El Ayuntamiento de Murcia acusa de tres delitos a su exdirector de Urbanismo por el 'caso Casino'

Alberto Guerra. /EDU BOTELLA / AGM
Alberto Guerra. / EDU BOTELLA / AGM

Alberto Guerra afronta cargos por supuestos cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas, con elevadas penas de inhabilitación

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Un delito continuado de cohecho, otro delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios y un tercero de prevaricación son las acusaciones que dirige el Ayuntamiento de Murcia contra quien fue, durante años, el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra. Estos cargos están recogidos en el escrito de acusación que el Consistorio acaba de presentar por el 'caso Casino', una de las piezas principales que se desgajaron de la 'Operación Umbra' sobre supuesta corrupción en los servicios urbanísticos municipales.

Alberto Guerra, para quien tales imputaciones podrían suponer penas de inhabilitación especial de hasta once años y de suspensión de empleo por tres años, no es el único alto funcionario contra el que se dirige esta acusación particular, que también atribuye dos presuntos delitos a quien fue el jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver: cohecho, por el que se le piden tres años de suspensión de empleo, y negociaciones prohibidas, con una demanda de cuatro años de inhabilitación.

La tercera alta responsable municipal que es objeto de esta acusación es Isabel Fernández, esposa de Alberto Guerra y secretaria de la Oficina de Gobierno Local, para quien se solicita una suspensión de empleo por tres años y una pena de inhabilitación de cuatro años por presuntos delitos de cohecho continuado y negociaciones prohibidas.

Las diligencias investigan el presunto desvío de dos millones de las obras del histórico edificio, que sirvieron para pagar al intermediario Del Noce

Estas imputaciones tienen su origen en las presuntas relaciones societarias que los tres altos funcionarios municipales habrían mantenido con intermediarios y representantes de grandes promotoras, lo que les habría permitido lucrarse personalmente. Así, en el caso concreto de Isabel Fernández, quien estaba casada en gananciales con Alberto Guerra, habría sido socia del letrado Higinio Pérez, representante de la promotora Agrumexport. Ambos se habrían repartido casi tres millones de euros obtenidos de unos negocios urbanísticos en Ulea.

Igualmente, Isabel Fernández habría estado asociada con este abogado y con un intermediario de sociedades inmobiliarias, Renato del Noce, en la mercantil General Atlantic Business (GAB), que se dedicaba a adquirir terrenos forestales a bajo precio para luego adherirlos a planes parciales, con el fin de lograr una mayor edificación. Un negocio de muy elevados beneficios potenciales.

Por lo que respecta a Joaquín Peñalver, su esposa era socia a su vez de Renato del Noce en la mercantil Urbasa Mediterránea. Además, se habría beneficiado de los trabajos que las promotoras encargaban a un despacho urbanístico de su familia.

Al margen de la implicación concreta de los tres funcionarios de alto rango, estas diligencias se centran en el presunto desvío de dos millones de euros de los fondos municipales destinados a rehabilitar el histórico Casino de Murcia. El coste de estas obras fue asumido por un grupo de grandes promotoras, que aceptaron destinar unos diez millones de euros a la recuperación del inmueble a cambio de que el Ayuntamiento les otorgara mayor edificabilidad en unos terrenos de la zona norte del municipio.

Pues bien, aunque un primer proyecto establecía el coste de los trabajos en unos 7,8 millones de euros, esta cuantía habría sido inflada falsamente hasta los diez millones con el fin de que Renato del Noce, el intermediario entre los promotores, el Ayuntamiento y la presidencia del Casino, pudiera embolsarse algo más de dos millones (el 20% de todo el presupuesto) presuntamente en pago de sus gestiones.

Esa cuantía habría sido desviada fraudulentamente de los fondos entregados por las empresas inmobiliarias al Consistorio, lo cual explica que la acusación particular que representa al municipio de Murcia hable de «estafa y engaño». En concreto, señala que «los promotores representantes de la solicitud del convenio urbanístico acompañaron un presupuesto de rehabilitación del Casino irreal, abusivo e inflado (...) para introducir de forma oculta los honorarios de Renato del Noce, con el ánimo de engañar al Ayuntamiento».

Y añade que, de no haberse camuflado esos honorarios mediante supuestos engaños, el presupuesto nunca habría recibido el visto bueno.

Además de las penas solicitadas a los tres altos funcionarios, el Consistorio atribuye una presunta estafa a Renato del Noce, por la que le pide dos años de prisión; cohecho, tráfico de influencias y malversación a Higinio Pérez (con una petición de tres años); malversación a quien fue presidente de la Entidad Urbanística Casino (dos años), José Sánchez, y estafa y malversación a los promotores Juan Sabater y Alfonso Ramírez (tres años).