Los bienes (terrenales) de la Iglesia

Fachada de la Catedral de Murcia. /LV
Fachada de la Catedral de Murcia. / LV

El Gobierno estudia si el Obispado registró propiedades de dominio público entre las que se encuentran catedrales y santuarios

Antonio Botías
ANTONIO BOTÍAS

La Catedral de Murcia, hasta hace apenas cuatro años, no era propiedad de la Iglesia Católica. O, cuando menos, ningún obispo se había tomado la molestia, pequeña por otro lado, de incluir en el Registro de la Propiedad el primer templo de la diócesis. Eso sucedió el 15 de diciembre de 2014, tal y como consta en la correspondiente nota simple, casi siete siglos después de que se colocara la primera piedra del edificio.

La Catedral no es una excepción. La Iglesia ha inmatriculado -en la jerga administrativa significa registrar un bien por primera vez- miles de bienes durante el último siglo. Parroquias y ermitas, pisos y fincas, casas rectorales, cementerios y hasta plazas públicas engrosan la lista de las aproximadamente 3.000 propiedades que atesora el Obispado de Cartagena, según fuentes de la institución, y cuyo valor asciende a cientos de millones de euros. Solo en el Municipio de Murcia, como destacan desde el Ayuntamiento, la Diócesis tiene 479 propiedades libres de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) porque están dedicadas a funciones sociales. A ellas habría que sumarles también aquellas que no se destinen a ese fin.

Varios círculos de bronce con el emblema del Cabildo delimitan la parte de la plaza de Belluga -en la imagen sombreada- que es propiedad de la Catedral de Murcia.
Varios círculos de bronce con el emblema del Cabildo delimitan la parte de la plaza de Belluga -en la imagen sombreada- que es propiedad de la Catedral de Murcia. / Nacho García

Desde el Obispado, pese a la insistencia de este diario, rechazan aportar datos. Al parecer, los ficheros no están informatizados. Pero pronto tendrán que ponerlos al día tras el anuncio del Gobierno central de que estudiará los bienes inscritos a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad para determinar cuáles son de dominio público y, en su caso, proceder a su recuperación. Un comité de expertos, presidido por la ministra Carmen Calvo, ya ha concluido, por ejemplo, que la Mezquita de Córdoba fue de titularidad pública durante 12 siglos hasta que el Obispado la inmatriculó.

El Ejecutivo estima que otros 3.000 bienes fueron inscritos entre 1998 y 2015 de forma irregular pues, al ser públicos, su registro supuso una falsa inmatriculación. Entre ellos figuran las catedrales o los santuarios, como el de Caravaca de la Cruz o la Fuensanta.

Pero, ¿por qué entre 1998 y 2015? Para comprenderlo hay que remontarse a la Dictadura de Franco. La Ley Hipotecaria y su Reglamento, de 1946 y 1947, respectivamente, autorizaba a la Iglesia a registrar bienes sin necesidad de aportar un título de propiedad. Bastaba con esas certificaciones de los obispos. Pero la norma tenía un límite insalvable que el dictador impuso: no se podían registrar los templos destinados al culto, en la inteligencia de que pertenecían al pueblo. Durante aquella época, en la Región se realizaron algunas inmatriculaciones, aunque no fue hasta la década de los años sesenta cuando se multiplicaron. El encargado de esos menesteres era el recordado cura Juan, párroco de Santa María de Gracia, en la ciudad portuaria.

Portada del Santuario de la Fuensanta, en Murcia, recientemente inscrito.
Portada del Santuario de la Fuensanta, en Murcia, recientemente inscrito. / N. García

Fuentes del Obispado señalan que, tras aquel proceso, «ya apenas quedaban por registrar cuatro cosas». Esas «cuatro cosas» eran en realidad varias decenas, entre ellas edificios tan significativos como la Catedral de Murcia o el Santuario de la Fuensanta. La ley lo prohibía. Hasta 1998.

El veto franquista de inmatricular templos fue eliminado ese año por el Gobierno de José María Aznar. La reforma de la Ley Hipotecaria, como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), suprimió, «por inconstitucional, la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico...».

La inconstitucionalidad era cierta. Otras confesiones religiosas sí podían inmatricular templos, pero no la católica. Desde ese momento, la ley dio potestad a la Iglesia para actuar como una institución pública. Y entonces se produjo otra avalancha de registros. Este privilegio fue anulado por el Congreso de la Diputados en marzo de 2015. Hasta ahí extiende el Gobierno del PSOE sus pesquisas.

El Cabildo tiene un bar

Desde el Obispado restan trascendencia al asunto. «Aquí solo se han inscrito, del año 1998 en adelante, unas veinte o treinta propiedades», sostienen fuentes episcopales. Estas inscripciones, de las que no se pagaban impuestos de transmisión patrimonial, tampoco surtían efecto respecto de terceros hasta pasados dos años sin que nadie alegara. Y pocos alegaron, pues la Iglesia estaba exenta de darle publicidad a la inmatriculación mediante un edicto.

El ansia por inscribir, en comparación con otras Diócesis, no estuvo muy presente en la Región. De hecho, algunos bienes de no poca importancia se quedaron sin registrar antes de 2015. Entre ellos, el santuario de la Patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. Según la nota del registro, 'Fuensanta' y 'Espíritu Santo' son las fincas sobre las que se asienta el templo, la llamada Casa de los Canónigos y el Seminario de Verano, entre otras edificaciones como el popular bar 'Quitapesares' que, como el resto, es propiedad del «Cabildo de la Santa Iglesia Catedral». La extensión total supera los quinientos mil metros cuadrados.

La inscripción de estos edificios se produjo el pasado día 2 de julio. Y su escritura se realizó el 15 de enero de 2016. Los terrenos sobre los que se asientan pertenecen a la Diócesis desde agosto del año 1900, según otra escritura. Y no es el único bien que posee el Cabildo. Incluso disfruta de una parte de la mismísima plaza de Belluga, frente a la Catedral.

Capilla de las Angustias, en Yecla.
Capilla de las Angustias, en Yecla. / C. Ortín

La cuestión de los atrios de los templos, esos espacios que median entre su fachada y las calles adyacentes, casi siempre conformando una plaza, dará mucho que hablar en los próximos meses si prospera el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo, porque en más de un caso figuran a nombre de la Iglesia cuando, en realidad, eran de dominio público. El caso más evidente está en la plaza de Belluga donde la Diócesis escrituró a su nombre, como figura en el Registro de la Propiedad número 9 de Murcia, un espacio semicircular al salir de la Catedral, «hoy integrado (pero perfectamente identificado con placas de bronce colocadas a ras del pavimento)», según la nota simple.

Cada placa representa el emblema del Cabildo Catedral: un jarrón con azucenas. La Catedral, según la descripción que aportó la Diócesis en 2014 al registro, tiene un total de 4.596 metros cuadrados y es el «más emblemático edificio de la ciudad de Murcia». Por si aún quedara alguien que lo dudara.

En tres preguntas

¿Qué es la inmatriculación?
Procedimiento por el cual se inscriben bienes en el registro de la propiedad accediendo a condición de titular registral tal como pueden hacer las administraciones públicas.
¿Cuál es el origen de este procedimiento?
Un reglamento de 1947 permitió a los obispos registrar bienes con solo aportar un certificado de propiedad emitido por ellos. Quedaban excluidos los templos.
¿Desde cuándo la iglesia puede inmatricular templos?
En 1998 se reformó el Reglamento Hipotecario permitiendo la inscripción de los templos. En 2015, sin embargo, se reformó la Ley Hipotecaria eliminando esta posibilidad.

Al Obispado, sin duda, nunca le ha temblado el pulso para defender las plazas de su propiedad. Palmo a palmo. De hecho, ya denunció en el año 2000 a un vecino de El Puntal que había abierto un balcón sobre la plaza de la parroquia. El Obispado exigía su cierre y el juzgado le dio la razón. De nada sirvió que se demostrara que la plaza fue donada por un vecino, era de dominio público y hasta el Ayuntamiento de Murcia corría con los gastos de su mantenimiento.

La entrada al cementerio de La Alberca.
La entrada al cementerio de La Alberca. / J. Carrión

Acabar en los tribunales

Apenas un año después, en 2001, la Iglesia registró el templo de San Andrés, el más antiguo de Mazarrón, que encargaron construir los marqueses de Villena a principios del siglo XV. El edificio, desacralizado, venía utilizándose desde comienzos de los años ochenta como foro para actividades culturales. San Andrés era la primera iglesia de este municipio que el Obispado registraba. Hoy está abierto al culto.

La propiedad de la ermita de la Santa, Patrona de Totana, también llevó en 1997 a los tribunales al Ayuntamiento y a la Diócesis. El edificio incluso se encontraba incluido en el inventario de bienes municipales desde 1973. Sin embargo, tras un largo proceso, el juzgado de primera instancia número 2 de la localidad le dio la razón a la Iglesia. No es extraño, por otro lado, que sea la Diócesis la que solicite la donación de algún templo, como sucedió en 2011 con la ermita de Santa Rosalía, en Torre Pacheco, propiedad del Consistorio cuyos ediles, tras una votación en el Pleno, aprobaron donarla.

En otros casos, son los particulares quienes solicitan al Obispado que se quede con alguna propiedad. Eso ocurrió con la ermita de la urbanización Los Conejos, en Molina de Segura, que en 2011 pasó a manos de la Iglesia después de que esta institución hubiera suprimido la celebración de misas mientras no se aclarara a quién pertenecía el inmueble cedido por la familia de Carmina Salazar en 1981. No hubo acuerdo, en cambio, con la actual ermita de San José, en la diputación cartagenera del Lentiscar, una construcción del siglo XVIII que apenas aguanta en pie y que el Obispado rechazó registrar.

Capilla en ruinas de San José del Lentiscar.
Capilla en ruinas de San José del Lentiscar. / J. Carrión

Las inmatriculaciones se detuvieron tras la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015, que entró en vigor el 1 de noviembre. Desde entonces, ese derecho queda reservado solo a las administraciones públicas. De esta forma se perseguía evitar los problemas y encontronazos que suscitaban algunos registros. Y, de paso, establecer mayores garantías.

Uno de los últimos escándalos se produjo el año pasado al conocerse que el Obispado había inmatriculado a su nombre los once mil metros del cementerio de La Palma, en Cartagena. Lo hizo el 18 de diciembre de 2014 tras convencer a las familias con fosas y nichos, según denunció el partido político Cartagena Sí se puede, para que entregaran sus títulos de propiedad, «a cambio de simples títulos de derecho de enterramiento».

El proceso de inmatriculación tampoco ha estado exento de litigios entre religiosos. Eso sucedió hace ahora una década cuando la Orden Franciscana reclamó al Obispado la propiedad de la capilla de la Virgen de las Angustias, de Yecla, por considerar que fue la entidad religiosa la que la construyó en el siglo XVIII y la que se ha ocupado de su conservación.

Otra de las inmatriculaciones que causó una polémica fue la realizada en mayo de 2001, cuando el Obispado registró el cementerio de La Alberca y la Asociación de Vecinos interpuso dos demandas al considerar la infraestructura como un bien público. El camposanto de La Alberca es fruto de una cesión de la familia Ayllón al pueblo en 1902.

Santuario de La Santa, en Totana.
Santuario de La Santa, en Totana. / J. Carrión

«Ya eran nuestros»

Calcular el valor del patrimonio de la Iglesia en la Región sin riesgo a errar resulta imposible. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo y según el Catastro de 2016, poseía 2.419 edificios por valor de 618 millones. Pero es un dato solo orientativo, de registro. ¿Quién se atrevería a valorar el precio exacto de la Catedral de Murcia?

Fuentes de toda solvencia de la Diócesis advierten de que «no se han registrado bienes para convertirlos en propiedad del Obispado, sino que, precisamente, se registran porque ya lo son. Y, en muchos casos, desde hace siglos». La prueba de esta afirmación sería que hay propiedades que permanecen sin registrar «porque no son de la Diócesis».

Vecinos protestan ante la ermita de Los Conejos.
Vecinos protestan ante la ermita de Los Conejos. / L. V.

En la ciudad de Murcia, ese supuesto se da con valiosos bienes del Ayuntamiento, propietario, entre otros, de la parroquia de Fátima, la ermita del Pilar, en la calle del mismo nombre o el cementerio de Nuestro Padre Jesús, en Espinardo. En la misma lista se incluye el histórico monasterio de La Luz, que estos días se cae a pedazos pues el Obispado, que tiene a su cargo el edificio, se niega a abordar una restauración de urgencia. Alega que el inmueble es de propiedad municipal.

El Cristo del Castillo de Monteagudo, que el Obispado pretendió registrar.
El Cristo del Castillo de Monteagudo, que el Obispado pretendió registrar. / G. Carrión
De los cementerios a reclamar el Castillo de Monteagudo

El Obispado inició a comienzos de 2004 una campaña para reclamar la propiedad de los cementerios invocando el artículo 206 de la Ley Hipotecaria que establecía cómo las instituciones del Estado, si un terreno no tiene dueño, podían inscribirlo a su nombre, y si a los dos años nadie aportaba el título de propiedad, pasaba a la suya. La decisión de la Diócesis causó problemas en las pedanías murcianas de La Alberca y Baños y Mendigo, donde los vecinos protestaron. En la práctica, casi todos los cementerios eran (y son) parroquiales y su gestión depende de una junta que preside el párroco. Aunque muchos procedían de donaciones de particulares. Lo mismo sucedió con algún monumento. En 1999, el obispo Manuel Ureña reclamó a la Consejería de Cultura la propiedad del Castillo de Monteagudo. Alegaba que el monumento les fue cedido verbalmente por su última propietaria, la marquesa de Espinardo. Pero no aportó prueba alguna, por lo que la solicitud fue descartada. Incluido el Corazón de Jesús que lo corona.

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