La Audiencia da carpetazo a la causa del Segura después de dieciocho años

El fallo va acompañado de una censura explícita, en la que los jueces subrayan que el río se encontraba a finales del siglo pasado en un «estado lamentable» desde aguas arriba de Murcia hasta la desembocadura en Guardamar, con vertidos, malos olores, suciedad y mortandad de fauna. «Era algo más que evidente para cualquier persona que se acercara a su cauce», indica la sentencia, «con evidente afectación a la salubridad y a las condiciones sanitarias de la población y el medio natural». «Cierto es que en poco o nada se parece la situación del río a la que existía hace casi dos décadas, pero lo inaudito fue tener que llegar a este estado de desastre medioambiental -una cloaca a cielo abierto- y a la incoación de diversos procedimientos judiciales para proceder a revertir la situación».

Los magistrados Abdón Díaz, María Ángeles Galmés y Enrique Domínguez absolvieron ayer de los delitos contra el medio ambiente a los expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Antonio Nieto y Juan Cánovas; al excomisario de aguas José Alemán; al exalcalde de Alcantarilla Lázaro Mellado; al ex director gerente de Emuasa José Luis Hervás y al ingeniero Román Garrido. Asimismo, la CHS quedó libre de responsabilidad civil subsidiaria. El presidente del tribunal, Abdón Díaz, respondió el primer día a la queja de los abogados defensores por el retraso de la causa indicando que semejante dilación «supone un profundo fracaso para la justicia». En la segunda sesión, el fiscal y las acusaciones particulares retiraron los cargos contra Juan Cánovas y Román Garrido, por lo que todo apuntaba al actual desenlace. La defensa insistió además en que se trataba de un hecho juzgado, por cuanto hubo un fallo absolutorio anterior del año 2007 en la Audiencia de Elche por una denuncia similar.

Según la sentencia, «se desconoce» por qué no se remitieron a reparto los hechos que no tenían relación directa con la denuncia inicial y sobre los cuales la instructora -Carmen Mérida- no podía tener competencia alguna por quedar fuera de su jurisdicción, en concreto, por corresponder a los juzgados de Molina de Segura y Mula, informa Efe.

La causa tuvo su origen en el año 1999, cuando la entonces concejal de IU de Murcia Concepción Hernández presentó una denuncia. Después se sumó la Comisión Pro Río Segura de Orihuela. Inicialmente, la Fiscalía solicitó penas que oscilaban entre los tres meses y un año de prisión, multas e inhabilitaciones para ejercicio de cargo público.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia abrió diligencias y requirió documentación a Ecologistas en Acción. Asimismo ordenó al Seprona efectuar «una investigación exhaustiva sobre las personas físicas o jurídicas que realicen vertidos de aguas residuales, con las necesarias tomas de muestras para su análisis». Según el tribunal, se realizó una investigación prospectiva sobre vertidos «que excede con mucho de la denuncia inicial, no acotándose el ámbito subjetivo ni territorial».

La Audiencia añade que la investigación afectó a varios partidos judiciales, y que no se concretó qué clase de vertidos se produjeron y en qué lugares dentro del amplio ámbito de la CHS. Los magistrados examinaron la alegación de las defensas de que podían encontrarse ante una «inquisición general», lo cual provocaría la nulidad del procedimiento.