La oposición insta en dos plenos al PP a derogar los recortes de 2011

El Partido Popular se ha quedado solo en los plenos de febrero y marzo en los que la oposición en bloque ha sacado adelante dos mociones para que la plantilla municipal recupere los derechos laborales perdidos la pasada legislatura. Las dos mociones tienen en común el Pleno del 29 de septiembre de 2011 y un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En la citada sesión plenaria, el equipo de Lázaro Mellado, asediado por la deuda municipal, aprobó un plan de viabilidad económica con recortes a los gastos de personal y medidas que afectaban a la jornada laboral. CC OO planteó un contencioso, pero el TSJ lo desestimó con dos matices de calado. Uno, que «se retomaría la aplicación de los acuerdos suspendidos», y otro, que los recortes que afectaban al acuerdo marco de la plantilla se mantendrían durante la vigencia del citado plan.

Por ello, la oposición aprobó en febrero una moción que recordaba al equipo del alcalde, Joaquín Buendía, que «el pasado 29 de septiembre de 2015, expiró el plazo máximo de duración de cuatro años afirmado en sede judicial». Al tiempo que reprochaba al PP que interpretaba el fallo «como una supresión» de los derechos laborales, en vez de hacerlo como «una suspensión temporal».

Los populares se abstuvieron en la votación y el Pleno aprobó la «restitución» de las condiciones perdidas. Pasado un mes, en el Pleno de marzo, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y la edil no adscrita han vuelto a darle un toque de atención a los populares aprobando una moción que les insta a aprobar un plan de viabilidad que «permita el inmediato cumplimiento del acuerdo aprobado el Pleno de febrero, sobre restitución de derechos laborales».

Hacienda no tiene margen

La edil de Hacienda, Raquel de la Paz, aseguró que «se pretende devolver los derechos, pero a medida que la situación económica nos lo vaya permitiendo». La edil defendió que «tenemos buena voluntad», pero añadió que el capítulo de gastos de personal para 2016 ofrece «poco margen» y el PP votó en contra.

El portavoz del PSOE, Gabriel Esturillo, señaló que el plan de viabilidad daría «seguridad jurídica» a los sindicatos y fijaría plazos para hacer los pagos a la plantilla. La pelota está en el tejado popular.