Cruce de denuncias entre PP y PSOE de Alhama de Murcia

El Partido Popular de Alhama de Murcia, a través de la concejal Miriam Díaz, denunció el pasado mes de noviembre a la concejal socialista Rosa Sánchez por los presuntos delitos de «prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos».

La denuncia se fundamenta, según fuentes del PP, en que «la edil socialista estaría trabajando desde septiembre de 2023 en una empresa que presta servicios en el Ayuntamiento desde la etapa de gobierno del PSOE, lo que les daba a entender que «se estaría aprovechando de su cargo público». Los populares anunciaron que la Fiscalía había admitido a trámite la denuncia, encontrándose «a la espera de la posible apertura de diligencias». Díaz asegura que la denuncia del PP contra la edil socialista «no responde a intereses políticos, solo es una cuestión de ética y transparencia de la gestión municipal».

Por su parte, Rosa Sánchez comparecía este lunes para anunciar que había presentado una querella contra la portavoz del PP, Miriam Díaz, desmintiendo categóricamente esas acusaciones. «No he realizado ninguna gestión como edil del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ni formando parte del equipo de Gobierno ni ahora en la oposición, de la que me haya beneficiado personalmente. Todo lo que he hecho ha sido conforme a ley», apuntó. Y subrayó que los delitos de los que la acusan son «un auténtico disparate».

Sánchez argumentó que en la pasada legislatura ni siquiera formaba parte de las mesas de contratación ni de la Junta de Gobierno Local. «La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local es muy clara al respecto» remarcó. La edil socialista quiso dejar claro que los populares están inmersos en una «campaña de desprestigio hacia quienes no piensan como ellos, sin importarles el daño personal y de imagen que causan con estas acusaciones falsas, tanto a la persona a la que van dirigidas como a su entorno».

Tras estas declaraciones, Miriam Díaz, compareció para asegurar que esta última maniobra del PSOE está montada «para desviar la atención con intimidación e intento de silenciar las voces critica» recordando que su obligación como edil es la de «esclarecer estos hechos».

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