ANSE denuncia «irregularidades en la evaluación ambiental de la macrocentral fotovoltaica Carril 400 en Puerto Lumbreras y Lorca»

La Asociación de Naturalistas del Sureste denunció «graves irregularidades en la evaluación ambiental de la macrocentral fotovoltaica Carril 400 en Puerto Lumbreras y Lorca», una vez se conoció por el Boletín Oficial del Estado del pasado día 3 de agosto la Resolución del 20 de julio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto 'Instalación fotovoltaica Carril de 507 MWp y 400 MWn', situado en el término municipal de Lorca.

Anse ya remitió en su día «extensas alegaciones al proyecto de esta megaplanta fotovoltáica de más de 500 hectáreas prevista entre la Sierra de Enmedio y el Cabezo de la Jara en el término municipal de Puerto Lumbreras». El proyecto conlleva además la construcción de casi 20 km de un nuevo tendido eléctrico, mayoritariamente por el término municipal de Lorca.

La asociación consideró que «la transición ecológica a través de medidas de ahorro, del desarrollo de energías renovables y de la descarbonización de la actividad económica son objetivos irrenunciables, pero estos no pueden alcanzarse mediante la ocupación de territorios valiosos y necesarios para la conservación de la biodiversidad. Por esta razón, resulta imprescindible una planificación de este tipo de energía y someter a una Evaluación Ambiental Estratégica la implantación de la energía fotovoltaica en la Región de Murcia».

Anse denunció, en primer lugar, que «resulta inaudito que la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, que firma la citada Resolución, no tuviese en cuenta los informes de la Comunidad Autónoma en materia de paisaje, montes y biodiversidad».

«En efecto, el Servicio de Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, en un segundo informe, indicó que algunas de las cuestiones quedaban sin resolver, como una definición gráfica de las zonas desde las que es visible la actuación teniendo en cuenta los posibles obstáculos y los principales puntos de observación, un análisis de las características relevantes de la actuación por su incidencia en el paisajeo o un mayor grado de detalle en las medidas que afecten al paisaje (pantallas vegetales y edificios manteniendo la arquitectura tradicional y medidas correctoras oportunas para reducir el impacto visual sobre aquellas viviendas que quedarán rodeadas por los recintos de las instalaciones)», explicó Anse.

Ante estas objeciones, el Ministerio «dio por buenas las justificaciones del promotor contra las mismas y el proyecto se aprobará con incumplimiento del artículo 47 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM)».

El propio Ministerio reconoció además que «esta macroplanta supondrá la roturación de más de 300.000 metros cuadrados de superficie forestal». A pesar de que, según la DIA, el informe de la Subdirección General de Política Forestal y Caza y Pesca Fluvial de la CARM señaló que «la implantación no podrá afectar a superficies forestales por su papel en el funcionamiento global de los ecosistemas antrópicos».

La Ley de Montes en su artículo 40 establece que «el cambio del uso forestal de un monte, cuando no venga motivado por razones de interés general, tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable del órgano forestal competente». Según Anse, se trata de «condiciones que el Ministerio de Medio Ambiente no ha respetado, ya que como admite la propia DIA, dicho órgano forestal autonómico ha informado expresamente en contra de que la implantación de paneles fotovoltaicos afecte a superficies forestales».

El informe de la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la CARM, advirtió que «las instalaciones más cercanas se encuentran a 22m del LIC de Sierra de Enmedio, que forma parte de la Red Natura 2000, además de que no descarta que los resultados de los seguimientos de fauna puedan conllevar una tendencia negativa».

Tras realizar una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 negativa, Anse señaló que, «con anterioridad al inicio de la ejecución del proyecto, el Ministerio deberá comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias que han sido incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)».

Por otra parte, en una decisión que Anse calificó de «escandalosa», la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio «no solicitó informe a la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina». Además, la asociación añadió que «los naturalistas temen que esta omisión sea deliberada y pretenda evitar un informe crítico con el proyecto de dicho departamento, del que además depende precisamente la coordinación de las medidas compensatorias sobre la Red Natura 2000 antes aludidas».

«Otras omisiones inverosímiles son las relativas a los informes aportados por el sector agrícola y por la Dirección General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, así como las alegaciones realizadas por esta misma Asociación, sobre las cuales la DIA firmada por la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental no realiza absolutamente ninguna valoración», aseguró Anse.

La asociación expresó que «todos los actores que han participado en la evaluación ambiental tienen derecho a que sus argumentos sean como mínimo evaluados y no absolutamente ignorados, dando total preferencia y valor a los argumentos del promotor incluso contra el criterio –como en el caso del paisaje- de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma».

«La DIA ignora absolutamente los efectos acumulativos y sinérgicos con otros proyectos, tales como los nuevos regadíos derivados del trasvase del Negratín (en evaluación ambiental en el mismo Ministerio), la expansión de otros regadíos en el entorno o la ampliación del tercer carril de la Autovía del Mediterráneo, incumpliendo así la Ley 21/2013 de evaluación ambiental», afirmó Anse.

Anse «asiste con grave preocupación a la priorización de los proyectos energéticos renovables sobre la conservación de la biodiversidad por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que supone un peligroso antecedente. Al igual que defienden otras organizaciones y plataformas, las energías renovables (y las medidas de ahorro) son esenciales para afrontar la emergencia, pero este masivo despliegue renovable no puede ser incompatible con la protección de la naturaleza ni puede conllevar la inaplicación del marco legal: apelamos a la responsabilidad de promotores y administraciones para evitar que los proyectos renovables generen –como es el caso de Carril 400- impactos severos y críticos sobre la biodiversidad, y en particular sobre la Red Natura 2000».

«Los principales impactos de la planta fotovoltaica derivan de la ocupación de terrenos de escaso valor económico, pero de gran importancia ambiental, así como de la construcción de un extenso tendido eléctrico que recorrerá el valle del Guadalentín. Precisamente, la extraordinaria longitud del tendido evidencia que la ubicación ha sido seleccionada buscando terrenos de bajo precio», aseguró Anse.

En concreto, su ejecución supondrá, tal y como reconoce el propio Esia, «la pérdida y artificialización de extensas áreas de campeo de aves rapaces protegidas (águila real, búho real y águila perdicera), cuya mortalidad, además, se va a ver incrementada por el riesgo de colisión con el tendido eléctrico. Otras especies singulares existentes en la zona son el alcaraván, el cuervo, el halcón peregrino o la carraca, también se verán afectadas por la pérdida de calidad de los territorios. Mención especial requiere la presencia en la zona de proyecto de alzacola rojizo, especie catalogada como Vulnerable a nivel estatal y que ha sufrido un grave declive en la Región de Murcia (ya se encuentra virtualmente extinguida en la vecina Comunidad Valenciana). Se trata de una pequeña ave muy amenaza que cuenta, actualmente, con poco más de 50 territorios controlados en la Región de Murcia y que precisa de zonas agrícolas de elevada calidad ambiental».

Otro aspecto de máxima preocupación ambiental es «la afección a una zona de extraordinaria importancia para la tortuga mora, ya que la zona de proyecto supone el único punto de conexión (corredor) entre las poblaciones del norte con las del sur del Valle del Guadalentín». Además, la ejecución de la instalación «afectará a parcelas con poblaciones confirmadas de tortuga mora», según un estudio de la Universidad Miguel Hernández. Por esta razón, Anse consideró que la ubicación era «la peor que fuera posible imaginar». La planta se ubica colindante a una colonia de murciélago patudo, único quiróptero catalogado En Peligro de Extinción en España. Por todo lo anterior, la asociación aseguró que «resulta fuera de toda lógica que el propio MITECORD apruebe un proyecto que afectará de forma negativa a diversas especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas».

Anse ya solicitó que «se desestime el proyecto y se adopten medidas para garantizar la conservación y funcionalidad a largo plazo de los espacios valiosos, ya sean agrícolas o de piedemonte, que son claves para el sostenimiento de la biodiversidad y la coherencia de la Red Natura 2000. Desgraciadamente la DIA se limita a proponer una medidas absolutamente insuficientes para evitar, corregir o compensar los impactos ambientales».

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