El informe policial sobre el Puerto de Cartagena confirma el supuesto amaño de contratos

Los agentes de la comisaría de Cartagena, tras buscar en los ordenadores pruebas sobre presunta corrupción en la adjudicación de contratos y empleos de alta dirección a personas y empresas afines a los expresidentes Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla y al Partido Popular entre los años 2014 y 2021, constatan que hubo una serie de contratos -algunos de ellos, incluso, millonarios- que se fragmentaron para poder adjudicarlos sin concurso. Es el caso, por ejemplo, del contrato PET15-0156 de consultoría financiera para la innovación y mejora de la competitividad dentro del sector y del contrato PET16-0203 de desarrollo de una contabilidad analítica y de un presupuesto sobre inversiones e impuesto de sociedades. El informe policial revela que no se ha encontrado, en el cribado de los archivos, ninguna memoria elaborada por la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sobre este contrato y que, a juicio de los investigadores, estos dos contratos forman parte de un único servicio pero que «fragmentado en dos posibilitó la libre adjudicación».

Sostienen, asimismo, que algunas empresas ya habían sido elegidas previamente al procedimiento de adjudicación de algunos de esos contratos, elaborando alguna de ellas incluso los pliegos del concurso. Es el caso de la licitación de la oficina de proyectos de digitalización que se adjudicó a la empresa Sopra Steria por 1,2 millones de euros. La Policía ha encontrado pruebas de que esta mercantil formó parte del procedimiento desde su concepción, siendo ésta incluso la que redactó el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de condiciones administrativas. Concretamente la persona que aparece en los metadatos como autor de estos documentos es Francesc C., consultor de la mercantil e investigado en la causa, que más tarde, tras la adjudicación, fue nombrado director de la oficina. Este profesional también figura como autor de una presentación de PowerPoint que la propia APC utilizó para plantear este proyecto. «Se constata», remarca la Policía, «que Sopra Steria elabora los pliegos y es la que resulta adjudicada por la APC».

Los agentes de la comisaría de Cartagena también revelan, en su informe dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, la «información privilegiada» de la que, supuestamente, dispuso la empresa molinense Iniciatel para adjudicarse un contrato de suministro de portátiles a la APC. Esta firma remitió al parecer hasta tres ofertas para hacerse con la adjudicación, un comportamiento que los agentes achacan al hecho de que la empresa conocía las ofertas de las otras empresas y ello le permitió acabar ofreciendo una ligeramente inferior -en 3,44 euros- a la mejor oferta inicial, que era la del Corte Inglés.

El cribado de este ingente volumen de datos, cercano a medio terabyte (unos 500 gigabytes), revela, asimismo, según sostiene la Policía, la «influencia decisiva» que Muñoz tuvo en la contratación de Borja Fernández-Pacheco, exjefe de Explotación del Puerto y hermano del exalcalde de Almería y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y portavoz de la Junta de Andalucía, el popular Ramón Fernández-Pacheco. La Policía despliega ante la juez los diversos correos que la expresidenta de la APC Yolanda Muñoz envió al entonces director de la administración Fermín Rol en los que le manifestaba «su interés por controlar la contratación del puesto de jefe de explotación». En uno de ellos Muñoz solicitaba que se incluyese en los requisitos de máster o posgrado que éste fuese en ámbito ferroviario. Esta, especifican los agentes, era una exigencia que no se venía realizando en anteriores convocatorias y que solo el candidato Fernández-Pacheco tenía. Los agentes detallan otro 'mail' de la investigada en el que subraya que «no buscamos a alguien experto en puertos, sino alguien con actitud y capacidad para llegar a ser de máximo rendimiento para el interés general de todos».