La Audiencia Nacional ordena registrar la sede de iDental en busca de más pruebas

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) intervinieron gran cantidad de documentación de carácter económico, con la que llenaron cajas que iban introduciendo en una furgoneta y en vehículos policiales camuflados. También fueron decomisados los ordenadores y sistemas de almacenamiento informático.

La Consejería de Salud fue requerida por la Audiencia Nacional para prestar colaboración en esta diligencia, lo que se tradujo en la presencia durante el registro del responsable del Servicio de Inspección de Centros, que ya participó en su día en la recogida de las historias médicas de los pacientes.

El cierre de las clínicas iDental privó a cientos de pacientes murcianos de la asistencia que contrataron, a pesar de que muchos ya adelantaron importantes cantidades de dinero. Una situación que se repitió en las 24 sedes de la compañía repartidas por toda España y que llevó finalmente a la Audiencia Nacional a asumir la investigación. Lo hizo por el «volumen extraordinario de la causa», la existencia «de miles o decenas de miles de perjudicados» y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

Según señalan las primeras investigaciones, tras el colapso de iDental en octubre de 2017 por las deudas contraídas con los proveedores y el impago de las nóminas de los trabajadores, el grupo Weston Hill Asset Management se hizo con el grupo por 25 millones. La empresa ofrecía servicios odontológicos a personas de ingresos medios o bajos utilizando, según los investigadores, técnicas muy agresivas de marketing y facilitando el acceso a financiación bancaria. Muchos de los tratamientos no llegaron a prestarse.