Alertan de que la falta de personal en las cárceles de la Región dispara los conflictos

Comisiones Obreras denuncia que en los centros penitenciarios de la Región hay 106 puestos de trabajo sin cubrir y que la falta de personal es «crónica». Esta situación, advierte el sindicato, «obliga a hacinar a la población reclusa, aumentando los conflictos entre internos y con el personal penitenciario».

La organización pone el énfasis especialmente en la situación de la cárcel de Campos del Río. Remarca que diez años después de su apertura, «Instituciones Penitenciarias ha sido incapaz de dotarla del personal necesario para que funcione al 100% de su capacidad». Actualmente, subraya, permanecen cerrados cuatro módulos residenciales por falta de efectivos y dos más sólo están operativos, de forma provisional, para las cuarentenas por Covid.

De esta manera, incide el sindicato, los 1.050 internos tienen que distribuirse en el resto del espacio. «La convivencia forzada de diferentes perfiles de internos, el hacinamiento y la falta de asistencia sanitaria generan problemas a diario entre los propios internos y con el personal penitenciario que trabaja con ellos», destaca. Comisiones Obreras remarca que este centro es uno de los que cuentan con más internos conflictivos y peligrosos. «El departamento de aislamiento siempre está al completo, lo que eleva aún más la penosidad de las condiciones laborales», explica.

Con estos datos en la mano, Comisiones vuelve a exigir la «urgente» redistribución de las cargas de trabajo. Reclama una reducción del número actual de internos en la Región y la cobertura de las vacantes existentes.

El sindicato aborda, además, la situación de la sanidad penitenciaria «donde se están tomando medidas para precarizar sus condiciones laborales y abrir paso a su privatización». Comisiones achaca a ese motivo el hecho de que exista un solo médico en la prisión de Campos del Río para atender al más de un millar de reos. «Los internos también se quejan de la falta de asistencia sanitaria y algunos de ellos presionan para salir al hospital y amenazan a los profesionales, sin que Instituciones Penitenciarias resuelva el problema», destaca.

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