Un alto funcionario se desvincula del despacho al que pagaba un promotor

García Calvo, que es sospechoso de favorecer con su firma el proyecto de un gran promotor urbanístico ilicitano, Ramón Salvador Águeda, a la vez que el despacho Incotec recibía importantes ingresos por parte del empresario, aseguró que cuando entró a trabajar en el Ayuntamiento quiso vender sus acciones de esta firma y que los demás socios se negaron a comprárselas. «Entonces me recomendaron vendérselas a mi mujer, con la que tenía separación de bienes», aclaró.

Según la versión facilitada ayer ante la magistrada instructora, desde ese momento se desvinculó de la actividad del despacho de ingeniería e, incluso, en el año 2006 remitió un burofax a esa firma para que no le volvieran a mencionar en proyecto alguno. «Desde que vendí mis acciones no tengo relación empresarial con ellos», sostuvo.

Pese a ello, dijo saber que su esposa no recibía retribuciones por parte de Incotec, pero que sí era consciente de que se repartían beneficios, «aunque la mayoría se quedaban en la empresa».

Finalmente, aclaró, hacia el año 2009 su mujer también se desprendió de las acciones, razón por la cual habría recibido 200.000 euros del despacho. «Aunque no lo sé concretamente, porque se hizo a través de un abogado», aclaró.

Las diligencias que se tramitan en ese juzgado tratan de determinar si el promotor ilicitano Ramón Salvador realizó pagos de grandes sumas a la firma Incotec, como uno de 333.755 euros en el año 2006, otro de 7.888 euros en 2007, y uno más de 185.600 en 2008, por parte de la firma Broncho Promociones a cambio de un supuesto trato de favor de este y otros funcionarios municipales. En concreto, en compensación por haber recepcionado definitivamente las obras de la urbanización United Golf Resort La Tercia, que se dio por terminada de forma satisfactoria pese a presentar graves deficiencias.

García Calvo, aunque admitió que había informado personalmente sobre la obtención de la licencia de primera ocupación de ese resort, advirtió de que sus competencias no incluían el control del suministro de electricidad. Y es que uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los compradores de viviendas de esa urbanización es que solo existía una línea provisional y que la solución definitiva, que implicaba construir una conexión de nueve kilómetros hasta una subestación, no se había ejecutado. Una circunstancia que condenó durante años a los propietarios de casas a vivir prácticamente privados de luz eléctrica.

El antiguo alto funcionario municipal señaló que la supervisión de esa cuestión concreta correspondía al también imputado Juan Pedro Collado, quien hoy ejerce como jefe municipales de Infraestructuras.

La instructora no adoptó medida cautelar alguna contra ese ingeniero municipal.