Aplazan dos años el primer gran juicio por vertidos al Mar Menor

A pesar de las demoras, que reflejan la saturación de asuntos en los juzgados y tribunales en la Comunidad, la Fiscalía y Greenpeace confiaban en que este otoño hubiera un impulso con el enjuiciamiento de varios asuntos. Entre ellos estaba el primero señalado por la Audiencia, que se ocupa de las diligencias que implican peticiones de pena superiores a los 5 años de prisión.

Sin embargo, el Ministerio Público y la organización ecologista –que ejerce la acusación en varias causas–, se ha topado en los últimos días con la suspensión de esa vista en la Audiencia y de otra prevista en un órgano de Lo Penal. Y, debido a la saturación de las agendas, la primera vista se ha retrasado casi dos años, hasta septiembre de 2027; y la segunda cinco meses, hasta abril de 2026.

Las dos han sido aplazadas por el mismo motivo: dar más tiempo a los abogados de las defensas, previa petición suya, para que estudien sendos informes periciales de daños ambientales realizados por la Comunidad Autónoma. Los dictámenes fueron presentados por la Administración regional entre dos y siete meses antes de las vistas, pero los juzgados los entregaron a las partes con pocos días de antelación.

Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía a LA VERDAD. Y admitieron el riesgo de que las eventuales penas sean rebajadas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Detallaron que hasta el 22 y el 23 de septiembre de 2027 no se celebrará en la sección quinta de la Audiencia, en la ciudad portuaria, un juicio que debía haberse solventado el 6 y el 8 de octubre pasados. El fiscal pide siete años de prisión para cada uno de los dos administradores de las mercantiles, por unos derrames que causaron o pudieron causar una alteración del equilibrio de los sistemas naturales.

Los procesados afrontan también una solicitud de multa de unos 9.000 euros y una indemnización de 500.000 euros. Les acusan de haber desalado de forma irregular, entre 2015 y 2020, «como mínimo 638.538 metros cúbicos de agua subterránea», lo que causó «un vertido de rechazo de 159.634 metros cúbicos». La Comunidad Autónoma reclama el pago de 276.566,91 euros.

Por su parte, el Juzgado de Lo Penal 1 de Cartagena ha aplazado al 21 y el 23 de abril de 2026 la vista señalada para ayer y mañana. La Fiscalía reclama al gerente de una sociedad tres años y 6 meses de prisión, unos 4.000 euros de multa y 128.067,18 euros de responsabilidad civil (subsidiaria en el caso de la compañía).

«La defensa impugnó la pericial de la Comunidad y quiere presentar una contrapericial», indicaron en el Ministerio Público. La Administración regional reclama 76.700 euros para «recuperar, en lo posible, el daño ocasionado a la laguna», y el coste de las «actuaciones urgentes que se pusieron en marcha en los momentos críticos puntuales de mortandades masivas de organismos» (peces, crustáceos y flora), en 2016.

Tras sendos acuerdos de conformidad con la Fiscalía, el gerente de una mercantil de La Puebla (Cartagena) aceptó en septiembre de 2024 un año de prisión, una multa de 1.500 euros y una indemnización de 17.252,08 euros; y en septiembre de este año, el titular de una compañía de Torre Pacheco asumió un año, una sanción de 2.100 euros y una indemnización de 116.062,56 euros.

La Audiencia aún debe poner fecha al macrojuicio, en Murcia, a los titulares, administradores y encargados de 37 sociedades; y a la vista contra el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente Antonio Cerdá y el ex comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer, acusados de prevaricación por permitir durante años vertidos que, según expone la Fiscalía, tuvieron consecuencias «catastróficas» e incluso «irreversibles»