La Audiencia Nacional vuelve a procesar a Sánchez por el lavado de imagen en 'Púnica'

Pedro Antonio Sánchez /Marcial Guillén
Pedro Antonio Sánchez / Marcial Guillén

El juez García Castellón insiste en que contrató trabajos de mejora de su reputación que iban a ser pagados con fondos de la Consejería de Educación

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno regional, vuelve a estar formalmente procesado por el 'caso Púnica' de supuesta corrupción en las instituciones públicas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acaba de dictar un nuevo auto de procedimiento abreviado (PA) con el que corrige el lapsus en que incurrió meses atrás, cuando por error no incluyó al antiguo jefe del Ejecutivo autónomo entre la veintena de encausados que se encaminan hacia el juicio.

La semana pasada, tras un recurso de una de las acusaciones particulares en el que se le advertía de esa omisión involuntaria, el magistrado admitió el error y anunció un nuevo auto para subsanarlo, como 'La Verdad' desveló.

Ayer, las distintas partes del proceso recibieron la notificación de la nueva resolución, en la que el instructor del 'caso Púnica' sostiene que hay indicios suficientes como para atribuir formalmente a Pedro Antonio Sánchez los presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada. En concreto, García Castellón sostiene que Sánchez «tenía perfecta constancia y conocimiento de que Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso -dos de los principales acusados en la 'trama Púnica'- realizaban un plan de medios para la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para mejorar su imagen».

Entre los meses de junio a octubre de 2014, en un contexto en el que el entonces consejero de Educación pretendía aspirar a suceder a Valcárcel como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma -como así acabó ocurriendo-, habría decidido junto a su asesor, David Conesa, la contratación de trabajos de reputación personal con las empresas de De Pedro y Alonso, que presuntamente se iban a sufragar con cargo a unos fondos de «formación» de la citada Consejería de Educación.

El magistrado sostiene que la propia Pilar Barreiro, hoy senadora en el Grupo Mixto, se iba a beneficiar de tales acuerdos, ya que las labores de mejora de imagen que le afectaban personalmente iban a ser también incluidas en los pagos librados con cargo a esa partida pública. Pese a tal afirmación, lo cierto es que el juez García Castellón no tiene jurisdicción sobre la antigua alcaldesa cartagenera, ya que por su condición de senadora disfruta de un fuero especial ante el Supremo. De esta forma, todo lo que respecta a su actuación en este asunto está siendo investigado en el Alto Tribunal, donde el fiscal no aprecia indicios de delito y ha reclamado el sobreseimiento respecto de Barreiro.

Otro exconsejero

En el auto de PA dictado ahora de nuevo por la Audiencia Nacional está incluido otro exconsejero de los gobiernos de Valcárcel, el extitular de la cartera de Industria, Juan Carlos Ruiz, quien en 2014 también aspiraba a encabezar la lista popular a las elecciones autonómicas y que está igualmente acusado de contratar trabajos de mejora de su imagen con presunto cargo a las arcas públicas. El listado de imputados se completa con varios antiguos directores generales y asesores de Ruiz, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y los mencionados De Pedro y Alonso y un amplio grupo de trabajadores de sus empresas.

El juez pide a las partes que formulen acusación o, en su defecto, que pidan el archivo de la causa.

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