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Sánchez, a su llegada al Palacio de Justicia esta semana. Nacho García / AGM
El PP busca frenar la derogación del plazo máximo de instrucción del que se ha beneficiado Pedro Antonio Sánchez

El PP busca frenar la derogación del plazo máximo de instrucción del que se ha beneficiado Pedro Antonio Sánchez

El Congreso tramita desde hace casi 20 meses una reforma del PSOE que los populares quieren revocar para mantener los plazos de Catalá

EP

Murcia

Domingo, 23 de diciembre 2018, 15:09

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El PP quiere frenar en el Congreso la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ha promovido el PSOE para acabar con el plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales. Se trata de una modificación legal que la Cámara Baja tiene 'congelada' desde hace 19 meses, cuando acordó tramitar esta proposición de ley de los socialistas.

La reforma del referido artículo fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y precisamente gracias a ella el expresidente 'popular' de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido recientemente absuelto por el denominado 'caso Pasarelas'.

Tras la vista de cuestiones previas, paso anterior al inicio del juicio oral, la Audiencia Provincial decidió exculpar al expresidente regional, sin ni siquiera examinar las pruebas contra él, al considerar que el juez del caso sobrepasó el plazo máximo de instrucción de la causa sin que se consiguiera declarar esta en tiempo y forma como 'causa compleja', lo que hubiera permitido ampliar el periodo de investigación.

En mayo de 2017, el PSOE consiguió que el Pleno del Congreso aceptase tramitar una proposición de ley que únicamente planteaba derogar esa limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un único artículo, la iniciativa ha llegado a acumular 19 meses de prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas.

Otro debate en febrero, tras 19 meses de prórrogas

Pues bien, ahora los 'populares' han registrado una enmienda a la totalidad a esa propuesta de los socialistas con la que pretenden impedir la derogación de una reforma que, a su juicio, «ha sido beneficiosa para la justicia», según reza la iniciativa, que ha recogido Europa Press.

La reforma impulsada por el Gobierno de Rajoy estableció un plazo máximo de seis meses para la instrucción y determinó que, antes de que expire, el instructor podrá ampliarlo a 18 meses si, a instancias de la Fiscalía, declara «compleja» la investigación.

Los socialistas plantearon su propia ley porque si bien creen que es necesario fijar plazos máximos a la investigación penal para evitar «dilaciones indebidas», subrayan que, «aunque la Justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas las víctimas».

El fiscal no puede controlar el tiempo de investigación

Y es que consideran que el artículo en cuestión adolece de un «defecto de origen» al atribuir el control de la duración de la instrucción al Ministerio Fiscal, que no dirige la investigación, lo que «puede conllevar verdaderos espacios de impunidad».

Ciudadanos también planteó, al inicio de la legislatura, la derogación del citado artículo de la LeCrim en el marco de la Ley 'omnibús' contra la corrupción, una norma que lleva también meses paralizada.

En su enmienda de totalidad, con texto alternativo, el PP avisa de que sería una «gran irresponsabilidad» eliminar por completo los plazos en la instrucción. Eso sí, aunque defiende la reforma de la LeCrim impulsada por el otrora ministro de Justicia Rafael Catalá en 2015, asume que, después de un tiempo de aplicación de la norma, hay aspectos que pueden ser «clarificados y mejorados».

Mantiene los plazos pero da más margen

Así, el grupo que capitanea Pablo Casado insiste en mantener los plazos de instrucción de su reforma, aunque plantea considerar, junto al concepto de instrucción compleja, el de instrucción prorrogable por inacabada para contemplar otras causas objetivas distintas a la complejidad de la causa.

Una situación que se dará cuando se demuestre que las pericias o colaboraciones demandadas, por causas ajenas a la instrucción, no puedan recibirse a tiempo o por otra causa que afecte a la calidad de la prueba necesaria para la instrucción, cuya motivación deberá justificar el instructor.

Además, y para mejorar el procedimiento, el primer partido de la oposición plantea que el instructor estará obligado a comunicar a la Fiscalía, un mes antes de concluir los plazos, la finalización de los mismos para que informe o realice la solicitud que proceda antes de su resolución.

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