Francia juzga a los dueños de la empresa murciana Terra Fecundis por un presunto fraude millonario
Los directivos afrontan delitos que pueden suponer hasta 21 años de prisión y multa de 115 millones de euros
Alicia Negre y AFP
Lunes, 17 de mayo 2021, 16:44
Los tres directivos de la empresa murciana de trabajo temporal Terra Fecundis se sientan esta semana en el banquillo de un tribunal de la ciudad francesa de Marsella para responder por un presunto fraude masivo. La firma, según sostiene la Fiscalía en su escrito inicial de acusación, está acusada de desplazar de forma irregular a este país a miles de trabajadores y de haber defraudado millones en cotizaciones sociales.
La cúpula de esta firma afronta tres presuntos delitos: fraude a la Seguridad Social, vulneración del derecho de los trabajadores y realización de actividad empresarial sin autorización. Una acusación que, en caso de transfomarse en condena, en Francia puede llegar a estar penada con hasta 21 años de prisión, según precisaron fuentes cercanas al caso. La Fiscalía gala reclama, además, que la firma abone hasta 115 millones de euros -más recargo- por las cotizaciones a la Seguridad Social que supuestamente no hizo efectivas a lo largo de estos años.
«Se trata del caso más importante de fraude a la Seguridad Social que se haya juzgado hasta la fecha en Francia» explicó Jean-Victor Borel, abogado del organismo que recauda las cotizaciones sociales de patronos y trabajadores (Urssaf). La celebración de la vista despertó protestas en Marsella y el despliegue de numerosos carteles críticos con la actividad de la ETT murciana.
Mano de obra barata
Esta ETT, afincada en Murcia, lleva años desplazando a miles de trabajadores -principalmente ecuatorianos- a la vendimia francesa. La fiscalía francesa especializada en delitos fiscales y financieros que investigó el caso considera que Terra Fecundis debió registrarse en el país vecino y cumplir con la legislación laboral que éste marca.
En lugar de ello, los tres dirigentes españoles de la empresa -los hermanos Juan José L.P. y Francisco A. L.P. y Celedonio P. C.-, supuestamente se valieron de la legislación europea sobre el trabajo extraterritorial, que permite a empresas enviar a su personal a otro país europeo para misiones temporales.
Para poder hacerlo, la empresa en cuestión debe tener su sede y actividad principal en su país de origen, en este caso España. El Ministerio Público sostiene, sin embargo, que Terra Fecundis obtenía el 80% de su volumen de contratación en Francia. En este sentido, el organismo destaca que más de 180 empresas galas usan los servicios de Terra Fecundis y que los trabajadores agrícolas operaban únicamente en Francia y por periodos muy largos, a veces equivalentes a casi un año.
«Se trata del caso más importante de fraude a la Seguridad Social que se haya juzgado hasta la fecha en Francia», afirma el abogado estatal
El fiscal considera que la ETT llevó a cabo un «vasto fraude» utilizando el territorio español «solo para hacer transitar a numerosos nacionales de terceros estados a la UE y desplazarlos después a Francia». La decisión de conservar la sede en España, sostiene, «tenía por objeto eludir el pago de cotizaciones sociales y fiscales relativas a la implantación de un establecimiento en Francia y proponer una mano de obra a un costo menor que la que podría ser ofrecida por una empresa de trabajo temporal francesa». La vista está previsto que se prolongue, al menos, hasta el jueves.
La compañía descartó pronunciarse sobre la causa por respeto al procedimiento en curso, pero remarcó que cumple con la legislación aplicable. «La compañía ha facilitado y facilitará toda la información que la justicia francesa le solicite», precisó: «Terra Fecundis ha actuado siempre conforme al derecho internacional, español y francés».
«Contaba con la autorización de España para el traslado»
La empresa, en el transcurso de la vista, sostendrá que los desplazamientos de los trabajadores fueron legales, autorizados por la inspección de trabajo y al amparo de las directivas europeas de traslado de trabajadores. Así lo explica el abogado Sergio Marco, que representa a uno de los directivos procesados y que se encuentra estos días en Marsella compañado de la letrada Katarzyna Wasowicz. «El país de destino, en este caso Francia, no puede sancionar a una empresa que traslada trabajadores con la autorización del país de origen, en este caso España», remarca.
Marco destacó, además, que Terra Fecundis pagó en ese periodo en España hasta 80 millones de euros en cotizaciones por sus trabajadores. Un importe que, afirma, la justicia gala no ha tenido en cuenta.
