desaladora de Escombreras Andrés Arnaldos por considerarlo nulo de pleno derecho ha caducado, por lo que no puede tener efecto jurídico.

A esta conclusión llega el dictamen que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha emitido a instancias de la Consejería de Agua, Agricultura y Ganadería, al que ha tenido acceso Efe.

Aunque por ese motivo el informe no entra en el fondo el asunto, no descarta que, como sostienen los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, el contrato firmado por esa empresa y el letrado para que la defendiera en unas demandas presentadas contra ella, por el que ha reclamado 1,4 millones de euros, fuera nulo de pleno por haber prescindido del procedimiento previsto en la ley.

Señala al respecto que "la inexistencia de designación realizada por los órganos sociales en cuanto al encargo para la defensa judicial de esa mercantil, según el informe del apoderado general de la sociedad, hace que pueda no existir la voluntad de la misma en el referido contrato y que concurriera una nulidad de pleno derecho".

Pese a declarar la caducidad del expediente, el CJRM dice a la consejería que nada impide que pueda incoar otro nuevo para depurar las responsabilidades que considere oportunas contra Arnaldos, al que, junto con otras diez personas, entre las que se encuentra el exconsejero regional Antonio Cerdá, investiga un juzgado de instrucción de Murcia por varios presuntos delitos en la gestión y desarrollo de esa desalinizadora cartagenera.

Por otro lado, indica que también se pudo producir un daño patrimonial a la hacienda regional con la contratación del procurador de los tribunales que intervino en los mismos pleitos que Arnaldos en representación de la desalinizadora y que cobró una minuta de 318.000 euros, ya que también se hizo sin acudir a la convocatoria pública para adjudicar el servicio a la oferta económicamente más ventajosa.

No obstante -añade-, en ese caso el contrato no puede ser revisado de oficio porque esos honorarios ya fueron abonados por la empresa al atender el requerimiento de un juzgado de primera instancia de Murcia.

Para este órgano consultivo, el contrato con el procurador no existe en el mundo jurídico, por lo que no cabe la revisión de oficio y ha de haber quedado consumado con el pago de los honorarios.

Sin embargo, el CJRM comenta que puede haberse producido un daño patrimonial al erario público "que ha de examinarse en función de lo que establecen la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Hacienda".

Comenta el dictamen que la documentación remitida por la consejería indica que el expediente que ahora se considera caducado en lo relativo a la contratación de Arnaldos fue incoado al considerar que esta fue nula de pleno derecho por haber prescindido absolutamente del procedimiento legal previsto.

Esa nulidad se consideraba que afectaba tanto a la contratación de este letrado para la dirección jurídica de Desaladora de Escombreras, de la que al mismo tiempo era administrador mancomunado, como a los encargos, "que debieron efectuarse verbalmente", para que la defendiera en las demandas planteadas contra ella en reclamaciones que sumaban varios millones de euros.

Durante la tramitación del expediente, Arnaldos defendió la legalidad de su contratación, que enmarcaba en un asesoramiento de su despacho que había comenzado en 2006.

También expuso que nunca planteó su retribución como problema y que la complejidad de los asuntos había aconsejado su continuidad en la asistencia jurídica por la experiencia acumulada.

El dictamen se hace eco igualmente del informe de la dirección de los servicios jurídicos de la administración regional que indica que se cuenta con dos actas de la sesión del consejo de administración de la desalinizadora el 31 de octubre de 2012 que difieren en cuanto a su contenido.

Mientras en una de ellas no se dice nada respecto a la defensa encargada a Arnaldos, en la otra se recoge que se le asignó que la defendiera en las dos demandas citadas.

Precisamente esa duplicidad de actas con contenido distinto es objeto de la investigación abierta en un juzgado de instrucción de Murcia tras la denuncia de la fiscalía por si se ha podido incurrir en un delito de falsedad y, en su caso, descubrir a los autores.

Esos indicios de una presunta falsificación de documentos públicos ya fueron recogidos por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma en su informe.