El 80% de los ayuntamientos de la Región de Murcia, obligados a reducir la contaminación en 400 vertidos a ríos y acuíferos

La última modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico impulsó una mayor vigilancia sobre las redes de aguas pluviales y residuales en zonas urbanas y sobre los vertidos que terminan en cauces u otros espacios controlados por los organismos de cuenca. Ahora, los planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento serán la guía de cualquier ayuntamiento para abordar las deficiencias en sus canalizaciones si se desbordan. Una vez se pongan en marcha esta estrategia, los municipios deberán inspeccionar, mantener y renovar en profundidad las infraestructuras de control del agua.

Los municipios inventariados por la CHS y que tendrán la obligación de redactar estos planes son Alcantarilla, Cieza, Lorca, Molina de Segura, Murcia, Mazarrón, Los Alcázares, Las Torres de Cotillas, Archena, Ojós, Uléa, Ricote, Villanueva, Abanilla, Abarán, Blanca, Alguazas, Alhama de Murcia, Beniel, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Jumilla, La Unión, Lorquí, Moratalla, Mula, Puerto Lumbreras, Santomera, Totana y Yecla. Sus ayuntamientos son titulares de las autorizaciones de hasta 301 puntos de vertidos, pero otros 94 en Águilas, Cartagena y San Javier no cuentan con el permiso para posibles derrames.

Siete de los vertidos cuyo control corre a cargo del Ayuntamiento de Murcia, ubicados en Corvera y Sucina, están en la lista «por su especial incidencia» en la cuenca vertiente al Mar Menor. Otros 14 puntos de desbordamiento de las aguas residuales están localizados en la rambla del Albujón y los acuíferos del Campo de Cartagena y el Triásico de Los Victorias, ambos en riesgo de no alcanzar el buen estado. El inventario de la CHS recoge otros masas de agua como los ríos Segura, Guadalentín, Argos, Quípar, Chícamo o Mula que podrían contaminarse con aguas urbanas o industriales en caso de un colapso de los saneamientos.

Las ramblas Salada, del Judío, del Moro o las Moreras, junto con los acuíferos de las vegas del Segura, el Sinclinal de Calasparra, Sierra Espuña, Jumilla-Villena, Caravaca, Ascoy-Sopalmo o el de Águilas también están en la lista. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán tener preparado el plan antes del 20 de septiembre del 2026; mientras que los más pequeños tendrán un año más, hasta el 2027.

El desarrollo urbano ha limitado la capacidad de infiltración del agua de lluvia en el terreno, lo que deriva en la concentración de sólidos y otros contaminantes en las redes pluviales urbanas. Los primeros arrastres son los que más degradan. El Ministerio para la Transición Ecológica establece desde el años pasado que, para atajar ese problema, deben estar identificadas «las partes responsables e implicadas en la gestión de estos vertidos y la coordinación necesaria en el caso de que existan varios titulares de las infraestructuras, instalaciones o autorizaciones de vertidos, medida necesaria ante la amplia diversidad de implicados y su falta, a veces, de acuerdo entre ellos».

Los planes buscan evitar un conflicto competencial entre administraciones y un desvío de responsabilidades en aquellas entidades que gestionen las redes de abastecimiento y saneamiento. El nuevo control del Ministerio sobre los derrames por desbordamiento tiene en cuenta las «aglomeraciones urbanas» más que municipios y, aunque la mayoría de titulares de las autorizaciones de vertido son ayuntamientos, para algunos casos la responsabilidad es compartida entre varios consistorios por estar en una misma área geográfica con determinado número de habitantes.

Por ejemplo, los municipios del Valle de Ricote han sido incluidos, dentro del inventario, en una misma aglomeración urbana donde existen ocho zonas de vertido al río Segura. En estos casos, los planes deberán ser compartidos. El Ayuntamiento de Murcia es el que más controla: 129 autorizaciones, algunos compartidos con municipios limítrofes.