La Audiencia aplaza el juicio de la 'trama Consejerías' tras 15 años de investigación

La decisión de la Audiencia de abrir la puerta al aplazamiento de esta causa se fundamenta en el hecho de que la 'pieza Consejerías' comparte con el 'caso Biblioteca' el nombre de algunos de sus investigados y los supuestos delitos que encara. El tribunal entiende que la posible pena que se derive de la 'trama Consejerías' podría ya estar incluida en la que se les imponga en el juicio de la pieza principal –al apreciarse en este un delito de prevaricación continuado–, de ahí que sea necesario que se juzgue previamente el 'caso Biblioteca'. Los acusados tendrían, en todo caso, que hacer frente a responsabilidades civiles derivadas de cada caso.

El abogado Evaristo Llanos, que representa los intereses de Domingo Peñalver, uno de los hombres clave de la trama –el arrepentido que tiró de la manta–, ya ha presentado un escrito ante la Audiencia reclamando que se produzca esa postergación de la vista de Consejerías. Esta parte sugiere, asimismo, que se señale en un mismo día y sesiones consecutivas para una posible conformidad de ambos procedimientos.

La redada que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegaron, en el otoño de 2008, en el Ayuntamiento de Librilla supuso un auténtico maremoto que, sin embargo, 17 años después no ha dado todavía ningún fruto. El análisis de la información incautada en el Consistorio y en las sedes de las empresas supuestamente implicadas en la trama de corrupción, entre las que destaca Acadi, derivó en una causa principal –el 'caso Biblioteca', que investiga la supuesta adjudicación ilegal de contratos públicos desde el Consistorio de Librilla y que está pendiente de juicio.

El escrito de calificación redactado por el fiscal hace ya más de un lustro reclama penas globales de casi 74 años de prisión para los presuntos integrantes de esa presunta red delictiva. Ya en ese momento el Ministerio Público avanzaba que las peticiones de condena no eran mucho más elevadas debido a las dilaciones indebidas muy relevantes que se apreciaban en la instrucción de esa causa y que derivaba en una sustancial rebaja a las potenciales penas de prisión.

Los peor parados en ese escrito son el exalcalde José García Martínez y el antiguo teniente de alcalde Pedro Martínez Muñoz, con demandas de cárcel de diez años y medio en cada caso; un agente de Desarrollo Local de Librilla, José Andrés Cortés Otálora, para quien el fiscal pide nueve años y nueve meses; el arquitecto municipal José Luis Martínez López (nueve años); y el experto en urbanismo y ex asesor jurídico de ese consistorio, Cesáreo Gil de Pareja (ocho años).

Esos registros ya lejanos derivaron, además, en la apertura de otras tres piezas separadas: el 'caso Líber' -que indaga hechos similares en Aledo y también aguarda una fecha para la vista–; el 'caso Roblecillo' –al que se le dio carpetazo al no hallarse indicios de prevaricación– y la citada 'trama Consejerías'.

El juicio a esta supuesta red, que logró embolsarse 1,4 millones de euros entre los años 2003 y 2007 mediante contratos menores y otros negociados sin publicidad, deberá aguardar ahora en el cajón a que se consiga señalar el caso principal. Ya en 2022 la Fiscalía puso sobre la mesa un escrito de acusación en este caso que reconocía el importante retraso sufrido por esta causa y que aplicaba la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualificada, lo que implica una fuerte reducción de las peticiones de pena. En lugar de las varias decenas de años de prisión que se podrían haber reclamado contra alguno de los encausados, las solicitudes se quedaban limitadas al mínimo posible y abrían una clara vía a alcanzar una sentencia de conformidad con las defensas. El Ministerio Público reclama tres años y cuatro meses, casi cinco años de inhabilitación y una multa de 1,2 millones para Domingo Peñalver; otras condenas de casi cuatro años de cárcel y 33 meses de inhabilitación a Francisco Javier Conejo, administrador de Asotec Ingenieros, y un año de prisión y once meses de inhabilitación al exjefe de la Consejería de Sanidad Gabriel Carrión.

Teniendo en cuenta que los últimos datos apuntan a que la Audiencia ya maneja la agenda de 2029, no es difícil atisbar un juicio tardío y con unas penas finalmente muy deslavazadas.