La Audiencia Provincial de Murcia devuelve al juzgado el caso de las obras del AVE para evitar la nulidad del juicio

La Audiencia confirmó en el mes de abril en un auto la tesis del juzgado de abrir juicio oral contra más de medio centenar de acusados de este presunto fraude. Entre ellos se encuentran constructores, exdirectivos de Adif, arquitectos, integrantes de empresas responsables del control de esas obras y antiguos directivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Sin embargo, al mismo tiempo la Audiencia estimaba tres de los recursos presentados por las defensas, lo que ha motivado la devolución de las actuaciones al juzgado «en su totalidad, para que proceda a dar traslado a las acusaciones personadas a fin de que las mismas perfilen sus respectivos escritos de acusación», según la providencia dictada por la Sección Tercera, presidida por el magistrado Juan del Olmo.

De esta manera, la instrucción del 'caso César' vuelve de nuevo a la fase intermedia de instrucción, lo que conllevará un nuevo retraso en la apertura del juicio oral contra los acusados. Pese a todo, la intención de los magistrados de la Audiencia es precisamente evitar una posible declaración de nulidad del juicio por las alegaciones presentadas por los abogados defensores, que esgrimían principalmente una falta de determinación en la imputación.

Las investigaciones sobre esta supuesta malversación de fondos públicos de enormes dimensiones, conocidas como 'caso César', se iniciaron en 2015, a raíz del descubrimiento de la supuesta facturación falsa de una empresa murciana, Obras Marimar, que estaba realizando la sustitución de las infraestructuras hídricas dañadas por el trazado del AVE entre Crevillente y Murcia, a través de la Vega Baja.

Las investigaciones de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, una vez comenzaron a tirar de ese hilo, desvelaron la aparente existencia de un entramado de corrupción de grandes dimensiones, en el que se habrían desviado grandes cantidades de dinero público con la presunta simulación de unas obras que no existían. En concreto, esa presunta malversación se habría producido en cuatro tramos situados entre la localidad alicantina de Crevillente y Murcia. Entre los acusados figuran algunos antiguos altos dirigentes de la compañía estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), como el antiguo director de la Línea de Alta Velocidad (LAV) del Levante, Santiago Cobo, y el exjefe de Infraestructuras, José Luis Martínez Pombo. También han sido llevados a juicio el exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, y el expresidente de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, Emiliano Riquelme.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular solicitan cientos de años de cárcel para los encausados por presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude, delitos fiscales, falsedad documental, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales e insolvencia punible.