Dos años como prófugo... y sumando

Evedasto Lifante, en marzo de 2016. / Fran Manzanera / AGM
Evedasto Lifante, en marzo de 2016. / Fran Manzanera / AGM

El juez dicta una orden internacional de búsqueda contra Evedasto Lifante, el antiguo empresario de éxito huido para evitar 5 años de prisión por fraude fiscal

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Evedasto Lifante desapareció no cuando iba a comprar tabaco, sino cuando se marchó en busca de cinco millones de euros. Dos años se cumplen ya sin que haya trascendido noticia alguna sobre el paradero de este antiguo empresario de éxito, aunque es verdad que conseguir cinco millones de euros resulta 'a priori' bastante más complicado -por mucho Evedasto que sea uno- que adquirir una cajetilla de cigarrillos. El caso es que, a estas alturas, ya nadie espera que vaya a hacer acto de presencia por voluntad propia, y mucho menos portando tal morterada de dinero; razón por la cual el titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Murcia, Antonio Alcázar, que es a quien formalmente le hizo el feo con su 'mutis por el foro', ha dictado recientemente una orden internacional de busca y captura que no se la salta una traílla de galgos.

El precoz industrial del sector de los áridos y expedáneo de Barinas (Abanilla) por el PP, hombre familiar y hogareño y apreciado por sus vecinos donde los haya, se esfumó a lo Houdini en los primeros días de febrero de 2017, cuando resultaba evidente que el citado magistrado no iba a concederle la gracia de la suspensión de una condena de cinco años de prisión -en realidad, una pena de dos años y seis meses y otra de dos años y nueve meses-, que le fue impuesta por dos delitos de fraude fiscal.

La sentencia estableció que Evedasto Lifante y su empresa Yacimientos del Mediterráneo SL eludieron en los años 2005 y 2006 el pago a Hacienda de casi 1,9 millones de euros. En concreto, 700.007 euros en el primer ejercicio y 1.186.068 en el segundo, en ambos casos por no haber realizado las autoliquidaciones por el Impuesto de Sociedades (IS). Estos fraudes fiscales tenían su origen en las operaciones de compraventa que Lifante efectuó en torno a una zona de monte situada en el partido de La Zarza, en el término de Abanilla, con una superficie de 259 hectáreas, que oculta unas envidiables reservas de mármol.

El letrado Pérez Abad cree que acabará entregándose porque debe echar de menos su tierra y su familia La añoranza

Las fuerzas de seguridad tienen la corazonada de que siempre se ha ocultado en su finca de Barinas Las sospechas

Una opción es arriesgar a permanecer ilocalizado durante cinco años, hasta que la condena prescriba El reto

Como consecuencia de esos impagos al fisco, el juez le impuso las mencionadas penas de cárcel y el pago de una multa de tres millones de euros y de una indemnización de 1.886.076 euros. En total, algo más de cinco años de talego y algo menos de cinco millones de euros.

Cuando la Audiencia Provincial ratificó la sentencia y esta adquirió carácter de firmeza, el abogado de Lifante, Fidel Pérez Abad, consciente de que el futuro de su cliente se tornaba sombrío, reclamó del magistrado Alcázar que suspendiera el ingreso en prisión mientras tramitaba una petición de indulto. Confiaba en que le otorgara tal gracia a Evedasto y en que este, que a su vez estaba convencido de que podía vender a buen precio al menos una parte de la cantera, consiguiera los cinco millones necesarios para cubrir la parte económica de la condena. Algo que, pensaron, podría pesar en su favor a la hora de que el Gobierno de la Nación analizara la concesión del indulto, aunque solo fuera parcial.

Pero las cuentas de la vieja dejaron de cuadrarles en el momento en que el magistrado vino a señalar que la petición de indulto bien podía hacerla mientras su cliente cumplía condena, aunque -eso sí- cuando ordenó el ingreso inmediato en prisión, Lifante ya se había esfumado. Al modo de los antiguos indianos, que dejaban las tierras que les vieron nacer para amasar riqueza en ignotos mundos, dejó dicho a su letrado que retornaría cuando hubiera conseguido esos cinco millones con los que ajustar las cuentas con Hacienda y con la Justicia.

Algo más que riesgo de fuga

Con su cliente convertido oficialmente en un prófugo de la Justicia, el abogado Pérez Abad ha seguido durante estos dos años haciendo su trabajo, aún con la convicción de que estas concretas iniciativas jurídicas tienen menos futuro que un ratón en el terrario de una pitón hambrienta. Porque a ver cómo se convence a un magistrado, por muy buen fondo que este tenga y por mucho esfuerzo y empeño que un abogado le pueda poner a un recurso de reforma, de que tenga un gesto de buena voluntad con el mismo señor que ya lo ha dejado plantado y sin reo.

Huelga decir que el juez Antonio Alcázar debió de tomar la decisión más fácil y rápida de su prolongada carrera profesional cuando, meses atrás, rechazó una nueva petición de suspensión de la pena, con el irrefutable argumento de que existía, no ya riesgo de fuga de Evedasto Lifante, sino la absoluta certeza de que se está fugado y bien fugado. Es verdad que está pendiente de resolver un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero nadie debería apostar un céntimo a que vaya a ser precisamente en esta ocasión cuando le enmiende la plana al magistrado de lo Penal 6 de Murcia.

Por lo que respecta a la petición de indulto que se presentó hace ya casi dos años, coincidiendo prácticamente con la fuga de Evedasto Lifante, el Gobierno de la Nación todavía no ha dicho esta boca es mía y es de imaginar que, tal como está la situación política actual, la suerte del expedáneo de Barinas figure en estos momentos entre sus más remotas preocupaciones.

Por si no lo tenía bastante oscuro, el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región informaba a 'La Verdad' de que el magistrado Alcázar dictó el pasado noviembre una orden internacional de busca y captura, en previsión de que Lifante pueda haber abandonado España y este refugiado en cualquier otro país.

«Yo no sé dónde está», sostiene el abogado Pérez Abad, quien no puede evitar sonreír cuando el periodista le reprocha en broma que si lo supiera tampoco se lo diría. Admite que en alguna contada ocasión, a lo largo de todos estos meses, ha tenido alguna noticia de su cliente por medio de sus familiares, «aunque cada vez se espacian más los contactos». Hasta donde sabe, todos los esfuerzos que pueda haber realizado el empresario de Barinas para vender la cantera, y obtener así el dinero con el que afrontar la multa y la indemnización fijadas en sentencia, han sido en vano. «Lo normal es que la finca acabe saliendo a subasta», sentencia.

Con un punto de pesadumbre en su voz, el abogado considera que, en un primer momento, frente al Juzgado de lo Penal número 6 y cuando él todavía no había asumido la defensa de Lifante, «quizás habría sido posible demostrar que no existió tal fraude y que había invertido realmente el dinero en la cantera. Luego, ya con una primera sentencia condenatoria, no hubo opción».

Acabará entregándose... o no

«Yo creo que, antes o después, acabará entregándose. Es un hombre muy vinculado a su tierra y a su familia y estoy convencido de que, donde quiera que esté, lo debe estar pasando mal», reflexiona el letrado. Eso, siempre y cuando no se encuentre en su propia residencia de Barinas, una finca de cerca de 3.000 metros cuadrados cercada por vallas inexpugnables y dotadas con sofisticados sistemas de videovigilancia, en la que cualquier persona podría pasar una larguísima temporada sin echar demasiado de menos la libertad.

De hecho, esta posibilidad ha figurado siempre entre las principales hipótesis de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Región, que si no han irrumpido ya por las bravas en esa propiedad es «porque se necesita algo más que una corazonada para echar una puerta abajo», admite un mando a preguntas de este periódico.

El principal riesgo de permanecer huido es que en cualquier momento puede ser arrestado, fruto o no de la casualidad, «lo que supondría empezar a cumplir condena desde cero. Porque si hubiera entrado en prisión hace dos años, posiblemente ahora ya estaría disfrutando de permisos», admite Pérez Abad con resignación. Al otro lado de la balanza, en forma de premio gordo, está la opción de arriesgar, permanecer escondido y tratar de seguir ilocalizado hasta que hayan transcurrido cinco años y la condena esté prescrita. Una propuesta quizás demasiado sugerente, visto cómo se ha complicado esta historia, como para no intentarlo.